"Estamos en presencia de una causa armada como lo ha señalado el gobernador (Antonio) Bonfatti. En forma voluntaria o involuntaria el juez (Carlos) Vera Barros y los fiscales (Juan Patricio) Murray y (Federico Guillermo) Reynares Solari están siendo funcionales a una maniobra política. Tognoli es el medio con el que se pretende desacreditar a (Hermes) Binner y Bonfatti. Más que investigar a Tognoli hay que investigar quién puede estar detrás del armado de esta causa". La frase la pronunció Carlos Edwards, el abogado del ex jefe de la policía provincial, en la audiencia oral y pública realizada ayer en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario en la que el letrado planteó el reclamo de excarcelación de su cliente.
Hugo Tognoli fue procesado por el juez federal Carlos Vera Barros como integrante de una "empresa criminal conjunta" dedicada a la venta de drogas de la que también participaban, según el magistrado, Carlos Ascaíni, el comisario Néstor Fernández y el cabo Carlos Quintana. Poco después de las 11 de ayer, los camaristas Elida Isabel Vidal y Edgardo Bello escucharon en la sala de audiencia que la Cámara Penal Federal tiene en el 2º piso del edificio de Entre Ríos al 400 los argumentos de los dos oradores: el fiscal general Claudio Palacín y Edwards. Por su parte José Guillermo Toledo, el tercer integrante de la Sala B, se excusó aduciendo amistad con uno de los defensores de los procesados.
Cinco puntos. La exposición del abogado defensor de Tognoli estuvo basada en cinco ejes argumentales. Sostuvo que a su cliente lo detuvieron más de tres años después de iniciada la investigación del caso; que el juez (Vera Barros) ordenó la detención el mismo día en que salió publicada una nota en el diario Página/12 en la que se involucraba al ex jefe policial; señaló la remoción de la fiscal Liliana Bettiolo "sin fundamento"; destacó la decisión de excarcelar a los otros dos imputados (Fernández y Quintana) por igual delito y la "disparatada" calificación legal (empresa criminal conjunta) por la que su cliente fue procesado y se le negó la libertad.
En la audiencia se discutió la cuestión de la prisión preventiva aplicada a Tognoli. Para no conceder la libertad al ex jefe policial el juez Vera Barros planteó, según Edwards, que su condición de ex jefe de la policía provincial sumado a la gravedad del hecho permite presumir que entorpecería la investigación. En rigor, el Código Penal hace referencia al riesgo procesal para determinar la excarcelación de una persona. El entorpecimiento de la pesquisa o el peligro de fuga del imputado.
"El Estado a través del juez debe determinar el riesgo procesal. En este caso no existe ninguna medida probatoria pendiente para autorizar la denegación de la excarcelación a mi cliente. En ningún momento el juez explicó las diligencias probatorias que están en ejecución y cómo las entorpercería si mi cliente estuviera en libertad", sostuvo el letrado.
"Disputa política". Edwards sostuvo que el caso hay que situarlo en un contexto institucional y político. "A partir de la detención de Tognoli se generó una verdadera disputa política entre integrantes del gobierno nacional y del provincial. El diputado Andrés Larroque afirmó la existencia de un narcosocialismo (en la provincia) y el presidente del Partido Justicialista (José Luis) Freyre manifestó la necesidad de intervenir a Santa Fe. Pero hubo una que tuvo una relevancia fundamental para analizar las medidas restrictivas de la libertad (de Tognoli): las declaraciones del gobernador Antonio Bonfatti", señaló. Y citó textualmente el comentario formulado por el mandatario provincial el 27 de octubre pasado. "El caso de Tognoli es un episodio extremadamente confuso. A muchos periodistas «off the record» les dijeron que se ha armado una causa", dijo entonces Bonfatti. Enseguida el letrado se preguntó si estos dichos se compadecen o no con una causa armada.
En su exposición, Edwards también apuntó a la procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó. Sostuvo que tras la decisión del juez Vera Barros de dictar la falta de mérito a Tognoli, luego de la primera detención, la funcionaria nacional "removió sin fundamento" a la fiscal Liliana Bettiolo y nombró a Murray y Reynares Solari como fiscales subrogantes. "Fue desplazada por no haber apelado la falta de mérito de mi cliente", afirmó el abogado.
Sin embargo, Edwards también objetó la intervención de Bettiolo en la causa. "El 28 de septiembre del 2012, la fiscal Bettiolo pidió la detención de Tognoli al juez (Marcelo) Bailaque —cubría la licencia de Vera Barros— pero se lo negó. El 19 de octubre pasado salió una nota en Página/12 en la que se hacía referencia al caso. A las 15.30 de ese día, fuera del horario de atención, la fiscal presentó un escrito a Vera Barros pidiendo la detención de Tognoli «teniendo en cuenta los hechos y la trascendencia pública». Pero no hubo ninguna diligencia probatoria con excepción de la nota. Y el juez la ordenó".
