En una atmósfera marcada por el deja vu la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció un nuevo desembarco de fuerzas federales para contener esta inédita crisis de seguridad pública por estos días desbocada en una escalada de violencia atribuida a organizaciones narcocriminales que reclaman contra las medidas restrictivas implementadas por el gobierno de Maximiliano Pullaro para con los denominados presos de “alto perfil”. En una ciudad paralizada por el terror causado por los asesinatos de cuatro trabajadores de servicios —el último autoadjudicado por una supuesta unión de presos— la ministra confirmó la llegada de unos 450 efectivos federales y el despliegue de operativos de saturación en zonas de alto riesgo, adelantó que pedirá a la Justicia que habilite el uso de la ley antiterrorista que contempla una pena doble para “toda acción que busque amedrentar a la población” y anticipó el envío al Congreso de un proyecto de “ley antibandas”.
En una suerte de actualización del Plan Bandera lanzado el pasado 2 de enero, las novedades fueron anunciadas el lunes a la mañana en una conferencia de prensa en la sede rosarina de la Gobernación. Además de Bullrich y Pullaro, participaron el intendente Pablo Javkin, la vicegobernadora Gisela Scaglia, la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA) María Cecilia Vranicich, el ministro de Seguridad santafesino Pablo Cococcioni y el ministro de Defensa de la Nación Luis Petri.
Antes de regresar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) la ministra de Seguridad hizo una pausa en el camino y se detuvo en una estación de servicio ubicada junto al peaje de General Lagos, en la autopista a Buenos Aires, para saludar a los efectivos de las fuerzas federales que comenzaban a llegar a Rosario.
Excepcionales
Como suele suceder, el enésimo desembarco de fuerzas federales en Rosario tiene otra vez un contexto de conmoción con algún rebote político a nivel nacional. Si bien los hechos aberrantes suelen ser disparadores, como lo fue la vez anterior el asesinato del niño Máximo Jerez en el asentamiento Los Pumitas de Empalme Graneros, en esta ocasión la gravedad de la situación se extendió a la mente de casi todos los rosarinos que no saben cómo seguir adelante con la vida cotidiana en esta nueva lógica criminal. Los primeros casos, del año pasado, habían comenzado a encender esas alarmas de miedo, pero esta seguidilla de cuatro asesinatos en cinco días de hombres que estaban trabajando —dos taxistas, un colectivero y un playero de estación de servicio— deja en claro lo que hasta el momento asoma como única certeza en esta perversa historia: nadie parece estar exento de ser la próxima víctima.
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Sobre la llegada de los 450 efectivos de diversas fuerzas federales Bullrich sostuvo que el “es el número para comenzar” y prefirió detallar sus ideas para aplicar en la ciudad. “Va a haber un trabajo con grupos muy especializados de investigación porque no es solamente tener presencia, es saber dónde y cómo golpeamos, a quién buscamos y qué instrumentos jurídicos vamos a tener para lograr rápidamente allanar a partir de la información que tengamos”, explicó con miras a “un nuevo diseño más fuerte y más a fondo que va a llevar al acorralamiento de todos y cada uno de los miembros de estas bandas”.
En ese sentido Petri sostuvo que en virtud de atribuciones que establece la ley de seguridad interior “en las próximas 24 horas llegará personal de las Fuerzas Armadas así como vehículos, transporte, ingenieros, logística, comunicaciones para auxiliar y cooperar tanto con las fuerzas de seguridad nacionales como las provinciales”. Un aporte similar al de hace un año, cuando a partir de la crisis suscitada con el crimen de Máximo en Los Pumitas, el Ejército recaló en ese y otros barrios para trabajar en tareas de urbanización e infraestructura.
Bullrich prometió enfatizar en “sacar la armas de la ciudad” y “trabajar contra el lavado de dinero”. En cuanto a las operaciones de saturación adelantó que se sumarán entre dos y cuatro zonas de alto riesgo a aquellas en las que ya se está trabajando y sostuvo que serán más intensivos entre las 17 y las 7 para proteger la noche.
El plan de la ministra incluye pedir a la Justicia “medidas excepcionales a la altura del desafío que tenemos para trabajar contra los narcocriminales terroristas” y el envío de un proyecto de ley antibandas “para perseguir penalmente de nueva manera al crimen organizado”. Al respecto puso como ejemplos el código penal antimafia de Italia, el trabajo realizado en Estados Unidos luego de los atentados de 2001 y también las medidas de Nayib Bukele contra las maras en El Salvador, planes que han en general sido fuente de controversia.
“Queremos que cada integrante de una organización tenga la misma calificación por ser parte de la banda", precisó y abogó por el apoyo de diputados y senadores nacionales porque “estas leyes van a ser el cambio real que nos va a permitir tomar al conjunto de bandas y no uno por uno. Hay que terminar con el hormiguero y no agarrar hormiga por hormiga, porque así no ganamos nunca", planteó.
