"Ni los bomberos tan rápidos": policías imputados por vender autopartes de patrulleros

El ex subjefe de la Policía de la provincia de Santa Fe Ariel Zancocchia fue imputado junto a otros seis policías por integrar una asociación ilícita dedicada a lucrar con autopartes de móviles de la fuerza. Los acusaron de beneficiarse mediante el manejo de vehículos policiales, de los cuales retiraban repuestos para vender o para reparar móviles de manera irregular. Ninguno quedó detenido, sino que se les dictó libertad con reglas de conducta.

Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, que llevaron adelante la investigación, indicaron que la asociación ilícita liderada por el ex segundo de la policía provincial había comenzado a funcionar como tal en febrero de 2019. El punto final fue sobre el cierre de julio de 2021, cuando en el marco de esta misma causa fue imputado el suboficial Germán Trujillo. Se trata del policía que estaba a cargo del depósito y taller del Comando Radioeléctrico de calle Tarragona al 700 bis y fue acusado de lucrar con los vehículos que eran enviados al taller para ser reparados.

Para los fiscales Trujillo utilizaba los vehículos "encomendados para su reparación o para depósito por encontrarse fuera de servicio o sin resolución, para extraer de ellos sus repuestos y utilizarlos en otros vehículos pertenecientes al Estado provincial o de personas particulares, recibiendo a cambio una retribución en dinero o especies". Con el tiempo, lo que motivó las nuevas imputaciones, se supo que Trujillo actuaba "con el conocimiento y la aquiescencia de los funcionarios de jerarquía policial", entre ellos Zancocchia como subjefe de la fuerza a nivel provincial.

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Además de Zancocchia este miércoles fueron imputados los policías Sergio Cantero, quien era jefe de la Agrupación Cuerpo; Cristian Molina y Débora Savani, que ocupaban el cargo de jefe y subjefa del Comando Radioeléctrico; Francisco Fernández, Martín Ronsisvalle y Daniel Vega, que se ocupaban de tareas de logística y contabilidad en las unidades regionales de Rosario y San Lorenzo. Los fiscales los acusaron de formar "una asociación ilícita dedicada a realizar maniobras defraudatorias que tuvo en miras obtener beneficios económicos indebidos en perjuicio del erario público de la provincia". A Zancocchia también lo acusaron de realizar negociaciones incompatibles con la función pública. La juez Paula Álvarez aceptó el pedido y dictó para los imputados la libertad con restricciones que incluyen el depósito de una caución de 200 mil pesos.

Atentado y destape

Una de las primeras pistas que desembocó en la investigación y posterior imputación de los funcionarios policiales fue una denuncia de otro policía, Cristian Fernando Güemes, quien estaba a cargo de la sección Administración y Finanzas de la policía de Rosario y dio cuenta de hechos de corrupción. Como respuesta el hombre recibió una serie de amenazas y atentados en su domicilio.

El 9 de junio de 2019, cuando ya cursaba la investigación que decantó en las recientes imputaciones, Güemes salió de su casa y vio que tenía la rueda de su auto pinchada, que cerca había rastros de pólvora y un artefacto explosivo. En la reja del frente de la vivienda había un detonador con un cable rojo metálico que, según consta en la causa para expertos en explosivos se trata de un artefacto de difícil acceso para "el público en general". Unos días después sufrió otro atentado, esta vez contra su auto. Y finalmente en agosto del mismo año volvió a sufrir un atentado con explosivo en su casa, a la vez que en viviendas vecinas dejaron cartas con información personal de la víctima. "Hacete cargo o pronto vas a hacerle compañía a tu madre", decía una de ellas, lo que se consideró una amenaza de muerte dado que la madre de Güemes falleció.

Para entonces la ahora considerada asociación ilícita ya estaba siendo investigada. Sin embargo fue con el paso del tiempo que aparecieron más evidencias –entre ellas conversaciones por WhatsApp a las cuales se accedió por intervención judicial– que expusieron el funcionamiento del grupo en el marco de la administración de los vehículos que llegaban al depósito de calle Tarragona.

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Según la acusación de Edery y Schiappa Pietra, el entonces subjefe de la policía Ariel Zancocchia "se interesó de forma particular en la realización de negocios dinerarios que beneficien a la empresa Genarino y Arfe Srl.", de la cual él mismo había sido su creador. "Procuró que estas empresas sean contratadas por la policía de Santa Fe para que presten servicios de mecánica integral a los móviles de la policía con el fin de beneficiar económicamente a los titulares de las empresas", consideraron los fiscales. Rápidamente ambas firmas se convirtieron en las que más facturaron en el período 2016-2020. Puntualmente, por ejemplo, Genarino facturó en esa etapa 14.560.660 pesos, de los cuales 14.252.730 fueron por servicios a la provincia.

Más rápido que los bomberos

Una de las irregularidades por las cuales están acusados los policías es la arbitraria administración de repuestos para usos particulares o para móviles policiales pero por fuera de los procedimientos legales establecidos. En ese sentido, en la investigación surgieron muchas conversaciones telefónicas que dan cuenta de distintas transacciones entre funcionarios policiales que comercializaban repuestos.

Una de ellas, por ejemplo, se dio el 21 de febrero de 2019 entre Daniel Vega, que ocupaba un cargo de contabilidad en la Unidad Regional XVII de San Lorenzo y Gustavo Spoletti, que entonces ya era comisario en esa localidad. En aquella charla habla de un repuesto que Spoletti necesita y por lo cual luego de ultimar detalles Vega le envía la foto de que lo había conseguido. Todo ocurrió en el marco de una hora, por lo cual el ahora imputado Vega concluye: "Ni los bomberos tan rápidos".

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En otra conversación Vega habla con el suboficial Germán Trujillo, entonces a cargo del depósito de calle Tarragona, y le pide un soporte de dirección hidráulica y un alternador, a la vez que le asegura que le llevará otro dinero que le adeudaba. Por su parte, sobre la entonces subjefa del Comando Radioeléctrico (CRE) de Rosario, Débora Savani, aparece una conversación de enero de 2020 en la que habla con Trujillo y le dice que llevará su camioneta particular, la misma que fue hallada en el depósito de Tarragona cuando se realizó la primer inspección en el marco de esta investigación. Algo similar se expuso sobre el entonces jefe del CRE, Cristian Molina, quien en noviembre de 2019 tramitó con Trujillo el acceso a un paragolpes delantero para una camioneta particular.