A las 21.25 del 3 de mayo de 2017 la bibliotecaria María de los Angeles Paris llegó hasta la comisaría 10ª, en Darragueira 1168 del barrio Alberdi, con la intención de presentar una denuncia ya que supuestamente era perseguida por un par de ladrones en moto. Una hora más tarde, y después de una serie de incidentes nunca esclarecidos, la mujer falleció dentro de la misma seccional donde había sido privada de su libertad dentro de una habitación y esposada a una silla.
A cuatro años de aquel trágico hecho de violencia institucional la querella que representa a la hija de la víctima, Erika Zalazar, y las organizaciones no gubernamentales que siguieron paso a paso la causa judicial, esperan ansiosos la realización de la audiencia preliminar que se prevé para los últimos días de este mes y que será la instancia previa al juicio oral y público al cual cinco policías llegarán imputados por la fiscal de Violencia Institucional Karina Bartocci.
Los policías que se sentarán en el banquillo de los acusados una vez que se fije la fecha del juicio y se designen los jueces del tribunal fueron imputados el 18 de julio de 2019. Se trata del comisario Silvio Cortés, quien era jefe de la 10ª el día de la muerte de María de los Angeles; y la suboficial Susana Domínguez, ambos señalados por homicidio preterintencional e incumplimiento en los deberes de funcionario público. En tanto los agentes Damián Zalazar, Silvina Gianotti y Andrea Allovatti, quienes estaban de turno en el trágico momento, fueron inculpados solamente por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Los primeros datos
María de los Angeles tenía 46 años y una hija. Trabajaba como bibliotecaria en el Complejo Educativo Francisco de Gurruchaga y en la Escuela Técnica Nº 464, el último lugar donde sus compañeros la vieron con vida. La reconstrucción hecha por la Fiscalía que lleva adelante el caso pudo determinar que a las 21.25 de aquel 3 de mayo de 20la mujer ingresó a la seccional 10ª para denunciar que “le quisieron robar en la calle”, de acuerdo al parte oficial dado a conocer por Fiscalía horas después del deceso.
El mismo informe decía que Paris reconoció que “le tenía pánico a las motos y que se ponía muy nerviosa cuando las ve pasar”, como si fuera la secuela de una persona que fue víctima de robos o arrebatos por parte de maleantes a bordo de ese tipo de rodados.
Pero antes de que pudiera hacer su exposición ante los policías, dijeron entonces las fuentes oficiales, “la mujer escapó a la carrera de la comisaría visiblemente alterada” por lo que “un par de agentes salieron a buscarla y bajo la presencia de testigos la detuvieron por el estado de alteración que sufría”.
Entonces la llevaron nuevamente a la seccional y no a un hospital, como quizás el sentido común lo habría indicado por el estado en el que se encontraba. Camino a la dependencia, Paris brindó a los agentes un número telefónico para que se contactaran con su familia. Y, siempre según la Fiscalía, desde la 10ª hablaron con un familiar de ella con quien “acordaron trasladar a la mujer a su domicilio”.
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Pero eso no ocurrió jamás. En el camino a la casa, dijeron oficialmente, “la mujer se alteró nuevamente y fue regresada a la comisaría donde fue dejada sola en un cuarto aislado” sin tener en cuenta las posibles consecuencias y sin un médico a su lado. Al rato, “no se sabe cuánto tiempo, la mujer se calmó, pero cuando un agente la fue a ver alrededor de las 22.20 la encontró sin vida, aparentemente producto de un paro cardiorrespiratorio”.
Sospechas y autopsias
Toda esa versión fue desmentida con el paso de los días y durante los cuatro años que han transcurrido desde entonces. El hermano de María de los Angeles dijo entonces que le llamaba mucho la atención “que su hermana haya sido incontrolable porque era una persona muy tranquila, muy agradable y que las situaciones que se presentaban en su lugar de trabajo las sabía resolver muy bien. Por eso en la situación donde se menciona que estaba incontrolable y que por eso la tuvieron que sujetar, esposarla y llevarla entre cuatro efectivos sospechamos que algo debe haber pasado, una situación de la que ella quería huir”.
