Un hombre y dos mujeres fueron apresados en el marco de una investigación contra la llamada “Banda de los Colorados”, una violenta organización polirrubro afincada en Nuevo Alberdi a la que se le atribuyen principalmente la usurpación de terrenos y viviendas que luego ponen en alquiler, venta o incluso podrían destinar a bunkers para la venta de droga. En el marco de un expediente abierto hace algo más de seis meses y en el que fueron confluyendo distintas pesquisas originadas en denuncias de vecinos de la zona, el fiscal de Investigación y Juicio Mariano Ríos Artacho ordenó una decena de allanamientos que se practicaron la mañana del jueves.
Los tres detenidos serán imputados como miembros de una asociación ilícita y por el delito de usurpación de inmuebles, aunque las imputaciones podrían agregar otros delitos para uno de ellos, quien está sindicado como jefe. Tampoco se descarta que en esa audiencia haya más imputados, incluso alguno que ya se encuentra preso. Sin embargo, ni siquiera la aprehensión del presunto líder permite inferir que la banda haya sido desbaratada en virtud de las condiciones favorables que hoy encuentran las empresas delictivas para desarrollarse tras las rejas.
En ese contexto, y como un desprendimiento de la investigación, también fue detenido el jefe de la subcomisaría 2ª de Nuevo Alberdi, Maximiliano Rodrigo Fernández, sospechado de haber cobrado o requerido el pago de 50 mil pesos para liberar a un detenido vinculado con la banda. El subcomisario, indicaron fuentes judiciales, será imputado de cohecho activo, falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Violencia inmobiliaria
La Banda de los Colorados comenzó a ser mencionada en los últimos cinco años como una de las que se disputan los emprendimientos delictivos en Nuevo Alberdi. Algunos investigadores apuntan que comenzaron a hacerse fuertes a partir de la caída o retracción de Los Romero, la familia que en algún momento dominó esa zona del noroeste rosarino donde todavía quedan tierras por poblar y aún se alternan la ciudad y el campo.
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En un sitio donde la violencia viene creciendo a la par de la pobreza, Los Colorados comenzaron a ser mencionados en los susurros del vecindario en las crónicas policiales. Como otros emprendimientos delictivos polirrubro, se le atribuyen usurpaciones que cumplen con lo que ya parece un manual de instrucciones al respecto: primero aparecen los mensajes intimidantes por escrito contra los moradores de las viviendas que se pretenden obtener por la fuerza; luego esa violencia se materializa con balaceras contra esos domicilios y finalmente la irrupción, una vez que las aterrorizadas víctimas deciden abandonar sus casas. Entonces primero llega gente de confianza de los usurpadores para ocupar las casas que luego son alquiladas o vendidas. Y no falta quien apunte que también esas viviendas pueden destinarse a poner kioscos de droga.
Las denuncias acumuladas y la evidencia colectada hasta el momento permite ubicar como jefe de la banda a Walter Daniel M. a quien también se le atribuyen otras actividades como la adulteración de guarismos de motos y autos robados. Incluso está sospechado de hacer ingresar teléfonos celulares a cárceles.
La investigación se inició en el marco de la denuncia presentada tiempo atrás por un hombre que, en representación de cuatro personas que se encontraban afuera del país, presentó por la usurpación de un terreno en esa zona, situado entre el Club Olimpia y el canal Ybarlucea. La denuncia daba cuenta de las medidas de amojonamiento, cercado y parquización que se habían tomado para evitar que fuera ocupado. Sin embargo, en tierras aledañas se había ido formando un asentamiento que fue creciendo hasta avanzar sobre esta propiedad, previa destrucción del cercado y de parte de la arboleda.
Más allá de los vaivenes en torno a la ocupación de ese y otros extensos terrenos de la zona, a partir de esa denuncia se intervino el teléfono de una persona que terminó condenada por esas usurpaciones. Y en el marco de esas escuchas llamó la atención que el hombre investigado quería comprarle armas de fuego y motos a otro identificado como Walter y apodado “Colo”. Así, sobre fines del año pasado, apareció Walter M. en el radar de los investigadores judiciales.
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El Colo comenzó a ser escuchado en distintas conversaciones sobre cómo sacar a personas de sus casas, alguien que lo consultaba por la venta de terrenos, alguien que le ofrecía una ametralladora y cosas de ese tipo que lo tornaron sospechoso para los pesquisas. En ese marco Walter M. también fue mencionado por un matrimonio con siete hijos que en 2019 fue obligado a abandonar su casa, primero con una intimidación escrita y luego con un ataque a tiros que incluyó un par de bombas molotov arrojadas contra la vivienda.
