Comenzó el juicio oral contra Roberto Yalil Azum, para quien piden 27 años de cárcel. Hay otros cuatro acusados que pertenecían a la organización ilegal. La relación con referentes de la barra de Newell's
En la investigación por la asociación ilícita que le atribuyen liderar a Yalil Azum se allanó el Club Echesortu, donde al parecer tenía una oficina.
Cinco personas comenzaron a ser juzgadas por integrar una asociación ilícita cuyo liderazgo atribuyen a Roberto Yalil Azum y dedicada a una multiplicidad de negocios que van desde el juego clandestino hasta la usura y el lavado de activos con fondos narco y otras actividades delictivas.
Ante un tribunal integrado por los jueces Aldo Bilbao Benítez, Lorena Aronne y Hebe Marcogliese, los fiscales Alejandro Ferlazzo y Viviana O'Connell pidieron 27 años de cárcel para el sindicado líder del grupo, de 47 años y también acusado por su participación secundaria en un homicidio y por dos hechos de encubrimiento a prófugos por crímenes resonantes, entre otros delitos resonantes cometidos por personas que eran referentes de la barra brava de Newell's Old Boys.
En su alegato de apertura los fiscales también pidieron 20 años de prisión para el Alejandro Sharif Azum, hermano del sindicado líder de la banda y 14 años para Lisandro Gustavo Scalcione como organizador de la asociación ilícita y como coautor de delitos de encubrimiento agravado, usura y juego clandestino. A su vez pidieron nueve años para Mariana García, acusada como organizadora, y para el sindicalista Maximiliano González de Gaetano como miembro del grupo y por juego clandestino.
Según indicaron los fiscales en la acusación, la asociación ilícita comenzó a operar al menos desde fines de noviembre de 2016 hasta 2021, cuando fueron detenidos los hermanos Azum. Entre los negocios que se le atribuyen a la organización los fiscales destacaron “una oficina que centraliza diversos negocios, entre ellos la usura, explotación de una plataforma de juego en línea, alquileres y compraventa de vehículos e inmuebles, así como una flota de taxis que forman parte de la operatoria de blanqueo de capitales provenientes de diferentes actividades delictivas, inclusive narcotráfico”.
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Los fiscales remarcaron que los investigados “cuentan con relaciones en diversos estamentos del estado, con acceso a protección policial y política a nivel nacional, por lo que el poder no solo adquisitivo sino de las relaciones coloca a esta organización en un marco de extrema complejidad”.
En ese sentido explicaron que en 2016, a partir de la aparición de una granada en inmediaciones del club Newell's Old Boys, la Fiscalía de hechos con imputados no individualizados comenzó una investigación sobre delitos violentos que implicaban a miembros de la barra brava que puso en el radar a una serie de actores vinculados con la venta de droga, homicidios, amenazas y otros delitos violentos. Así, se detectaron tres bandas distintas y la pesquisa se dividió.
Entre las primeras cuestiones que se detectaron estuvo la participación de Alejandro Azum en negocios con Ariel “Tubi” Segovia, un pesado de la barra que le daba dinero a los hermanos para que llevaran adelante distintos negocios como préstamos usurarios. Yalil Azum fue ubicado como quien administraba propiedades y otros bienes de Segovia.
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Scalcione fue vinculado con Azum como persona de confianza que empezó haciendo trabajos de instalaciones eléctricas, aire acondicionado y cámaras de vigilancia. Pero con el tiempo comenzó a “participar activamente de los negocios ilícitos” de Yalil que en 2018 lo ubicó como su mano derecha en negocios que tenía en Córdoba, adonde viajaba llevando y trayendo dinero. Luego, según los fiscales, comenzó a encargarse de la contabilidad de los préstamos e incluso de su aprobación. En 2021 comenzó a organizar una plataforma de juego clandestino y también mantuvo reuniones con un contador para blanquear el negocio de la financiera.
Mariana García, por su parte, colaboraba en su carácter de pareja de Yalil con la administración y alquileres de los inmuebles, además de “recibir, anotar y entregar dinero producto de los préstamos” y administrar la flota de taxis. En cuanto a González de Gaetano, se le achaca haber iniciado el negocio de juego clandestino luego de haber realizado compras de dólares en negro.
Entre los delitos atribuidos a Azum está su imputación como partícipe secundario en las acciones que derivaron en el crimen por error de Lorena Ojeda. La chica de 16 años fue asesinada la noche del 16 de diciembre de 2016 en la puerta de su casa de Vera Mujica al 2900 por una gavilla que había llegado hasta allí para evitar que la hermana de la víctima reconociera a Tubi Segovia en una rueda de testigos que estaba pautada para esa semana.
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En este caso Azum y su hermano fueron acusados de colaborar en la logística del ataque a pedido de Segovia. Escuchas judiciales de la investigación por el crimen de Ojeda revelaron que en los días previos Tubi se comunicó con Yalil para que pusiera a su disposición vehículos y personas. Según la evidencia, Azum le pidió a su hermano que se ocupara del encargo.
