Mientras la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario analiza las argumentaciones presentadas el viernes para rebatir los procesamientos de los cinco implicados en el denominado "caso Tognoli", ayer se conoció que la defensa del ex jefe de la policía de Santa Fe presentará una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington. La presentación se realizará más allá de la decisión que adopten los camaristas locales, quienes para ello tienen cinco días hábiles por delante, y le dará carácter de internacional a la causa.
Carlos Edwards, defensor del comisario Hugo Tognoli, adelantó que el reclamo que presentará ante el órgano dependiente de la Organización de Estados Americanos (ver aparte) se basará en los mismos tres puntos que desarrolló el viernes ante la Cámara Penal cunado defendió su apelación al procesamiento: "La falta de independencia e imparcialidad de los fiscales subrogantes que actuaron y que no fueron nombrados" de acuerdo a la Ley Orgánica del Ministerio Público; la "violación del derecho de libertad" de Tognoli que está detenido sin que "represente ninguna peligrosidad procesal"; y "la lesión al principio de legalidad en materia penal" ya que al jefe de policía se lo acusa por "una figura jurídica como la empresa criminal conjunta que se aplica para delitos de lesa humanidad o crímenes internacionales, pero no para delitos comunes como el que se investiga en esta causa".
Seis meses y medio después de que el diario Página/12 revelara la investigación que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) hizo en 2009 y que derivó en la denominada "causa Tognoli", el expediente parece estar más activo que nunca. Desde hace diez días los camaristas Elida Isabel Vidal y Edgardo Bello están escuchando periódicamente en la sala de audiencias de Entre Ríos al 400 los distintos argumentos de los abogados defensores respecto a la situación procesal de los acusados: el ex jefe de policía de Santa Fe, Hugo Tognoli; el empresario Carlos Andrés Ascaíni, un vecino de Villa Cañás sindicado como vendedor de drogas; el comisario Néstor Beto Fernández, quien estuvo a cargo de la Brigada Operativa de la ex Drogas Peligrosas de Venado Tuerto; y el cabo Carlos Quintana, quien se desempeñaba en la comisaría de Villa Cañás y junto a Fernández habrían colaborado para proteger a Ascaíni de una investigación que la hacía la PSA con persecuciones incluidas. Mientras los dos primeros están imputados de participar de una "empresa criminal conjunta" para la venta de estupefacientes, los otros dos están acusados de ser partícipes en la comercialización de drogas; y el ex comisario mayor Oscar Alberto Ledesma está procesado por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Los por qué. "Si bien la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que para la admisión de una petición la CIDH requiere que se hayan «agotado los recursos de jurisdicción interna», la misma jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Velásquez Rodríguez del 26/6/87, excepciona dicho principio estableciendo que resulta procedente la denuncia antes de agotar la vía recursiva en el derecho interno por «la inefectividad de tales recursos o la inexistencia del debido proceso legal»", argumentó Carlos Edwards.
"Es decir que cuando los recursos de derecho interno resultan ineficaces es viable la denuncia ante la Comisión", agregó el profesional. Y explicó que "en este caso, tal ineficacia radica en que el propio gobernador Antonio Bonfatti ha sostenido que se trata de una «causa armada», y el ex gobernador Hermes Binner dijo en una entrevista que a Tognoli «lo tienen detenido y todavía no encuentran por qué" (ver aparte).
Tres puntos. La denuncia que presentará el abogado que con el caso Dieser/Fraticelli expuso las falencias del sistema procesal penal de la provincia está basada en tres puntos. "Las garantías que consagra la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en nuestro país goza de jerarquía constitucional, han sido violadas en la causa que se le sigue a Tognoli", dijo Edwards. Y mencionó: "no existe independencia e imparcialidad de los fiscales en razón de que todos quienes intervinieron en la causa son «subrogantes» y consecuentemente no han sido nombrados de acuerdo al procedimiento que establece la ley Orgánica del Ministerio Público".
La elección de los fiscales "consiste en un mecanismo de selección basado en el concurso público de oposición y antecedentes del cual surge una terna que el Procurador General eleva al Poder Ejecutivo y éste proponé a uno de los candidatos al Senado, quien finalmente prestará el acuerdo respectivo con la mayoría simple de sus miembros presentes, lo cual no sucede con ninguno de los tres fiscales que intervienen en este proceso", indicó el abogado en referencia a Liliana Bettiolo, Juan Patricio Murray y Federico Reynares Solari.
"Por otro lado, también se violentó el derecho a la libertad personal durante el proceso penal atento a que mi cliente no presenta ninguna peligrosidad procesal y sin embargo continúa detenido, mientras que otros coimputados, con mayor compromiso probatorio, están libres", explicó el abogado.
Y concluyó: "En este caso se lesionó el principio de legalidad en materia penal al fundarse la responsabilidad de mi defendido en una figura jurídica como la empresa criminal conjunta que se aplica para delitos de lesa humanidad o crímenes internacionales, pero no para delitos comunes como el que se investiga en esta causa".
¿Qué es la CIDH?
"La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano autónomo de la OEA cuyo mandato surge de la Carta de ese organismo y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Actúa en representación de todos los países miembros de la OEA y la integran siete jueces independientes que se desempeñan a título personal, no representan a ningún país y son elegidos por la Asamblea General", según se explica en www.facebook.com/CIDH.OEA
