Los dos policías y dos patovicas imputados por la muerte de Carlos “Bocacha” Orellano, el joven de 23 años que cayó al río la madrugada del 24 de febrero de 2020 después de que lo echaran del boliche Ming River, seguirán en prisión preventiva. Las defensas de los cuatro detenidos solicitaron sus libertades al cumplirse 90 días desde que fueran imputados de homicidio simple con dolo eventual en febrero. El juez Román Lanzón rechazó los planteos y dispuso que sigan bajo arresto preventivo por el plazo legal de dos años mientras continúa la investigación del controvertido caso, a la vez que ordenó avanzar con la reconstrucción del hecho en las instalaciones del local de La Fluvial.
La audiencia se realizó por Zoom a pedido de los abogados de los cuatro detenidos, que solicitaron libertades o morigeraciones al cumplirse un plazo que permite revisar de la medida de encierro. Tanto el fiscal Patricio Saldutti como el abogado querellante Salvador Vera se opusieron al planteo. Tras escuchar a las partes el juez dispuso “mantener la prisión preventiva de las cuatro personas imputadas en los mismos términos y alcances en que se vienen cumpliendo, no haciendo lugar a ninguno de los pedidos de la defensa”.
Otro asunto que se debatió en la audiencia es la continuidad de la reconstrucción de hecho que se había iniciado en diciembre pasado en las instalaciones de lo que fuera el boliche Ming River, en el complejo La Fluvial. La medida quedó inconclusa y las partes acusadoras solicitaron avanzar con esa recreación de las últimas horas de Bocacha en la disco a la que había ido a bailar. Según diversos testimonios esa noche fue expulsado del local y mantuvo un incidente con el personal de seguridad antes de caer al Paraná, donde su cuerpo fue hallado dos días más tarde.
“No existe objeción alguna para que se lleve a cabo la continuación de la reconstrucción judicial”, dijo el magistrado, que instó a la Oficina de Gestión Judicial a fijar una fecha para concretar la medida en un plazo “no menor a los 30 días”. Uno de los puntos que se intenta dilucidar es cómo cayó Orellano al río y qué ocurrió dentro del boliche, adonde el joven empleado de la fábrica de electrodomésticos Liliana había ido a bailar la noche del 23 de febrero de 2020.
Ya entrada la madrugada del domingo 24 de febrero, tanto jóvenes que habían a bailar como pescadores, empleados de Prefectura Naval y personas en situación de calle vieron o escucharon algo acerca de un joven que había caído a las aguas del Paraná. La investigación reunió más de cincuenta testimonios. No todos dijeron lo mismo. No obstante, en febrero pasado el fiscal planteó su línea de investigación al imputar a los cuatro detenidos, a quienes se suman un comisario y una sumariante de la comisaría 2 ª acusados de incumplimiento de sus deberes.
“Aproximadamente entre las 4.30 y las 5, luego de que Carlos Orellano sea retirado del boliche, ejercieron violencia física en cercanías del muelle 3 tras rodear a la víctima contra la baranda del río, se aprovecharon de su superioridad física y numérica, lo golpearon y determinaron con su accionar que Orellano salte la baranda de protección y caiga a las aguas del río Paraná, circunstancia que le provocó la muerte”, dijo el fiscal al expresar su teoría sobre el caso en la audiencia imputativa de febrero pasado.
Una pareja de policías que esa noche cumplía servicios adicionales en el local, que en diciembre había sido imputada en libertad por incumplir sus deberes y falsear un acta, fue acusada entonces por homicidio simple con dolo eventual. Se trata de Gabriel Nicolossi, de 38 años, y Karina Gómez, de 41, quien se encuentra al cuidado de un hijo menor de edad y una familiar con discapacidad en prisión domiciliaria.
Sus abogados, Rodrigo Mazzuchini y Antonella Travesaro, plantearon que Nicolossi atraviesa complicaciones de salud en el lugar de encierro y el juez solicitó a la Dirección del Servicio Penitenciario provincial que informe si puede ser tratada en prisión la “patología de salud psíquica que presenta”.
Los otros dos acusados son los patovicas Emiliano López, de 30 años, y Fabián Maidana, de 53, encargado de la seguridad del boliche, ambos defendidos por Jorge Bedouret y Bárbara Reynoso.
“Los imputados determinaron la caída de la víctima al agua y de esta forma su muerte. Agredieron en grupo a un chico solo, con superioridad física y numérica”, planteó el fiscal, que definió las imputaciones tras recibir estudios elaborados por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De esos informes se desprende que el cadáver de Orellano tenía lesiones por golpes producidos en vida. En tanto, un análisis realizado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) detectó la presencia de diatomeas, las algas que aparecen en el cadáver de una persona que murió ahogada.
Al completar su teoría, el fiscal indicó que la empleada Gómez dio aviso a Prefectura de la caída al río de Orellano pero “omitió informar la verdad del hecho”. Dijo que luego los imputados se retiraron sin brindar colaboración con las tareas de rescate, lo que entorpeció la búsqueda. Precisó que al joven lo sacaron del boliche cerca de las 4 pero los llamados al 911 y a Prefectura fueron recién a las 5.30 de la mañana.
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Un conocido de Orellano contó sobre aquella noche que cerca de las 4 Bocacha tuvo un altercado con una mujer patovica que después de algunos avisos lo retiró del boliche con la ayuda de otro empleado de seguridad. Según distintos testigos el chico no opuso resistencia, pero afuera se quejó con los empleados policiales y entonces comenzaron a golpearlo.
Seis pescadores dijeron que vieron a un patovica caminando por los alrededores del boliche "como alterado, buscando a alguien" hasta que una mujer, que sería Gómez, le gritó "acá está". Luego vieron que el personal de seguridad arrinconó a un joven contra la baranda con "patadas, piñas y empujones”.
Tanto las imputaciones como las medidas cautelares fueron apeladas por las defensas ante la Cámara Penal. A comienzos de abril la jueza Carolina Hernández respaldó la línea investigativa de la acusación al confirmar las medidas cautelares que volvieron a reafirmarse en la audiencia.
“Se los acusa a mis defendidos de haber determinado a Orellano a saltar al río. Es una calificación muy endeble y por eso planteamos un recurso de inconstitucionalidad”, dijo tras la audiencia el defensor Mazzuchini, quien realizó un planteo ante la Corte Suprema de la provincia respecto del encuadre legal del caso.