También se registraron conversaciones posteriores en referencia al mismo hecho por el cual, asimismo, ya cumplió una condena a cuatro años el entonces abogado de Segovia, Marcos Cella, por haber intercedido para que la rueda de reconocimiento pautada para el 14 de diciembre fuera postergada.
Otros condenados por la ejecución del crimen de Ojeda fueron Cristian Mario Gonzalez, Fernando Andres “Andy” Caminos y Enrique Adrián “Cable” Solís. También estaba acusado Segovia, pero en su caso el expediente fue archivado cuando lo mataron en la cárcel de Coronda en 2018.
Otro delito que se le achaca a Azum, también vinculado con la barra rojinegra, tiene que ver con el asesinato de Jonatan “Bam Bam” Funes perpetrado el 5 de febrero de 2018 en el cruce de las rutas A-012 y 14. La víctima apenas había salido de la cárcel de Piñero, tras visitar a sus hermanos Alan y Lautaro, cuando fue emboscado por Cable Solís y Emiliano “Jija” Avejera, por entonces líder de la barra de Newell's.
En este caso se le achaca a Azum haber ayudado a Jija a mantenerse prófugo consiguiéndole un departamento en la ciudad de Córdoba para que se ocultara. Pero además se lo acusa de haber mantenido en funcionamiento los negocios de Avejera. En este esquema, por el cual Azum está imputado de encubrimiento agravado por la gravedad del delito precedente, también está implicado Scalcione. El dispositivo de ocultamiento funcionó hasta el 10 de septiembre de 2018 cuando detuvieron en Córdoba a Avejera, finalmente condenado junto con Solís a prisión perpetua por este crimen.
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Yalil Azum también fue imputado de encubrimiento por otro caso similar como haber colaborado con Joaquín Pérez para mantenerse oculto por el crimen del comerciante Edgardo Giménez, asesinado en un asalto en su negocio de Granadero Baigorria el 30 de abril de 2014. Pérez estaba preso en Coronda pero el 28 de junio de 2017 un “error administrativo” del Servicio Penitenciario permitió que quedara en libertad, cuestión que el acusado aprovechó para darse a la fuga y mantenerse prófugo casi un año hasta que fue recapturado en Córdoba.
En este caso le achacan a Azum haber viajado el 2 de junio de 2018 junto con Pérez y otras personas desde Córdoba a Rosario, para alojar al prófugo en su domicilio de Balcarce al 3700. Al día siguiente el fugitivo se mudó a un hotel mientras Yalil seguía gestionando su libertad. Días después el evadido fue recapturado y en noviembre de ese mismo año lo condenaron a 25 años y medio por el crimen y otros delitos.
Otra imputación que alcanza a casi todos los acusados tiene que ver con la explotación, durante algunos meses de 2021, de tres plataformas de juegos de azar que no contaban con autorización de la Dirección General de Casinos y Bingos de la provincia de Santa Fe. Para los fiscales los hermanos Azum, junto con González de Gaetano, aportaban el capital para invertir y se repartían entre ellos las ganancias.
En ese esquema se imputó a Scalcione como organizador, ya que aseguraba “lo necesario para la puesta en funcionamiento de las distintas plataformas, intermediaba con los proveedores, administraba los créditos para los juegos y se encargaba de llevar los números al día”. Otro imputado en el esquema es Iván Nicolás Gómez, encargado de cargar crédito a los jugadores entre otras tareas, quien aceptó una condena mediante un juicio abreviado.
En cuanto a las acusaciones por usura, la imputación contra Azum es por “haberse desempeñado de manera profesional y habitual como prestamista de dinero con intereses usurarios desde el 25% al 50% mensual según los casos, desde al menos 2012. Los préstamos se efectivizaban en la mayoría de sus casos a través de la red social WhatsApp, que era difundido mediante folletos o por recomendación de clientes”.
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Según la acusación, ese grupo de Whatsapp era gestionado por Scalcione que recibía los mensajes de los interesados a quienes le pedía foto de DNI, factura de servicio que acreditara domicilio donde pasar a buscar los pagos y un recibio de sueldo o documento que acreditara la solvencia. El cliente enviaba la documentación al chat, Scalcione lo analizaba y determinaba hasta cuánto podían prestarle y en cuántas cuotas semanales o mensuales.
Los préstamos debían ser autorizados por Azum y las cuotas eran percibidas por cobradores que pasaban por los domicilios que les indicaba Scalcione, salvo aquellos de mayores montos que eran atendidos directamente por Yalil. La investigación comprobó veinte préstamos usurarios de este tipo entre 2020 y 2021, con tasas de interés “totalmente desproporcionadas” comparadas con las aplicadas entonces por entidades bancarias.
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