En los catorce ataques a objetivos judiciales cometidos durante 2018 hubo algo más que vidrios rotos y paredes dañada. Las balas que reforzaron el mensaje “con la mafia no se jode” cargaban una dimensión simbólica de confrontación al poder institucional. Ese es, al menos, el análisis que realizaron los tres jueces del tribunal que condenó en forma unánime a Ariel “Guille” Cantero y otros seis acusados por aquella saga de balaceras. Además de fijar condenas, los jueces realizaron una serie de valoraciones previas sobre el fenómeno de la violencia y la inseguridad. Se trata de manifestaciones inusuales en los juicios, en este caso motivadas por el impacto público de los hechos y por tratarse de ataques al propio poder que los juzgó. “Esta problemática exige un abordaje a través de políticas públicas comprometidas, que superen el ámbito de lo delictivo”, reclamaron durante la lectura del veredicto.
Las consideraciones de tinte político y social que precedieron al dictado de las condenas fueron expresadas por Hebe Marcogliese, la jueza leyó el fallo unánime al que arribó con sus pares Pablo Pinto y Rafael Coria. La sentencia, tal como expresaron los magistrados, cerró una saga inédita: “Los hechos objeto de este juicio no reconocen precedente en este país”, plantearon. Es que el mismo edificio del Centro de Justicia Penal donde se realizó el juicio fue uno de los sitios atacados entre los catorce de la serie, que tuvo como blanco otras “sedes institucionales vinculadas con el quehacer judicial”, como el ex edificio del Ministerio Público Fiscal y la ex Policía de Investigaciones.
Víctimas simbólicas
Entre las víctimas de los ataques, de hecho, se cuentan cuatro colegas de los magistrados. Un juez y tres juezas de primera y segunda instancia que, antes o después de juzgar a Los Monos, sufrieron balaceras a domicilios en los que habían residido. Fueron las víctimas “simbólicas” de los ataques y declararon en el debate el mismo día que el ex ministro de Seguridad provincial Maximiliano Pullaro. El ex funcionario dio cuenta de la millonaria inversión en prevención que le acarreó al Estado esos ataques, además de las afiebradas reuniones de esos días.
En su extenso apartado conceptual, los magistrados hicieron un repaso de la logística y los medios materiales en los que se cometieron los ataques. En este punto resaltaron la relación del condenado Ariel Guille Cantero con tres bandas barriales ligadas a la venta de drogas, lideradas a su vez por personas que “llevaban adelante actos violentos de diversa naturaleza”, entre los que sobresale la “defensa del territorio para asegurar el mantenimiento del negocio de estupefacientes”.
Este entramado, para los jueces, es clave para entender qué tipo de vínculos conecta a los acusados: “Son aquellas actividades teñidas de violencia, amedrentamiento, uso de armas y comercio de estupefacientes, como demostró la prueba, las que signan el tipo de relación que los unía. La profusa información recabada ha dado cuenta de ello. Y ha permitido explicar el porqué y el para qué de estos vínculos que la Fiscalía calificó como de «espanto»”.
Naturaleza violenta
“A fuerza de la reiteración y producto de la cada vez mayor naturaleza de la violencia que signa nuestra convivencia social nos fuimos adaptando los magistrados a no bucear en los motivos de las conductas juzgadas”, señalaron los jueces, y llamaron la atención sobre estos modos “de resolver la conflictividad donde la vida propia ni ajena tienen valor”. En la saga de balaceras, indicaron, “se apreciaron con nitidez estas notas características de comportamientos violentos e indiferentes”, pero plantearon que la diferencia entre estas balaceras y otros hechos de la violencia urbana es “la motivación”. “Todos son ataques a personas vinculadas con el juzgamiento de hechos por los que fue condenado Ariel Cantero”.
Para concretarlos, consignaron, los ejecutores se valieron tanto de “armas de grueso calibre” como de “sujetos que se movían en autos o motos” y de la capacidad de organizaciones criminales para defender el territorio, sostenerlo y reclutar mano de obra. “La gran mayoría muy jóvenes, niños incluso como Franz P., quien contaba con 14 años al momento de arrojar la granada a la Policía de Investigaciones”, a quienes definieron como resortes “fungibles” que “a cambio de dinero o por escalar en la estructura criminal se encargan de materializar toda clase de actos violentos”.
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En ese escenario, según los jueces, “la respuesta no puede ser abarcada por un ceñido análisis dogmático. Los hechos en este debate han descorrido un velo, haciendo visible la magnitud de este fenómeno”, y en eso basaron su necesidad de expresarse públicamente. “Los hechos objeto de este juicio no reconocen precedente en el país. En un lapso de noventa días se llevaron adelante doce ataques con arma de fuego que no tuvieron como objeto principal a personas, sino a las instituciones que esas personas representan como integrantes de un poder del Estado, y de ahí lo paradigmático”. En definitiva, detrás de las balaceras advirtieron la actuación de “un poder, el de la violencia y del miedo, confrontando, desafiando y negando el poder del Estado, que no es otro que el de la sociedad en su conjunto”.
Un punto de inflexión
La gravedad del fenómeno, advirtieron, “no se restringe a un problema de seguridad que pueda ser resuelto en un tribunal. No depende de los kilos de droga secuestrados ni las penas que se impongan”, estrategias que no impiden la aparición de nuevos delitos. “Aspiramos a que éste sea un hito, un punto de inflexión que ponga freno a las organizaciones que ponen en vilo a las instituciones democráticas”, enfatizaron los jueces antes de remarcar que “la multicausalidad, magnitud y complejidad de esta problemática exige de una vez un abordaje prioritario a través de políticas públicas comprometidas que superen el ámbito de la incidencia delictiva, que se nutran de información y planificación, que garanticen los recursos para su ejecución y sobre todo que trasciendan a los gobiernos y a las gestiones”.
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Sobre el final, indicaron que para ello se requiere el compromiso de todos los niveles del Estado y de la ciudadanía y además reclamaron que las respuestas no se reduzcan al sistema penal con sus efectos de encierro y castigo, “sino que también, de una vez, se aborden desde la inclusión social y desde la igualdad de oportunidades. Que, entre otras estrategias, se ofrezca a los jóvenes un futuro atractivo al cual es posible llegar a partir del estudio, la capacitación y el trabajo, evitando de esta forma que sean cooptados como moneda de fácil intercambio por estas organizaciones”.
“Esa será la única manera de disminuir la violencia estructural y cultural que a todos nos castiga a todos y que parece no tener freno”, cerraron los jueces su exposición, deslizando así que las altas penas de hasta dos décadas de prisión dictadas ayer sancionan actos violentos pero no cierran un ciclo.
