La Defensoría Penal se quejó por falta de personal y recursos

reunión. Jacquelina Ana Balangione presidió la cita de los defensores.

El Servicio Público de la Defensa Penal de la provincia criticó duramente el proyecto de traspaso de personal del sistema judicial conclusional al Ministerio Público de la Acusación "relegando de manera expresa" los recursos que reclaman y poniendo de manifiesto una inequitativa distribución de los mismos.

El reclamo surgió de una reunión que mantuvieron los defensores regionales Leandro Miró (Santa Fe), Gustavo Franceschetti (Rosario), Mariano Mascioli (Venado Tuerto), Valeria Lapissonde (Reconquista) y Estella Moreno (Rafaela), junto a la titular de la Defensoría provincial, Jacquelina Ana Balangione.

Los funcionarios acordaron que "la falta de defensores públicos en función proporcional a los integrantes del Ministerio Público de la Acusación implicará denegación de justicia y vulneración de todos los estándares internacionales en materia de acceso a la misma", e indicaron que están frente al "apartamiento de la pauta de paridad" establecida en la ley que regula el funcionamiento del Servicio Público de la Defensa Penal.

La norma establece que "el Estado asume que el resguardo efectivo de los derechos de toda persona sometida a persecución penal sólo es viable en tanto se garantice a las mismas la cobertura real del derecho a contar con asistencia técnica legal", y habla de la "proporcionalidad numérica entre la cantidad de personas sometidas a penas privativas de la libertad y el número de defensores encargados de sus derechos". De ese modo, los defensores acordaron que "el traspaso de la totalidad de las causas a la Defensa Pública sin traspaso de recursos implica el desvío de aquellos que se pensaban necesarios para implementar la tarea a otras órbitas".

Asimismo, los defensores dejaron en claro que "incrementar el número de fiscales sin nuevos defensores traerá problemas de funcionamiento". Y pusieron como ejemplo que "si en las Toscas se hiciera la transferencia legislativa proyectada, la Fiscalía tendría cuatro funcionarios requiriendo audiencias a un solo defensor". Mientras que en Rosario se daría el traspaso de "32 fiscales mientras únicamente habrá sólo tres nuevos defensores".

Los funcionarios sostienen que, "con la excepción de Rosario y Santa Fe, en ningún otro lugar de la provincia se traspasarían funcionarios a la Defensa, por cuanto los defensores con asiento del interior se resguardarían con competencia civil en la órbita de la Corte Suprema".

Por último, los defensores remarcaron que "la alteración de las tareas de los funcionarios y dependientes del sistema residual, sin permitirles manifestar su expresa voluntad de pertenecer a la Defensa Pública, implica un desconocimiento de los derechos individuales de los trabajadores".