El primer día de juicio por la muerte de Carlos “Bocacha” Orellano, el joven que se ahogó en el río Paraná tras ser expulsado de un boliche de La Fluvial, dejó delineados fuertes puntos de controversia para un debate que durará dos meses. La familia del chico reclamó a lo largo de tres años llegar a esta instancia para esclarecer un caso que enmarcan en un contexto de violencia institucional. Dos policías y dos patovicas están acusados de haber golpeado al joven de 23 años junto a una baranda, lo que provocó su caída a aguas del Paraná, sin socorrerlo ni dar aviso inmediato de la caída. Imputados como coautores de un homicidio, afrontan pedidos de penas que van de los 17 a los 23 años de prisión. Del otro lado, las defensas dicen que ahogo de Bocacha fue ajeno a la voluntad del personal de seguridad y piden absoluciones.
Así quedaron delineados los ejes del juicio que arrancó este miércoles, acompañado por una sonora y concurrida manifestación frente al Centro de Justicia Penal. Familiares, organizaciones políticas y de derechos humanos y miembros de la Asociación Civil Carlos Orellano se instalaron desde temprano con carteles y consignas en reclamo de justicia. Mientras las banderas con el rostro del muchacho fallecido flameaban en la plaza de Sarmiento y Virasoro, en la sala más grande del edificio comenzaba el esperado debate oral con cuatro acusados.
Dos son policías que cumplían servicios adicionales en el boliche Ming River la noche del 24 de febrero de 2020: Karina Laura Gómez, de 42 años, y su pareja Gabriel Julio Nicolossi, de 39. Los otros eran empleados de seguridad del local. Son Emiliano Oscar López, de 32 años, y Claudio Fabián Maidana, de 55, que era jefe de la custodia. Todos llegaron a las audiencias en prisión preventiva (en el caso de Gómez bajo arresto domiciliario) y acusados como coautores de un homicidio con dolo eventual. Esto quiere decir que se habrían representado el posible resultado de la muerte del muchacho, pero no hicieron nada para evitarlo.
“Mi hijo entró vivo a ese boliche y de ahí no salió vivo”, dijo categórico y con voz ronca Edgardo Orellano, padre de Bocacha, primero en declarar en el juicio que tanto esperó. Un rato antes se escucharon los alegatos de apertura de las partes. Esas exposiciones delinearon ante los jueces Mariano Aliau, Aldo Bilbao Benítez y José Luis Suárez cuáles serán los principales puntos de tensión sobre el caso. La caída del joven al agua y su muerte por asfixia por sumersión es la base que está fuera de discusión. De ahí en más, las posturas difieren.
Para la acusación, Bocacha se arrojó al agua para escapar de una golpiza a la que era sometido por parte de los cuatro acusados. Escena que según la fiscalía fue presenciada por un grupo de cinco amigos que pescaban bajo un gomero, un hombre al que le dicen “El Mago” que deambulaba por el paseo costero y un testigo de identidad reservada.
Las defensas plantean que el cuerpo no presenta marcas de lesiones, sino infiltraciones hemáticas que pueden ser de otro origen. Las pericias forenses, por tanto, serán piezas clave. La autopsia se realizó bajo el Protocolo de Minnesota, que se aplica en casos de violencia institucional. La morgue judicial de la Corte Suprema de la Nación realizó estudios complementarios y la investigadora del Conicet Nora Maidana realizó la pericia sobre la presencia de diatomeas (algas) en los pulmones, hallazgo que da cuenta de ahogamiento.
Otro punto central a desmenuzar es cuál fue la conducta de los policías tras la caída del muchacho al agua. Según la fiscalía y la querella, los agentes intentaron demorar la búsqueda del cuerpo con un tardío reporte a Prefectura Naval y relatos esquivos y cambiantes. En la otra vereda, las defensas plantean que no existió homicidio y que a lo sumo hubo conductas que configurarían otros delitos.
En la baranda
Bocacha trabajaba en la fábrica de electrodomésticos Liliana y era hincha fanático de Rosario Central. La madrugada del lunes 24 de febrero de 2020, en un feriado de carnaval, fue a bailar al boliche Ming River del complejo la Fluvial. Allí estuvo con amigos hasta que fue retirado entre las 4 y las 4.30 por personal de seguridad cuando intentaba ingresar al VIP. El fiscal Patricio Saldutti dijo que una vez fuera del boliche se encontró con los cuatro imputados y les pidió volver a entrar. Eso sucedió junto a la baranda que da al río en cercanías del muelle 3.
“Lejos de la vista de la mayoría del público, lo agreden físicamente, lo rodean y lo golpean. Le dejan como única vía de escape el río Paraná. Aprovechando su superioridad física y numérica determinan la caída de Orellano al río y de esta manera su muerte”, dijo Saldutti, quien pidió 17 años de prisión para Maidana y López y 19 años para la pareja de policías. A ellos les atribuyó además delitos propios de su función, como incumplimiento de los deberes y falsificación de instrumento público.
