Siguiendo una línea investigativa acerca de una serie de ataques mafiosos sufridos por el ex habilitado de la Unidad Regional II, Cristián Güemes, efectivos de la División Asuntos Internos de la policía santafesina allanaron ayer la Jefatura de Rosario. Durante buena parte de la jornada agentes de la mencionada División, bajó lineamientos de la Unidad Fiscal de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos y el Organismo de Investigaciones (OI), requisaron las oficinas del Área de Administración y Finanzas del edificio de Ovidio Lagos al 5200. Fuentes de la pesquisa indicaron que bajo la lupa quedó documentación sobre los movimientos financieros de la UR II en los últimos tres años. Es decir que abarcaría los períodos en los que ejercieron la jefatura los comisarios Marcelo Villanúa (hoy jefe de provincia), Juan Pablo Bengoechea (hoy en la Regional V de Rafaela) y el actual jefe rosarino Marcelo Gómez. Así, lo que comenzó en una investigación por ataques a la casa de un comisario en junio y agosto de este año podría derivar en una pesquisa por malversación de fondos en la administración y las finanzas de la Jefatura.
La figura del habilitado, jefe de la Sección Administración y Finanzas, es vital en el manejo de una jefatura policial. Son los funcionarios que autorizan todo tipo de gastos operativos, administración y finanzas de la unidad policial. Por ellos pasa el pago de sueldos, horas extras, vales de combustibles, racionamientos, presupuestos para la reparación de móviles, horas Ospe (Orden del Servicio de Policía Extraordinaria), adicionales, trámites jubilatorios, compras de equipamiento, liquidaciones a proveedores y contratistas entre otras cuestiones inherentes a la vida operativa de una regional. Cada jefatura policial en la provincia tiene una persona que desempeña ese rol. Hasta la semana pasada ese cargo en la UR II estuvo a cargo del comisario supervisor Cristian Güemes, de 39 años, quien durante mucho tiempo fuera jefe del área de prensa de Jefatura.
Güemes llegó al cargo de habilitado en febrero de 2018 cuando el comisario Villanúa, jefe de la UR II desde octubre 2016, dio el salto a jefe de la policía provincial. El 14 de febrero de 2018 el comisario Juan Pablo Bengoechea tomó el mando de la Jefatura. El 20 de diciembre de ese mismo año, con el telón de fondo de la segunda oleada de balaceras a instituciones judiciales, Bengoechea dejó su cargo a Marcelo Gómez, quien se mantiene hasta la fecha. Güemes, quien es contador, se mantuvo como habilitado bajo las gestiones de Bengoechea y Gómez. Para tomar dimensión del cargo que ocupó, vale mencionar que la UR II tiene poco más de 5 mil efectivos y el manejaba el dinero para el trabajo de todos ellos.
Ayer fue un día atípico para la Jefatura de policía rosarina. El comisario supervisor Martín Ronsisvalle esperaba para entrar en funciones como nuevo habilitado de la UR II cuando hombres con chalecos de Asuntos Internos comenzaron a allanar las oficinas de las áreas financieras por orden de la Unidad Fiscal de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos y el Organismo de Investigaciones (OI), el área comandada por el politólogo Marcelo Saín. Asuntos Internos buscaba documentación contable respecto a movimientos respecto a una denuncia de malversación en compras que se desprendió de los dos atentados de los que fuera víctima Güemes el 13 de junio y 23 de agosto de este año en su casa de pasaje Oeste al 6400 (San Martín a la misma altura), en el barrio Las Flores Sur. Extraoficialmente se habló de un tercer ataque, pero no pudo ser confirmado.
Atentados
El primero de los atentados con tinte mafioso que padeció Güemes ocurrió el domingo 13 de junio último alrededor de las 3.45 de la mañana cuando un artefacto explosivo detonó en el portón de la casa del jefe policial. Güemes no estaba en su domicilio. Al llegar a media mañana se encontró "en el patio delantero de su casa distintas partes de lo que sospechaba podría ser un artefacto explosivo. Había una pila, parte de un reloj y la tapa del tanque de nafta de su vehículo abierta", explicó un vocero aquella vez. El caso quedó en manos de la fiscal de la unidad de Flagrancia Raquel Aranda.
El segundo ataque sucedió al filo de la madrugada del viernes 23 de agosto pasado cuando en el mismo lugar y con una mecánica similar detonó un explosivo en el patio delantero de la vivienda. En este caso el artefacto tenía tuercas y tornillos adheridos al envase que no alcanzó a esparcirse. Y como en la primera vez no había nadie en la vivienda.
Fuentes judiciales indicaron que, al momento de denunciar los ataques mafiosos que sufrió, Güemes manifestó que pudieron estar motivados por su función de habilitado en la Jefatura. También manifestó que había recibido notas con amenazas. Güemes dejó su función la semana pasada y fue reubicado en otro puesto fuera de la Jefatura.
No fueron las primeras veces que Güemes fue víctima de un ataque. Aunque con distintas motivaciones, durante el levantamiento policial ocurrido en Rosario entre el 9 y el 18 de diciembre de 2013 y que dejó el patrullaje de las calles a cargo de fuerzas nacionales como Gendarmería y Prefectura, la oficina de prensa en la que él trabajaba, en las entrañas de la Jefatura, fue incendiada.
En Santa Fe ya pasó
No hubo que apelar a una sagacidad extrema para que la hipótesis de que los ataque mafiosos contra Güemes estuvieran en manos de sus propios camaradas tome fuerza. Así, teniendo fresco el último ataque contra la casa que supo ocupar Güemes, la Unidad Fiscal de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos y el Organismo de Investigaciones (OI) gestionaron órdenes de allanamiento para que Asuntos Internos llegara al corazón financiero de la Regional II buscando documentación contable para peritar e investigar si hay alguna malversación que se compruebe y que pueda tener relación a las amenazas.
Así se abrió una verdadera Caja de Pandora que puede derivar en un escándalo, como el que se ventiló en septiembre de 2017 contra altos jefes de la Jefatura de Santa Fe acusados de ser partícipes de una asociación ilícita que realizó maniobras fraudulentas en perjuicio del Estado santafesino. O tal vez todo quede en la nada.
En la causa generada en la capital provincial fueron imputados entre otros Omar Odriozola, quien fuera jefe de la policía santafesina desde febrero de 2013 hasta septiembre de 2015, y el comisario retirado Rafael Grau, quien ejerciera el mismo cargo desde septiembre de 2015 hasta mayo de 2016.
Habrá que esperar ahora que los investigadores pasen por la zaranda pericial los documentos incautados, a los que se sumarían aquellos que mensualmente se elevan al Ministerio de Economía de la provincia para saber si quienes atacaron a Güemes lo hicieron motivados por denuncias internas que el ex habilitado podría haber realizado a partir de detectar irregularidades; si al abrir esa Caja de Pandora puede estarse ante una malversación de compras de la administración y finanzas de la Jefatura; o sencillamente conocer quien estuvo detrás de los ataques contra Güemes.
Ajeno a lo que ocurría a su alrededor, el comisario supervisor Ronsisvalle, quien ya había actuado como habilitado en el Instituto de Seguridad Pública de la Provincia (Isep) y en la Policía Comunitaria, tomó funciones como nuevo jefe de Administración y Finanzas de la UR II controlando la documentación que los efectivos de Asuntos Internos retiraban de sus oficinas en grandes cajas.
