Dos policías de la provincia y dos ex empleados de seguridad del boliche Ming River House irán a juicio por la muerte de Carlos “Bocacha” Orellano, de 23 años, ocurrida la madrugada del 24 de febrero de 2020 después de que lo echaran al joven de ese local bailable. Este jueves se llevó a cabo la audiencia preliminar en la que el fiscal del caso, Patricio Saldutti, solicitó llegar a juicio con un pedido de pena de 19 años de prisión para los funcionarios y 17 años de prisión para los patovicas. Están acusados de homicidio simple con dolo eventual en grado de coautores. A los dos policías, que son pareja y esa noche hacían tareas adicionales, también se les endilga los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y falsedad ideológica. El juez Nicolás Foppiani confirmó la elevación a juicio, pero habrá cuarto intermedio hasta el 5 de agosto, día en que se definirá si los acusados llegarán al debate detenidos o libres.
Durante la madrugada del 24 de febrero de 2020 la zona del boliche Ming River House, que estaba ubicado en el complejo La Fluvial, tuvo un movimiento constante de personas. Además de los jóvenes que habían salido a bailar, de los empleados de los distintos boliches del complejo, había por la zona agentes de Prefectura, pescadores y hombres en situación de calle. Muchos de ellos vieron o escucharon algo acerca de un muchacho que había caído a las aguas del río Paraná.
Tras más de dos años de investigación, este jueves el fiscal Patricio Saldutti consideró tener las pruebas suficientes para elevar la causa a un debate oral y público donde se conocerá la circunstancia de la muerte de “Bocacha”, que tiene a cuatro personas sindicadas como responsables. Son los dos policías de la provincia Gabriel Nicolossi, de 39 años, y Karina Gómez, de 42; y los patovicas Emiliano López, de 31 años, y Fabián Maidana, de 53, que eran encargados de la seguridad del boliche al que había entrado la víctima.
La hipótesis a la que llegó el fiscal Saldutti de cara al juicio es que entre las 4.30 y las 5 del 24 de febrero de 2020, luego de que Orellano fuera retirado del boliche, los imputados lo golpearon arrinconándolo contra la baranda que da al río Paraná y no le dejaron más opción que arrojarse al agua como única vía de escape de una fuerte agresión. Esa secuencia se dio cerca del muelle 3, cuando los agresores rodearon a Orellano y según la acusación “se aprovecharon de su superioridad física y numérica”. “Lo golpearon y determinaron con su accionar que Orellano salte la baranda de protección y caiga a las aguas del río Paraná, circunstancia que le provocó la muerte”, indicó el fiscal. El cadáver del joven apareció en el río dos días después.
Para ser más gráfico Saldutti describió que en ese sector de la barranca el río Paraná “es una trampa mortal”. “Lo tenemos que ver similar a un precipicio. Lo que hicieron los imputados fue obligar a Orellano a saltar al vacío, a saltar desde un precipicio”, agregó. “Los cuatro imputados en todo momento mantuvieron dominio del hecho, representaron la posibilidad de que el joven caiga al agua, aún así continuaron con su conducta aceptando la producción del resultado muerte”, describió el fiscal en relación al delito de homicidio simple con dolo eventual por el que están acusados los cuatro.
A ese relato de los hechos, con el correr del tiempo se sumaron evidencias científicas. El estudio histopatológico realizado por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que el cadáver de Orellano tenía lesiones que habían sido producidas en vida. A su vez, un análisis elaborado por la Universidad de Buenos Aires detectó la presencia en el organismo de la víctima de diatomeas, las algas que aparecen cuando una persona muere ahogada en aguas como las del Paraná. El fiscal Saldutti consideró: “Estos resultados objetivos de laboratorio dotan de credibilidad a los testigos que presenciaron la caída de Orellano al agua”.
Además de la circunstancia en la que murió Orellano la investigación también abordó la manera en la que los funcionarios policiales se manejaron luego del hecho, lo que en diciembre de 2020 derivó en la imputación a Nicolossi y Gómez del delito de incumplimiento de deberes y falsedad ideológica. Sobre este aspecto la teoría del caso indica que Gómez dio aviso de la caída de Orellano a la Prefectura “pero omitió informar la verdad del hecho”. Comunicaron que habían visto a “lo que parece ser una persona acostada sobre el suelo y que en un momento desaparece, como si hubiese caído al agua”, cuando desde la Fiscalía están seguros que comprobarán que los agentes estaban al tanto de la interacción de Orellano con los patovicas momentos. Después, según la acusación, los imputados se retiraron sin brindar colaboración con las tareas de rescate. Detallan además que Orellano cayó al río cerca de las 4.30 mientras que los llamados al 911 y a Prefectura fueron a las 5.30.