Esas palabras fueron apoyadas por quien era directora del Complejo Educativo Gurruchaga, Fabiana Digiovanni, quien contó que la bibliotecaria “era una persona muy querida por los alumnos” y calificó como “descabellada” la versión que se indicó inicialmente de que padecía esquizofrenia. “Tratamos de desactivar esa versión pero ya estaba en todos los medios. Ella trabajaba con alumnos, lejos estaba de ser esquizofrénica. Era una chica tan sensible que si uno levantaba la voz para retar a un grupo, a lo mejor se ponía a llorar. Totalmente lo contrario a lo que se dijo. Ella adoraba a los chicos. Tenía una sola hija y vivía trabajando para darle lo mejor”.
En estos cuatro años el cuerpo de Paris fue sometido a dos autopsias. La primera, realizada en el Instituto Médico Legal de Rosario a cargo del forense Lucas Kuverling, descartó la existencia de “lesiones externas o internas de origen traumático de jerarquía suficiente indicativas de muerte violenta”. Pero los familiares de Paris pusieron en duda ese examen y solicitaron a la Justicia una segunda autopsia, la que fue realizada en octubre de 2017 por la doctora Cristina Bustos, del área de Tanatología de la Morgue Judicial de la Nación, y la perito de parte Virginia Creimer.
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Entonces el informe final fue totalmente diferente. “El dictamen de la nueva autopsia confirma lo que sostuvimos desde el primer momento. Demuestra que María de los Angeles no falleció de muerte natural sino que fue el resultado de haber sido ilegal y violentamente privada de la libertad, golpeada, esposada y sostenida boca abajo por la fuerza en el piso de un cuarto de la comisaría 10ª hasta su muerte”, indicaron sus familiares en una de las marchas que realizaron para demandar justicia y el rápido esclarecimiento de la muerte.
Y agregaron que las dos profesionales que participaron del segundo examen forense “dictaminaron no solo que la primera autopsia fue incompleta, que no fue metódica, ni adecuadamente ilustrada y por lo tanto violó las reglas establecidas por el Protocolo de Minnesota de la ONU para los casos de muerte en custodia, sino que también se omitió la investigación interna del cuello y el ineludible estudio radiológico”.
A su vez remarcaron que las expertas forenses concluyeron además que la causa de muerte fue “una arritmia cardíaca fatal como consecuencia de un estado hiperadrenérgico (síndrome confusional agudo/agitación psicomotriz/delirio excitado) generado por un mecanismo de desequilibrio a nivel molecular y electrolíticos coadyuvado por la hipoxia producida como consecuencia de la restricción física a la que fue sometida (asfixia posicional)”.
“Los politraumatismos producidos en vida fueron constatados en el brazo izquierdo, en la cara externa de la rodilla derecha, en el codo derecho, en la cara externa de tobillo y dorso del pie izquierdo, en la zona lumbar derecha, en la zona subescapular derecha, en los tejidos blandos cervicales a la altura de la tráquea, en la muñeca derecha y en la fractura de dos arcos costales, todos los cuales tuvieron entidad suficiente para generar la descarga hiperadrenérgica a la que hace alusión el dictamen forense”, dijo la familia Paris en un comunicado a partir del informe forense. Y concluyeron: "Todas las lesiones son compatibles con prácticas policiales características de malos tratos y torturas”.
Violencia institucional
En ese sentido el abogado Gustavo Feldman, quien representa a la hija de Paris en su carácter de querellante, dijo a este diario que lo ocurrido es un “típico caso de violencia institucional, categoría criminal asimilable a los delitos de lesa humanidad dada la alta vulnerabilidad de la víctima y el alto poder ofensivo del verdugo para perpetrar el delito, un dominio del hecho absoluto que deja inerme e inerte a la victima”.
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Además manifestó que “la muerte de María de los Angeles se produjo en un contexto donde el actuar policial resulta reprochable ya que a prima facie surge de la causa y la prueba recabada que el personal policial presente aquella noche debió, en razón de sus deberes de funcionarios públicos, haber actuado de manera distinta, diligente y respetuosa de las normas y protocolos que rigen y demarcan su proceder ante las diferentes situaciones planteadas. Contrario a ello, hemos podido conocer que esa noche el actuar del personal policial de la seccional 10ª fue negligente y violento”.
El letrado comentó que “si bien en su momento la querella y la Fiscalía acusaron por homicidio preterintencional a los cinco policías involucrados en lo ocurrido aquella noche de hace cuatro años en la seccional 10ª, no puede descartarse que en el desarrollo del juicio surja otro modo conductual jurídicamente más grave”. Y expresó que “en este tipo de casos, para la entretela social peor que el delito es la impunidad de quienes lo cometieron”.