Al momento de esa denuncia, en el vecindario ya se mencionaba a la familia M. por echar a los tiros o a los golpes a vecinos de sus casas para ocuparlas. Y también se hablaba de nuevas familias que comenzaba a llegar al barrio a vivir esas propiedades. De esa manera también se fueron incorporando otras denuncias similares que agregaban otras aristas: “Hay un galpón donde guardan armas de fuego, pero si lo allanan ahora no van a encontrar nada, van rotando”.
Allanamientos
En este contexto el fiscal Ríos Artacho ordenó los allanamientos que fueron ejecutados ayer a la mañana por personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en diez domicilios de Nuevo Alberdi: dos viviendas en Bouchard al 3400, otras dos en Caracas al 2600, dos en Ciudadela al 3200, una en Caracas al 2700, otra en Ciudadela al 3100, una vivienda en Bouchard al 3600, un galpón ubicado en pasaje Pozos entre Baigorria y Ciudadela, y un terreno baldío con un horno de ladrillos ubicado en el pasaje 1353 y Somoza.
Los policías fueron con la orden de identificar a quienes estuvieran residiendo en cada lugar y secuestrar todo tipo de armas de fuego, de telefonía celular o almacenamiento, boletos de compraventa de inmuebles, recibos de alquileres, llaves de viviendas y de vehículos, autopartes y documentación. Además debían requisar a toda persona que se encontrara en la casa ya que varios de los elementos buscados se pueden esconder entre las prendas de vestir.
Producto de los allanamientos se secuestraron, entre otras cosas, recibos de pago y boletos de compraventa que dan cuenta de esta suerte de inmobiliaria que la organización llevaría adelante con las propiedades que obtiene por la fuerza. Esa evidencia que ayer todavía estaba en análisis, sumada a la proporcionada por testimonios acerca del funcionamiento de la banda, será desplegada al momento de la audiencia imputativa que afrontarán la semana que viene las tres personas detenidas ayer: Mónica P., Lorena C. y Walter M.
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En principio serán acusados por asociación ilícita y usurpación, aunque no se descarta que las imputaciones al Colo incluyan otros delitos relacionados con el manejo de autopartes robadas. Además de estos tres podría ser imputada otra mujer que ayer fue detenida pero luego liberada y también otro presunto miembro de la banda que está detenido desde hace poco más de un año y al parecer realizaría su aporte desde la cárcel.
Un policía quedó en la mira
El jefe de la subcomisaría 2ª de Nuevo Alberdi fue detenido ayer sospechado de facilitar la liberación de un detenido a cambio de dinero. Un par de escuchas telefónicas sobre la Banda de los Colorados en las que el subcomisario aparece mencionado en ese sentido, justamente en un procedimiento en el que se detectaron irregularidades varias, dejaron en la mira a Maximiliano Rodrigo Fernández, que será imputado el lunes por cohecho activo e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Las conversaciones son de abril pasado cuando una mujer llamó a Walter “Colo” M. para ver si podían liberar a su marido, Roberto G., que había sido detenido en un allanamiento a su vivienda. En la requisa habían encontrado autopartes adulteradas y una tumbera, escopeta de fabricación casera que se considera arma de guerra. Sin embargo la información que remitió la sede policial a la fiscalía indicaba una formación de causa por encubrimiento y adulteración de guarismos. Y nada decía de la tumbera que fue hallada ayer a la mañana en el despacho de Fernández en la seccional de Gazcón al 2900.
Es sabido que desde hace un tiempo los fiscales de Rosario tienen la orden de pedir prisión preventiva por la tenencia de un arma de guerra. En este sentido, la “eliminación” en sede policial de ese delito en el material remitido a la fiscalía resulta más que sugestiva al escuchar la conversación entre Walter M. y la mujer de Roberto G., que sugiere que se pagaron 50 mil pesos para que éste pudiera ser liberado.
“Sí, pero me ficharon. Me dijeron que no me podían dejar de fichar porque está todo escrito. Sólo te podemos dar encubrimiento”, dice preocupado el recién liberado cuando habla con el Colo, que le responde: “Bueno, pero no pasa nada, eso es excarcelable”.