Testigos
El domingo 23 de febrero de 2020 Orellano pasó la tarde en el Caribe Canalla con amigos y amigas. De ahí surgió la idea de ir a bailar a La Fluvial y quedaron en volver a encontrarse a la noche. Tanto los registros de algunas cámaras de vigilancia de la zona como algunos amigos de Orellano confirmaron que el joven llegó solo y que primero se equivocó de boliche e ingresó a otro lindero a Ming River House. Después logró entrar y encontrarse con sus amigos, donde tomó unos tragos y pasó el rato cruzándose con varias personas.
Cerca de las 4 tuvo un altercado con una mujer patovica que después de algunos avisos lo retiró del boliche con la ayuda de otro empleado de seguridad. Ese momento llegó a verlo un conocido de Orellano. Según distintos testigos, el chico no opuso resistencia pero afuera se quejó con los empleados policiales.
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Fue entonces que comenzaron los golpes. Según expuso el fiscal, a unos cien metros de uno de los costados del boliche había un grupo de unos seis pescadores. Ellos contaron que vieron a un patovica caminando por los alrededores del boliche, "como alterado, buscando a alguien" hasta que una mujer, que sería Gómez, le grito "acá está". Lo siguiente que vieron fue a cuatro o cinco personas, entre patovicas y policías, que arrinconaron a un joven contra la baranda. "Patadas, piñas, empujones", describió el fiscal sobre lo que ocurrió en ese momento.
La querella
Mientras este jueves se desarrollaba la audiencia en la sala 10 del Centro de Justicia Penal, afuera, sobre la plaza cívica, se escuchaban bombas de estruendo en el marco de la movilización convocada por organizaciones de derechos humanos y allegados de Orellano. Sobre ese aspecto reparó el abogado querellante Salvador Vera, que representa a los padres de la víctima, para dar cuenta de que “Bocacha” era “un chico muy querido y muy conocido en todos los lugares a los que iba”. Vera sostuvo que esa noche el joven solo fue a divertirse, pero terminó muriendo bajo circunstancias provocadas por los acusados.
En relación a la acusación en términos generales la querella adhirió al planteo desarrollado por el fiscal Saldutti. Con la diferencia de que esta parte solicitó, aunque por los mismos delitos, un montó más elevado en relación al pedido de pena con la que los imputados llegarán a juicio. Para Nicolossi y Gómez pidió 23 años de prisión efectiva mientras que para los patovicas Maidana y López solicitó 20 años también de cumplimiento efectivo en la cárcel.
“Entendemos que en esta instancia se ha logrado acreditar con el grado debido los estándares probatorios para solicitar una sentencia condenatoria”, consideró Vera. En ese sentido sostuvo que las evidencias permitieron determinar con nivel de precisión el día y la hora, así como el lugar de los hechos y la caída de la víctima al agua luego de la agresión física. En relación a ese aspecto Vera habló de “un contexto de agresión violenta en grupo por parte de personal de seguridad formado, entrenado”. “Eso necesariamente implica la representación del resultado muerte. Pudieron detener su accionar y no lo hicieron”, agregó.
Las defensas
Por su parte, los abogados Antonela Travesaro y Rodrigo Mazzuchini, defensores de los policías Nicolossi y Gómez, al momento de exponer también advirtieron la presencia de la movilización que se realizaba en las puertas del CJP. Aunque para ellos se trató de “una cuestión política que rodea a la causa”, como dijo Travesaro, al advertir la presencia de legisladores que acompañaron a la familia Orellano.
Los defensores solicitaron en primera instancia el sobreseimiento de los policías. “No ha existido violencia previa que determina el desenlace fatal. Lo podemos determinar sin ir a juicio”, sostuvo Travesaro. En ese sentido habló de contradicciones en el relato de la querella y de pruebas “dura y científica” como el informe final de autopsia “que hecha por tierra a la hipótesis de homicidio porque dice que no hay golpes, no hay signos de muerte violenta”. “Es incompatible que todos se pusieran de acuerdo eventualmente para que esta persona se quitara la vida”, agregó el defensor Mazzuchini en relación al delito de homicidio simple con dolo eventual atribuido a los acusados de parte de la Fiscalía.
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En su turno el abogado Bedouret, defensor de los patovicas López y Maidana, solicitó la invalidez del requerimiento acusatorio. En ese sentido habló de “falta de objetividad en algunas oportunidades” de parte del encargado de la investigación. También hizo referencia a “la ausencia de evidencia suficiente para el dictado de una sentencia condenatoria”. “No cuentan con elementos suficientes para una condena contra Maidana y López”, indicó Bedouret.
Sobre el final de la audiencia al juez Nicolás Foppiani consideró que se trata de sí merece ser llevado a juicio. “El juicio oral es la respuesta de mejor calidad para un hecho con características como estas, controvertidas, con trascendencia social, que genera expectativa de respuesta y transparencia por parte de los protagonistas y la sociedad”, analizó el magistrado. Si bien confirmó la elevación a juicio de la causa, determinó un cuarto intermedio para retomar la audiencia el 5 de agosto y definid si los imputados llegarán al debate presos o en libertad.
