La decisión responde a un planteo del fiscal por un presunto vínculo del magistrado con el entorno del tesorero. La causa podría cambiar de jurisdicción
Revés judicial en la causa contra Chiqui Tapia y Pablo Toviggino
La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán apartó al juez federal Sebastián Argibay de la causa que investiga presunto lavado de dinero y asociación ilícita en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), expediente en el que el fiscal pidió la detención de Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino.
La decisión respondió a un planteo del fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Eugenio Simón, quien cuestionó la imparcialidad del magistrado por un supuesto vínculo con el entorno del tesorero de la AFA.
El eje de la recusación se centró en una operación inmobiliaria: Pilar Argibay, hija del juez, vendió un terreno a Darío Toviggino, hermano de Pablo Toviggino. Según el fiscal, esa relación compromete la objetividad del magistrado en una causa que investiga movimientos patrimoniales del entorno del dirigente.
La jueza Marina Cossio, integrante de la Cámara, aceptó la recusación y resolvió el apartamiento de Argibay, lo que abre un escenario de incertidumbre sobre la continuidad del expediente.
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Tras el apartamiento del juez, el expediente deberá pasar a otro magistrado. En principio, podría subrogar el juez federal Guillermo Molinari, aunque actualmente se encuentra de licencia por razones de salud.
Si Molinari no asume, la causa podría quedar en manos de jueces federales de otras jurisdicciones, como Miguel Contreras o Guillermo Díaz Martínez, de Catamarca, o José Díaz Vélez, de Tucumán.
Días antes de la resolución, el fiscal Simón solicitó la indagatoria y detención de Tapia, Toviggino y una veintena de imputados. También requirió allanamientos, peritajes y la inhibición general de bienes sobre empresas, inmuebles y vehículos vinculados a los investigados.
En su dictamen, la fiscalía imputó a Toviggino como presunto jefe de una asociación ilícita y señaló la existencia de supuestos testaferros que habrían intervenido en maniobras de blanqueo de dinero.
El pedido se apoyó en informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), la Inspección General de Justicia y registros migratorios. Según el fiscal, estos documentos muestran adquisiciones y movimientos financieros que no coinciden con los ingresos declarados.
La investigación apunta a una red de sociedades y bienes vinculados a Toviggino y su entorno. Bajo análisis aparecen estancias, propiedades urbanas, vehículos y activos financieros como plazos fijos, acciones y operaciones con dólar MEP.
Los investigadores sospechan que esos bienes se adquirieron con fondos que habrían salido de la AFA a través de maniobras de lavado.
La víctima iba junto a cuatro mujeres, todos militantes de la Utep de Santa Fe que viajaban a Buenos Aires para participar en una actividad gremial.
Por Florencia O’Keeffe
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