En sintonía, el abogado querellante Salvador Vera dijo que “esa fatídica noche Bocacha fue agredido y violentado por los imputados, quienes actuando en grupo generaron su muerte”. Pidió penas más altas por los mismos delitos: 20 años para los patovicas y 23 años para los uniformados.
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El fiscal también habló de la conducta posterior del grupo. Dijo que tras la caída de Orellano hubo una ventana de inactividad de 45 minutos. Hasta que, recién a las 5.15, Nicolossi llamó al 911 y dijo que había dos personas a punto de tomarse a golpes de puño. “Para desviar la atención, pide personal de Brigada Motorizada, que es done trabajaba al momento del hecho”, planteó. A las 5.36, un llamado de Karina Gómez al 911 dio aviso de la caída del joven al agua. Luego se entrevistó con un empleado de Prefectura de la garita de La Fluvial, a quien “le da una versión falsa”. A las 5.30 el jefe Maidana les pagó el jornal a los empleados y todos “se retiraron como si nada”.
Recién a la tarde siguiente, dijo Saldutti, los efectivos entregaron en la comisaría 2ª un acta de procedimiento labrada supuestamente a las 10 de la mañana en la que se relata: “Observamos detrás de las barandas de seguridad lo que a simple vista parece ser una persona acostada en el suelo y en un momento desaparece, como si hubiera caído al agua”. Para la acusación, “nunca informaron con precisión” ni colaboraron con las tareas de búsqueda y rescate.
Cuestionamientos
En contraste, los defensores de los policías consideraron que en el caso “no hay delito”. “Orellano cayó al río y murió ahogado. No se encontraron signos de golpes ni violencia previa”, observaron los abogados Rodrigo Mazzuchini y Antonela Travesaro. Dijeron que esa madrugada el muchacho “había consumido gran cantidad de alcohol” y que tras ser expulsado del boliche lo vieron deambulando por una calle paralela a la baranda. Pidieron la absolución o que se adapte la calificación a otras figuras, como la instigación al suicidio o el abandono de persona seguido de muerte.
Jorge Bedouret, defensor de los patovicas junto a Pablo Bedouret y Bárbara Reynoso, puso el acento la cuestión del dolo eventual, encuadre al que caracterizó como “una tipificación vergonzante. ¿Cuál es el homicidio? ¿Esto es un dolo eventual colectivo, una especie de concierto doloso con integrantes diversos? ¿O un aporte de la desgracia, del azar o de la propia víctima? Los imputados nunca tuvieron la intención de matar a nadie. No tuvieron dominio del hecho, ni voluntad, ni conocimiento del riesgo”, afirmó mientras resonaban en la sala las bombas de estruendo del acto en la plaza.
El chico de la risa amplia
“A Carlitos le decían Bocacha porque siempre estaba riéndose”, contó luego Edgardo Orellano, un pescador de 63 años, padre del joven fallecido en La Fluvial en 2020 y de otras tres hijas. El sobrenombre de su hijo —un mote que se ganó desde chico porque usaba ortodoncias y cuando se reía “abría toda la boca”— fue de lo primero que evocó al declarar en el juicio por la muerte del joven. “A Carlitos me lo mataron. Esto nos arruinó la vida. Mi señora está en tratamiento psiquiátrico, en estos tres años buscando justicia y verdad nos enfermamos y me comí los ahorros de mi vida. No somos ni seremos felices nunca más”, expresó.
Orellano contó que el domingo previo a la muerte de Bocacha el joven había ido a comer un asado con amigos al Caribe Canalla. Su familia pasaba el día a una casa en la isla El Espinillo. Como Carlos avisó que a la noche iba a salir, su madre cruzó el río a la tardecita para prepararle la ropa y plancharle la camisa. Al día siguiente, como no regresaba, sus familiares lo buscaron en la zona de La Fluvial. En la comisaría 20ª les dijeron que en la 2ª había denuncia de un chico caído al agua. Allí primero lo negaron, pero luego les mostraron una denuncia manuscrita que describía la caída al río de un joven vestido igual que Carlitos.
“Por más que estábamos esperando que saliera el cuerpo a flote, teníamos la esperanza de que volviera caminando”, dijo ante el tribunal el padre de Bocacha. Con firmeza y sin quebrarse, contó cómo asistió a la Prefectura a sacar del agua el cuerpo de su hijo, que nadaba desde los 6 años y a los 12 había ganado una competición en el club Nueva Era. Habló además sobre las actitudes del dueño del boliche, de maniobras esquivas de la policía y de una situación que presumió como de ocultamiento a la hora recuperar los discos de las cámaras de vigilancia del boliche y de una guardería vecina, en los que no se hallaron registros del momento del hecho.
