Más de siete mil viejas causas penales pasarán a las nuevas fiscalías

En líneas generales el traspaso se interpreta como una buena medida que busca unificar el servicio de Justicia Penal, pero preocupa la asignación de recursos para hacer frente a una demanda de trabajo que podría desbordar a fiscales, defensores y jueces y generar un colapso administrativo.

El cambio parece una decisión acertada pero nada sencilla de implementar. Para algunos operadores del Poder Judicial la llegada de los procesos del llamado "sistema residual" a la ya abarrotada agenda de audiencias de Tribunales, donde se ventilan hasta 50 casos por día, podría generar un tremendo "cuello de botella".

Y de acuerdo con lo que pudo sondear La Capital existe una moderada preocupación entre fiscales, jueces y defensores que deberán hacer frente a ese traspaso, ya que no terminan de definirse cuestiones elementales. Para otros agentes no hay por qué preocuparse: son optimistas respecto a una transferencia eficaz y sin sobresaltos. Las dos posturas son atendibles.

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El fin de un ciclo

No hay dudas de que la ley Nº 13.699 sancionada en noviembre y reglamentada en febrero por el gobernador Miguel Lifschitz tiene como espíritu darle un corte definitivo al oscuro y vetusto esquema inquisitivo de los expedientes escritos. Y cubrir toda la administración de la Justicia Penal santafesina bajo el paraguas del Código Procesal que implementó el sistema oral y público desde 2014.

La flamante norma establece que serán el MPA y el Servicio de la Defensa Penal quienes deberán tomar esas carpetas (salvo que haya operado la prescripción o el archivo de la causa) en el estado procesal en que se encuentren: investigación, juicio o sentencia. Luego intervendrán como garantes del proceso los jueces de primera instancia.

El objetivo es alcanzar una resolución del conflicto ajustada al derecho de las partes. Quienes quieran seguir litigando en el sistema escrito tienen un lapso de noventa días corridos para pedirlo desde la entrada en vigencia de la ley.

En definitiva, y según un relevamiento del Poder Judicial, hasta el 14 de marzo se contabilizaron 3.518 causas que provienen de juzgados de Instrucción, Correccionales y de Sentencia de Rosario. Sin olvidar otras 2.863 derivadas de los juzgados de Ejecución Penal (presos ya condenados) y las 754 que suman Cañada de Gómez, San Lorenzo, Casilda, Villa Constitución, Venado Tuerto, Melincué y Rufino. En total son 7.130 expedientes.

Un cambio a definir

¿Cómo se instrumentará ese traspaso? Allí radica la complicación. La fiscalía regional es la receptora de esas causas pero no se pronunció oficialmente sobre cómo absorberá esa demanda. Desde el organismo comunicaron a través de voceros de prensa que esperarán el resultado de una reunión pautada para los próximos días en la que intervendrán los ministros de Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, jueces de la Cámara Penal y la Defensa Pública.

Es que algunos aguardan definiciones hasta fines de abril porque existe una prórroga de la puesta en marcha de la ley. Pero en realidad esa suspensión sólo frena la reasignación de los recursoshumanos como empleados de los viejos juzgados, fiscalías o defensorías que deben optar por pasara al MPA, la Defensa Pública o la Oficina de Gestión Judicial. Pero no la instrumentación de ley.

Más allá de que no hubo un pronunciamiento de la Fiscalía Regional, algunos fiscales acostumbrados a trabajar con escasos recursos deslizaron que si les suman los expedientes del sistema residual van a tener que redoblar esfuerzos para tramitarlos. Sólo para graficar esa situación basta con mencionar que un solo funcionario puede tener hasta 20 mil carpetas.

La demanda y los recursos

El juez Alfredo Ivaldi Artacho, miembro de la Cámara Penal de Rosario, instancia judicial que opera como garante administrativo de las causas escritas, desgranó algunos aspectos del traspaso.

"Siempre y cuando no haya operado la prescripción o el archivo se establece que las partes pueden optar por el nuevo sistema penal o seguir con la ley de transición. En este último caso se distinguen aquellos que quieran resolverlo a través de un procedimiento especial abreviado o el procedimiento especial de investigación fiscal", describió el magistrado.

