La Legislatura revisa el desempeño de dos fiscales señalados por faltas graves

La Legislatura provincial tratará hoy la situación disciplinaria del fiscal jefe de la Unidad de Homicidios de Rosario, Adrián Spelta, quien fue señalado por la Auditoría General del Ministerio Público de la Acusación (MPA) por una falta grave al posibilitar con su actuación que Emanuel "Ema Pimpi" Sandoval cumpliera arresto en un domicilio donde lo mataron en octubre pasado cuando estaba imputado por un delito no excarcelable.

La Comisión Bicameral de Acuerdos analizará además un pedido similar, también por falta grave, contra el fiscal adjunto de Venado Tuerto Mauro Blanco, señalado por mal desempeño en sus funciones a partir de una relación inaceptable para su cargo con un hombre investigado por venta de estupefacientes.

La reunión legislativa fue convocada para las 11 en la Cámara de Diputados y fueron participados los doce miembros de la Comisión presidida por el senador Joaquín Rául Gramajo (PJ-9 de Julio).

El caso de Sandoval

Ambos requerimientos disciplinarios fueron formulados por la auditora del MPA María Cecilia Vranicich. El planteo contra Spelta se basa en el trámite por intento de triple homicidio que implicó a "Ema Pimpi" Sandoval en junio de 2017. Sandoval, quien cumplió condena como autor ideológico de la balacera de la casa del ex gobernador Antonio Bonfatti en octubre de 2013, fue apresado un mes después que su hermano, también acusado por la tentativa de triple crimen. A ambos les dictaron prisión preventiva que cumplieron en la cárcel de Piñero.

Poco después Spelta acordó una morigeración de prisión con el defensor de los hermanos, Fausto Yrure, con tobillera electrónica y en dos viviendas, tramite convalidado por el juez Hernán Postma. En abril de 2019, tras un nuevo acuerdo entre Spelta e Yrure, "Ema Pimpi" se mudó a una casa de Pago Largo 654, en La Florida y propiedad del camarista civil Oscar Puccinelli, donde lo ejecutaron el 25 de octubre último. Ese acuerdo fue aprobado por el juez Gustavo Pérez de Urrechu.

La auditora señaló que por el tipo de delito atribuido el fiscal Spelta nunca debió consentir que Sandoval estuviera fuera de un instituto penitenciario y objetó que haya aceptado que "Ema Pimpi" terminara en el domicilio donde lo mataron. Por estos mismos asuntos la Corte Suprema inició una investigación que hace eje en los jueces Postma, Pérez de Urrechu y también el camarista Pucinelli.

Spelta rechazó los cargos planteados señalando que nunca aceptó una prisión domiciliaria para "Ema Pimpi", cosa de la que no se habla en la audiencia, sino de una libertad alternativa para el acusado con prohibición de acercamiento, restricción del ámbito de movilidad y utilización de tobillera electrónica. Para la auditora ese ámbito territorial donde tenía que estar Sandoval no era otra cosa que el domicilio donde lo mataron por lo que hubo, de parte de Spelta, una tergiversación de la realidad mediante el discurso. El fiscal niega tal cosa terminantemente.

Un régimen polémico

En ese marco Spelta impugna el mecanismo disciplinario por el cual será la Legislatura la que examine su conducta. Y dice que el procedimiento es inconstitucional porque es una desviación de poder, dado que antes la facultad de juzgar las faltas estaba en manos del Poder Judicial y la Legislatura en 2018 se la concedió. Y además manifiesta que el trámite es de escasa calidad porque le quita garantías de defensa.

Esa posición encontró fuerte respaldo ayer en la Asociación de Fiscales y Funcionarios del MPA, entidad que indica que el procedimiento que utilizará la Legislatura es un avasallamiento a su autonomía y que carece de los mecanismos que aseguren el derecho de defensa de un acusado (ver aparte). No se trata de un cuestionamiento a la acusación sino al método de acción.

Sobre este asunto subyace una controversia política y jurídica que cumplirá tres años sin ser saldada. El régimen disciplinario del MPA, en manos de los fiscales regionales, estuvo vigente hasta diciembre de 2017. En ese momento la Legislatura aprobó por unanimidad la ley 13.695 sin ningún debate en el recinto que le sacó las facultades disciplinarias al MPA sobre los fiscales inferiores de manera completa y se la otorgó a la Legislatura. A fines de 2018 se promulgó la ley actual, la 13.807, que deja en manos de la Legislatura las faltas graves.

Los régimenes que le asignaron a la Legislatura las facultades disciplinarias fueron cuestionadas por inconstitucionales ante la Corte Suprema provincial por la Asociación de Fiscales en 2017 al entender que así se evitaba que los fiscales pudieran investigar a los legisladores, cuando había cuatro causas por enriquecimiento ilícito contra funcionarios del Poder Legislativo en manos de fiscales inferiores. Si los legisladores podían sancionar o remover fiscales, lo que obtenían era un mecanismo de disciplinamiento. La Corte Suprema aún no se pronunció sobre este régimen.

La defensa de Spelta señaló que aunque la ley vigente le devolvió al MPA el poder disciplinario dejó abierta una vía de escape ilegal al conservar para el Poder Legislativo las denuncias o sanciones contra fiscales de grado por faltas graves. La Asociación de Fiscales apuntó ayer eso en un comunicado señalando que Spelta habrá de ser evaluado con un criterio "de naturaleza político".

El fiscal venadense

El segundo caso analizado es el del fiscal venadense Mauro Blanco. La auditora del MPA remitió su legajo a la Legislatura por considerar que el incidente que lo implica puede conllevar una sanción superior a los 60 días, que es la máxima que puede aplicar en su ámbito.

Intervenciones telefónicas de la Justicia Federal de Venado Tuerto que investigaba a un vendedor de drogas detectaron contactos de éste con el fiscal. A raíz de lo informado por la Auditoría, Blanco habría utilizado información suministrada por el dealer para avanzar con medidas de búsqueda de armas de fuego a raíz del robo de una camioneta y la privación de la libertad de su dueño.

Lo que estiman los investigadores que decidieron separar de ese legajo a Blanco es que no se asentó el origen de esa información en ningún lado, no pidió a un juez una orden de allanamiento y avanzó en su lugar con una modalidad llamada "registro domiciliario voluntario" para buscar esclarecer ese delito presunto. Esa conducta fue considerada un acto inaceptable y de mal desempeño.

La comisión de Acuerdos también tiene pendiente tratar el pedido de investigación disciplinaria del fiscal Regional de Rosario Patricio Serjal requerido por el fiscal general de la provincia Jorge Baclini. Pero el asunto no forma parte del orden del día fijado para la sesión de hoy.