Con críticas a la investigación y al tratamiento que tuvo el caso en los medios de comunicación y en el ámbito político y judicial, las defensas de los cuatro acusados por la muerte de Carlos “Bocacha” Orellano pidieron la absolución e inmediata libertad de sus representados en la última jornada de alegatos del juicio. Los abogados de los patovicas Emiliano Oscar López y Claudio Fabián Maidana sostuvieron que no se produjeron en el debate pruebas que vinculen a sus asistidos con la trágica muerte del joven ahogado en el Paraná en febrero de 2020. Y los defensores de los policías Karina Laura Gómez y su pareja Gabriel Julio Nicolossi dijeron que se demostró que “no hubo delito”.
“Hubo una exhaustiva investigación que no logró un solo elemento de prueba serio que vincule a los imputados con la muerte de Carlos Orellano. No hay nada que permita sostener que Emiliano Oscar López y Claudio Fabián Maidana participaran del homicidio por el cual están acusados”, señaló Jorge Bedouret, defensor de los custodios junto a Bárbara Reynoso y Pablo Bedouret. “Lo único probado en este juicio es que Carlos Orellano cayó al río, murió ahogado, no tiene lesiones. No existió violencia institucional, protocolo de encubrimiento ni pacto de silencio sino que fuimos testigos del armado de una causa socialmente, mediáticamente y políticamente”, expresó a su turno Antonela Travesaro, abogada de los policías junto con Rodrigo Mazzuchini.
La jornada culminó con declaraciones de la familia de la víctima que, a pedido de la querella, se realizaron a puertas cerradas. La semana próxima el tribunal conformado por los jueces Mariano Aliau, Aldo Bilbao Benítez y José Luis Suárez dará a conocer su veredicto.
En un alegato de seis horas realizado el miércoles, el fiscal Patricio Saldutti desarrolló su teoría respecto de lo ocurrido con el joven de 23 años aquella madrugada de febrero de 2020 en torno al boliche Ming River de La Fluvial. Planteó que al ser golpeado por los acusados junto a una baranda, Bocacha no tuvo más opción que tirarse al agua, y dijo que el personal de seguridad recién avisó de la caída 40 minutos después: “Al instante siguiente de que Orellano cayó al río sellaron un pacto de silencio”, manifestó.
En ese marco, el fiscal reiteró el pedido de penas de 17 a 19 años de prisión para los cuatro acusados por homicidio simple con dolo eventual, es decir que se representaron la posibilidad de la muerte del muchacho. También refirió un acuerdo de los acusados para encubrir un caso con indicadores de violencia institucional. En ese marco siguió una línea cronológica en la que estableció tres secuencias violentas en las cuales Orellano fue golpeado por los acusados.
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“No decimos que lo tiraron, mucho menos que lo mataron a golpes, sino que todas las lesiones fueron producidas en forma conjunta por López, Maidana, Gómez y Nicolossi y fueron el motivo por el que Orellano se arrojó al agua. Era su único escape posible”, concluyó Saldutti. Ese fue uno de los planteos que las defensas atacaron ayer: “Acá no hubo tres secuencias violentas sino relatos contradictorios acomodados para armar un supuesto delito que nunca sucedió”, señaló Travesaro. “Ante la falta de coincidencia entre testigos ayer (en su alegato de cierre) el fiscal multiplicó las escenas de violencia”, acotó Jorge Bedouret.
Sin rastros en el cuerpo
El primer alegato fue formulado por las defensas de los patovicas. “En este juicio no se produjo ni un solo elemento que vincule de manera indubitable a Maidana y López con la triste y fatídica muerte de Orellano”, sostuvo Bedouret; y agregó que lo ocurrido aquella madrugada quedó claro con las declaraciones de sus defendidos, custodios de Ming River que antes de ser imputados declararon como testigos.
En ese sentido objetó cómo la investigación fue tomando un rumbo que a su entender no tenía que ver con lo ocurrido y sostuvo que ningún testimonio de los citados mostraba a sus defendidos agrediendo a Bocacha. Incluso, citaron declaraciones que indicaban que los policías y custodios les decían que se calmara, o vieron cómo el muchacho se iba solo hacia el río. “Se habla de tres escenas de gran magnitud de violencia de la que no quedaron rastros en el cuerpo. Sin motivo, porque nunca se estableció el móvil, estas personas fueron tres veces a buscarlo luego de que Orellano se les escapara”, dijo Bedouret, para quien “lo único que abunda es la duda: no coincide ninguna versión con la otra, no queda claro qué pasó, si se cayó o si se tiró, si estaba con la camisa, qué hacía allí, por qué tomó esa determinación, no está claro siquiera el horario del hecho. No es posible llegar al estado de certidumbre que les permita dictar una sentencia condenatoria en este mar de dudas”.
Además de atacar la teoría de las secuencias, la defensa de los custodios del boliche citó testigos que indicaron que cuando Bocacha cayó o se tiró al río ambos estaban en el interior del boliche. Y valoró que la participación de éstos en el incidente estuvo orientada a ayudar.
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En ese sentido remarcaron que la relación que entablaron los patovicas con el chico se orientó a tranquilizarlo porque “estaba alterado”. Y apoyaron esa visión con datos que luego se harían públicos pero que ellos habrían declarado antes: que Carlos conocía el río, que sabía nadar bien, que iba a la isla, cuestiones que, según afirmaron, el mismo joven les contaba mientras ellos querían que se alejara del río.
“López y Maidana declararon tres veces antes de este juicio, en tres años distintos, y sus dichos no tienen fisuras ni contradicciones como alegó el fiscal. Y eso es porque hablaron con la verdad”, dijo Reynoso. “Estas personas son inocentes y no hay nada que demuestre lo contrario. No hay nada que sostenga que pudieron querer matarlo. Y si la acusación es por dolo eventual, faltan dos elementos fundamentales del dolo: el conocimiento y la voluntad”, apuntó Bedouret al pedir la absolución de los custodios.
Inexistencia de delito
A su turno la defensa de los policías presentó su alegato en cinco partes para exponer su teoría sobre la “inexistencia de delito”. Primero repasó el proceso que derivó en las imputaciones contra los cuatro acusados, remarcó la labor realizada por el padre de Bocacha para que la muerte fuera investigada profundamente. Definió a Edgardo Orellano como una “persona admirable” que “tomó el asunto entre sus manos”, se reunió con diputados y logró que hasta se formara una comisión de seguimiento del caso. “Su participación fue loable en cierto modo, pero poco recomendable en términos de criminalística” aseguró al apuntar contra la acción de la querella que encabeza Salvador Vera y la aparición de “teorías médicas alocadas” y una “construcción social mediática y política que generó una culpabilidad de algo que jamás sucedió. Se trató de traducir esta muerte dolorosa en una acción judicial, pero en esto no podrán encontrar esa reparación que están buscando porque no hay delito”.
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Luego de explayarse sobre lo que entendieron como “el armado de la causa”, Travesaro y Mazzuchini desarrollaron su alegato con el “análisis de la prueba que acredita la inexistencia de delito” —básicamente testimonios y resultados periciales— y objetaron la “prueba pretensamente incriminante que trajo el fiscal, que no puede generar certeza para condenar”.
También realizaron un “análisis dogmático de las calificaciones” y se refirieron a la “situación personal y de salud mental” de sus defendidos, una pareja de policías con un hijo de 5 años que a su entender también colaboraron con la situación “hasta que quedó en manos de Prefectura Naval, a quien corresponde la jurisdicción en el lugar donde ocurrieron los hechos”.
