La comisaría 10ª en particular y la policía como institución sumaron una nueva mancha. La detención de seis efectivos de la dotación de la seccional ubicada en Darragueira al 1168, barrio Alberdi, puso sobre la mesa otro ejemplo de como algunos integrantes de la fuerza policial gerencian el delito y conforman el círculo vicioso en el que está sumergida buena parte de la ciudad. Entre los presos están el jefe de la seccional, uno de los dos subjefes, y cuatro suboficiales que quedaron bajo sospecha de cobrar dinero de una de las bandas en puja en un territorio en guerra como lo son los barrios La Esperanza, El Churrasco, Parque Casas y La Cerámica para beneficiar a una gavilla conformada por los sucesores del asesinado Emanuel “Ema Pimpi” Sandoval.
Según la investigación en manos del fiscal de la Unidad de Balaceras Federico Rébola, allegados a “Ema Pimpi” pusieron dinero a víctimas y policías para lograr el encarcelamiento de dos tiratiros de una banda rival. La treta fue descubierta cuando dos víctimas se desdijeron ante el el fiscal y contaron que habían sido forzados a realizar una falsa denuncia que llevó tras las rejas a Tomás Agustín “Tomy” G., de 19 años, y a Andrés Adrián “Pancita” R., de 22. Los dos fueron detenidos e imputados en junio pasado. Entonces les impusieron la prisión preventiva por el plazo de ley, es decir al menos dos años, hasta este viernes cuando recuperaron la libertad.
Desde hace más de una década la seccional 10ª, una de las más extensas en la cobertura geográfica de Rosario, queda bajo la lupa por diferentes denuncias de vecinos. El más grave y conmocionante de esos hechos fue, quizás, la muerte en esa comisaria de María de los Ángeles Paris, docente que trabajaba como bibliotecaria en la Escuela Gurruchaga y en la Escuela Técnica 464, quien falleció bajo custodia policial después de haber ido a realizar una denuncia a esa seccional la noche del 3 de mayo de 2017. El jueves, a partir de las 17, la seccional fue copada por una dotación de efectivos de la Agencia de Control Policial (ACP, la ex Asuntos Internos) bajo las órdenes del fiscal Rébola. Si bien la imagen fue socialmente conmocionante a nadie en el vecindario sorprendió.
Eso fue el puntapié inicial que terminó con la detención de jefe de la 10ª, Gerardo M.; uno de los subjefes, Sebastián O.; y los suboficiales Walter G., Juan Pablo S., Héctor D. y Natalia S., esta última una de las sumariantes de la comisaría. En principio, los seis serán imputados el martes próximo por el fiscal Rébola, quien los acusará por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho y falsedad ideológica de instrumento público.
“Esta es una causa en la que hubo que esperar diez días para realizar los allanamientos porque no se podían conocer con certeza las direcciones de los sospechosos y los lugares en los que se desempeñaban. Héctor D. figuraba en la base de datos prestando servicios en la 10ª pero en realidad trabajaba en la ciudad de El Trébol, una vergüenza”, indicó una fuente allegada a la investigación.
Pudo saberse que el fiscal envió un oficio a la jefa de policía de provincia, Emilse Chimenti, para que a la brevedad se regularicen la base de datos de direcciones del personal policial como así también de destinos de los uniformados. A media mañana de este viernes desde el Ministerio de Seguridad se ofició la disponibilidad preventiva de los policías detenidos. Casi en paralelo, y luego de prestar declaraciones testimonial, Tomás Agustín Tomy G. y Andrés Adrián Pancita R. recuperaron la libertad.
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El jueves 24 de junio dos muchachos de los barrios El Churrasco y Larrea fueron imputados por los fiscales de la Unidad de Balaceras Valeria Haurigot y Pablo Socca por una serie de ataques a balazos y amenazas dirigidos contra una testigo de una tentativa de homicidio y otra joven que se negó a vender drogas para ellos y a tener relaciones sexuales con uno de los integrantes de la banda de "Patri" Soria a cambio de dinero.
