La preocupación y el miedo que crecen con cada atentado sin esclarecer

Desde las primeras balaceras contra dos casas donde había vivido el presidente del tribunal que condenó a Los Monos en el juicio, Ismael Manfrín, las hipótesis más fuertes de los investigadores ponen a la banda de Las Flores como ideóloga de los atentados. Es que hasta ayer, los ataques tuvieron como blancos edificios donde residieron funcionarios judiciales y policías vinculados con la investigación y posterior juicio (ver infografía). A esa idea contribuye el hecho de que algunos de esos incidentes coincidieron con pedidos de los Cantero para no estar presos lejos de Rosario, que fueron rechazados por distintas instancias judiciales.

   Sin embargo, la particularidad más grande de los atentados es el que sus víctimas potenciales nunca han sido esos funcionarios sino parientes, vecinos o alguien que le compró una propiedad a un juez hace 15 o 30 años. Un abanico demasiado amplio como para que la preocupación y el temor no se empiecen a generalizar en distintos ámbitos.

   El lunes pasado hubo un duro comunicado del Colegio de Magistrados que exigió al Poder Ejecutivo y a la Fiscalía que pongan fin a estos ataques que consideran intimidatorios contra todos los poderes del Estado. Y días atrás el gremio de judiciales de la Nación reclamó que no se haga en los Tribunales Federales de Oroño al 900 el juicio por narcotráfico a "Los Patrones" en el que están acusados miembros de Los Monos. "En los últimos días jueces y personas que intervinieron en estas causas fueron víctimas de atentados y amenazas; situación que si se da en esta zona de la ciudad puede terminar en una tragedia tanto para los ciudadanos como para los empleados, funcionarios y magistrados", señalaron.

   En este marco de tensión y temor, a corto plazo se deben resolver dos trámites judiciales vinculados con Los Monos. La apelación a las sentencias del juicio oral, a realizarse del 14 al 29 de agosto en el CJP baleado ayer, y el juicio oral por la causa "Los Patrones" cuya cantidad de 39 imputados torna imposible albergar en los tribunales federales y ya generó la primera controversia: si se realiza en el CJP, tal como ofreció el gobierno provincial, o si los acusados podrán asistir a través de videoconferencia, método bien visto por el tribunal interviniente pero ya rechazado por algunos defensores.

   Dos trámites judiciales que ya se avizoraban complejos, por la logística de los traslados y alojamiento de los acusados, y a los que se añade el creciente temor que estas balaceras pueden estar sembrando entre quienes deban intervenir en ellos.