Más allá de esa cuestión técnica aclaró que aquellos casos absorbidos por el MPA podrán encontrar una resolución con las salidas alternativas que ofrece el Código Penal. "Siempre respetando los derechos y garantías de las partes, hay criterios de oportunidad como el juicio abreviado, la probation o la reparación económica del daño. Pero todas las que lleguen a juicio deberán atravesar un trámite oral", agregó. Y se mostró optimista con la instrumentación eficaz de la ley.

Aunque las salidas alternativas del código ayudan a la economía procesal y podrían descomprimir el caudal inicial de expedientes con resoluciones rápidas, el panorama a priori parece complejo.

Sobre todo porque la demanda de Justicia crece a la par de múltiples problemáticas sociales que repercuten en las fiscalías, los centros territoriales de denuncias, la defensorías y los Tribunales. En ese contexto la infraestructura que se pensó y diagramó para estos tiempos parece insuficiente. Sólo hay que recorrer esos ámbitos para constatarlo.

Desde la Corte Suprema de Justicia también se interpreta de manera saludable la puesta en marcha de la ley. Según pudo sondear La Capital se aguarda la asignación de recursos para la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), que coordina las audiencias y el trabajo de los 28 jueces de primera instancia. Es que según algunas estimaciones, una vez traspasado el sistema residual se podría generar un incremento de hasta el 60 por ciento en las tareas.

Fuentes con llegada a la Corte también consideran que la ley iguala todo el sistema: donde una fiscalía acusa, la defensa pública o particular obra como contraparte y la oficina de gestión con el Colegio de Jueces garantiza el proceso. "Hay un actor por cada lado y las causas se van a manejar todas con mismas reglas de juego", valoraron.

Sin embargo, con la mirada puesta tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo para apurar recursos, también advierten que la transferencia de causas escritas genera una demanda "que obliga a acelerar el traspaso de personal. Se avizora un incremento significativo en el trabajo de jueces, fiscales y defensores".

Y entienden que el aumento en la cantidad de magistrados de primera instancia (en Rosario pasaron de ser 18 a 28) debería acarrear proporcionalmente un adecuado incremento de recursos. "Esas vacantes que por suerte se cubrieron este año fortalecen la oficina de gestión, pero van a tener un 60 por ciento más de trabajo", recalcaron.

El control de las condenas

El otro organismo atravesado por el traspaso es el Servicio de Defensa Penal. Hace pocos días, y tras una inspección realizada en la cárcel de Coronda, la defensora provincial Jaquelina Balangione expresó públicamente que "para quienes están privados de la libertad y no tienen abogados particulares el tema es bien confuso".

Consultada por este diario sobre la implementación de la ley, la funcionaria se expresó a través de un escrito, pero se centró sólo en el cambio de control de penas de los condenados. Expresó que partir de la puesta en marcha de la ley "la competencia que asumían los jueces de Ejecución para el control de las penas se encomienda a los jueces de primera instancia del lugar donde se dictó la pena".

De acuerdo con su perspectiva, "ese criterio llena un vacío legal" sin afectar derechos. Pero, como se aparta de la práctica que hasta aquí fue habitual, la nueva modalidad de control originó el planteo de algunos recursos a los jueces que según la ley deben intervenir "para que admitan su competencia e inhiban la intervención de otros Tribunales".

Críticas de los abogados

La comisión del seguimiento del nuevo sistema penal del Colegio de Abogados de Rosario tiene una mirada crítica sobre el traspaso de causas escritas al MPA. "Fue una decisión desafortunada. Se generó una muy mala política criminal. Significa taponar de trabajo a los fiscales que están en actividad con hechos recientes y ponerlos a investigar otros sin imputados o de dificultosa prueba", recalcó el abogado penalista José Nanni, presidente de la comisión.

Según esa lectura "se pueden plantear cuestiones constitucionales sobre ley penal mas benigna, juez natural y plazo razonable. Todo esto es producto de una apresurada puesta en marcha del nuevo sistema procesal penal, descuidando las causas que se encontraban en trámite hasta ese momento".

Y describió que hay "numerosos casos que esperan sentencia, de gran impacto social como son la explosión de calle Salta 2141, o la desaparición de Paula Perassi. Este traspaso seguramente originará planteos por parte de los defensores. Se debió haber realizado de manera más prolija, sobre todo dando conocimiento a los interesados (sujetos procesales y víctimas), como así también a la población", cerró el profesional.