Esta gavilla se presenta como rival de los herederos de los sucesores de “Ema Pimpi” Sandoval, asesinado en octubre de 2019 por un grupo comando en una casona de barrio La Florida donde cumplía prisión domiciliaria. Una de las víctimas fue baleada la noche del 3 de abril pasado en Maciel al 1200. También fue atacada a tiros desde una moto una casa de Chiclana al 1200 los días 1º y 2 de junio pasado. Tras escuchar a las partes, la jueza María Trinidad Chiabrera dictó para los detenidos la prisión preventiva por el plazo de ley. Hasta ahí nada del otro mundo donde las balaceras diarias en Rosario oscilan entre 5 y 20, según el tiempo del que se hable.
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Sobre mediados de julio, 15 días después de la acusación, el fiscal Rébola recibió la visita de la abogada que patrocinaba a las víctimas de los ataques y a sus pupilas, quienes manifestaron que si bien las balaceras habían existido ellas habían mentido para incriminar a Tomy y a Pancita por una remuneración. A una de las chicas, adicta a los estupefacientes, le pagaron con drogas. A la otra le dieron 50 mil pesos. En un juego donde la mentira es moneda corriente, el fiscal dudó. No es poco habitual que por aprietes una víctima intente retirar una denuncia contra una banda violenta. Pero les tomó declaración y comenzó a destejer la madeja de una mentira en ciernes.
El hilo conducía directamente hacia la comisaría 10ª, su cúpula y varios empleados. Y con lo que se encontró el fiscal, al menos hasta este momento de la pesquisa, fue con una sociedad entre empleados de la comisaria con los herederos en la calle de Ema Pimpi. Básicamente, la relación funcionaba a partir de que la banda reclutaba vendedores de drogas y al que se negaba, en la seccional le inventaban una causa en la comisaría. Una de las primeras medidas de Rébola fue ordenar el secuestro del libro de guardia de la 10ª y así pudo cotejar con la central del 911 la incidencias en la que se registraron los hechos. Ningún dato coincidía. Las víctimas arrepentidas habían relatado que las declaraciones que firmaron en la 10ª fueron un burdo dictado de un suboficial a la sumariante. "Las mujeres sólo asentían con la cabeza. Y después firmaron", indicó un vocero de la causa. Dos policías atestiguaron en sintonía con las víctimas arrepentidas. Dijeron que el acta de procedimiento había sido fraguada.
Sin cámaras
Otro elemento que requirió el fiscal fueron las filmaciones de la cámaras de videovigilancia que debía tener la seccional de calle Darragueira. Ahí se topó con que los registros no existían porque las cámaras no funcionan desde que, tras la muerte de la bibliotecaria Paris, fueran retirados las grabadoras de DVR. “¿Cómo puede ser que en una comisaría donde murió una persona en las circunstancias en la que murió la bibliotecaria no haya cámaras?”, preguntó la fuente consultada. La frutilla del postre para los investigadores ocurrió ya entrada la noche cuando uno de los sospechosos se presentó en la sede de la ACP para entregarse. El policía dijo que estaba cursando en una facultad y que camino a su casa fue anoticiado de que era buscado por la ley. Ante ello decidió presentarse voluntariamente pero sostuvo que en el trayecto perdió su celular, que debía ser entregado para ser peritado como el del resto de sus compañeros.
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La comisaría 10ª comprende un amplio territorio. Desde el límite norte del municipio y el río Paraná en el este; hasta el arroyo Ludueña, avenida Portugal y Juan B. Justo al sur; y al oeste las vías del ferrocarril Belgrano, Casiano Casas, Doctor Vila y las vías del Mitre. Una geografía que, en conjunto con la jurisdicción de la seccional 30ª, está bajo fuego y en disputa por el control de las calles.
Una cuestión que quedó evidenciada cuando, en paralelo al allanamiento de la 10ª, se produjeron dos balaceras. Una fue en Esquivel al 1300, en la casa de uno de los hermanos de Ema Pimpi, en cuyo frente podían contarse alrededor de 20 disparos. La otra, en Calvo y Gallardo, donde un vecino ajeno a todo resultó herido con dos disparos. En la escena se recogieron 25 vainas servidas. “El problema es que en este barrio estamos rodeados de búnker de venta de drogas”, relató indignada una vecina. Es en ese territorio en el que media docena de policías administraban la calle en una aparente connivencia con la banda de los sucesores de Ema Pimpi.
