Policiales

La comisaría 10º, la ley de la selva y la regulación del delito

Seis policías de la seccional de zona norte fueron imputados por favorecer a una banda narco incriminando sin pruebas a dos presuntos rivales

Miércoles 22 de Septiembre de 2021

Seis policías que cumplían servicio en la comisaría 10º fueron imputados por una serie de delitos vinculados a la protección de una banda narco. Quedaron en prisión preventiva por 90 días por favorecer a un grupo que pagó para que vincularan con evidencia falsa a dos miembros de una banda rival. "Una especie de ley de la selva nada más que utilizando medios formales", describió la fiscal Valeria Haurigot en una conferencia de prensa realizada este miércoles.

"Nos ensuciaron a nosotros y a la sociedad en su conjunto y a la propia institución (por la policía)", dijo en rueda de prensa Haurigot, parte de la unidad fiscal especializada en la investigación de balaceras. Este martes su par Federico Rébola imputó de cohecho y falsedad ideológica de documento público e incumplimiento de deberes de funcionario público a seis policías. Así quedaron en prisión preventiva el comisario supervisor y jefe de la comisaría 10º, Gerardo Malpassi; el subcomisario Sebastián Ojeda; los oficiales Walter Graff y Juan Pablo Sosa; la suboficial Natalia Sánchez y el oficial Héctor Mario Dallia. "Lo que se verificó en la comisaría 10ª es un ejemplo redondo de lo que es conceptualmente la regulación policial del delito", analizó la fiscal.

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La investigación conecta al presunto delito cometido por los policías con la intención de favorecer a los integrantes de la banda conocida como "Los Pimpis", herederos de Emanuel "Ema Pimpi" Sandoval, asesinado en octubre de 2019. Según la imputación la trama delictiva de los policías de la comisaría 10º comenzó a ventilarse a partir de que dos mujeres que habían declarado en el marco de una causa por una balacera ocurrida en abril confesaron en fiscalía que habían mentido bajo presión de integrantes de "Los Pimpis".

Tomás Agustín "Tomy" G., de 19 años, y Andrés Adrián "Pancita" R. de 22, señalados de integrar la banda de "Patri", fueron detenidos el 21 de junio por la balacera ocurrida en abril. Luego fueron imputados por los fiscales Haurigot y Pablo Socca y la jueza María Trinidad Chabrera les dictó la prisión preventiva por 90 días. La imputación se basó en el testimonio de una joven que había asegurado ser víctima de una amenaza y de otra que se había negado a vender drogas para "Patri" y a tener relaciones sexuales con uno de sus miembros.

Fue 15 días después que estas dos mujeres se presentaron con sus abogadas para admitir que habían mentido por presión de los integrantes de "Los Pimpis". A cambio de brindar el testimonio falso que se volcó en un acta policial, una de ellas recibió 50 mil pesos y la otra droga.

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En la audiencia el fiscal Rébola indicó: “Dicha maniobra criminal fue concretada a cambio de dinero que la banda de Los Pimpis entregaba regularmente a la comisaría 10ª, siendo ésta la única explicación lógica por la cual funcionarios públicos pudieron haber hecho eso a sabiendas de que acarrearía muy probablemente la detención de personas inocentes”. A partir de ahí es que este miércoles la fiscal Haurigot habló de "una especie de ley de la selva nada más que utilizando medios formales".

Para la fiscal esta imputación devela mucha gravedad por el contexto en el que ocurre. "La cantidad de balaceras que hay nos obliga a estar pensando todo el tiempo los modelos de investigación", indicó. En ese sentido la policía aparece como parte de la problemática y no de la solución. Tal como lo expresó Haurigot: "Lo que se verificó en la comisaría 10ª es un ejemplo redondo de lo que es conceptualmente la regulación policial del delito"

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