Reacciones
La ministra de Seguridad de Milei sugirió que la actual escalada de violencia tiene que ver con su labor iniciada en Rosario, tanto en las calles como en las cárceles. “Esta situación nos trajo una retaliación, una forma de intentar sacarnos del camino de achicarles el negocio narcocriminal y comenzaron con acciones narcoterroristas”, dijo Bullrich antes de finalizar con consignas de compromiso y trabajo para “volver a la normalidad”.
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En una sintonía similar se manifestó Pullaro, aunque antes expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas de los ataques. El gobernador vinculó directamente los atentados con el endurecimiento de las condiciones de detención que afecta a los líderes de las bandas narcocriminales presos. “Los detuvimos adelante de sus hijos, detuvimos a sus familias, subastamos sus bienes, secuestramos su dinero y en ningún momento habían tenido una reacción de estas características", enumeró y justificó: “Ahora sí reaccionaron porque se les estaba terminando su negocio, el que conducían o conducen desde las unidades penales de Santa Fe y del Servicio Penitenciario Federal".
“Eso desespera a los violentos que no tienen ningún amor por la vida ni la sociedad, perder el control de sus organizaciones por no tener un contacto con el afuera, por las medidas que se tomaron y que se van a seguir sosteniendo en la provincia y a nivel federal también", agregó antes de entrar en el terreno de las advertencias hacia “quienes se animaron a cruzar esta línea y terminaron con la vida de inocentes y trabajadores: vamos a dar con cada uno de ellos y van a pasar toda su vida pudriéndose en la cárcel. Van a tener pena de prisión perpetua”, les prometió el gobernador.
“Vamos a trabajar fuertemente para recuperar la paz y la normalidad. Sepan que hay una decisión y una determinación inquebrantable de terminar con las mafias en la provincia”, adelantó, para recordar que hay una recompensa de 10 millones de pesos para quien aporte “datos certeros y permita saber quiénes fueron todos los que planificaron y todos quienes ejecutaron estos hechos”.
Deja vu
“Parece marzo de 2020”, reflexionaba la empleada de un comercio de calle Rioja y España recordando los comienzos del aislamiento por la pandemia de coronavirus. Es que mientras los funcionarios realizaban sus anuncios la ciudad se mostraba semidesierta habida cuenta de que ayer no hubo clases ni transporte. Todo eso tuvo su lógico correlato en la escasa actividad comercial en el centro, pero en este caso no estaba fundada en reclamos laborales sino en el miedo.
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En ese sentido los gremios docentes decidían cómo iban a continuar las clases a partir de este martes, lo mismo con las entidades que nuclean a taxistas, colectiveros y playeros quienes, en principio, decidieron continuar con los paros nocturnos en el horario de 22 a 6. También, como en anteriores desembarcos de fuerzas federales, los medios porteños enviaron sus emisarios para montar, en algunos casos, sus circos de consternación amarilla.
En ese marco de miedo imperante por la tarde Pullaro se reunió en la sede de la Bolsa de Comercio con la denominada Multisectorial por la Paz conformada por diversas organizaciones de la ciudad en representación de “la gente buena que quiere vivir en paz”. A la reunión asistieron, además del gobernador, la vice y el intendente, funcionarios y legisladores municipales y provinciales, así como medio centenar de dirigentes de dichas entidades.
“Nunca jamás se nos habló con tanta franqueza y sinceridad respecto de lo que está pasando y hacia dónde vamos, y particularmente, nunca percibí tanta firmeza, la decisión de avanzar como se está avanzando hoy, para que en esta ciudad y en esta provincia, podamos volver a vivir en paz”, dijo el rector de la UNR Franco Bartolacci.
“El dolor nos cruza a todos pero quiero transmitirles a todos la seguridad que hay un gobernador que se está haciendo cargo, que está al frente de la situación”, dijo a su turno Scaglia, y agregó: “Acá no hay que ceder ni retroceder, porque si lo hacemos perdemos una batalla que es también de todos los argentinos de bien”.
Por su parte, el titular de la Bolsa de Comercio, Miguel Simioni, se refirió a la multisectorial como “una red de trabajo donde está representada la sociedad rosarina” y afirmó: “Queda muy claro que fuera de la ley están los delincuentes y del otro lado están las personas que quieren vivir en paz, en libertad y en trabajo”.
Con las cartas sobre la mesa, y un nuevo compromiso de las autoridades de turno para terminar con una problemática que trasciende gestiones que hasta ahora no dieron pie con bola, Rosario se apresta a enfrentar una nueva crisis de seguridad pública que, como suele suceder, es mucho peor y más complicada que la anterior.
