Los seis mendocinos y chilenos llegaron a Rosario en dos autos y alquilaron una
casa amoblada de la zona oeste, pero a los pocos días fueron detenidos tras robarle 18 mil pesos a
una mujer en una salidera bancaria. Con la misma rapidez de su caída, sólo dos semanas después
fueron condenados a un año y seis meses de prisión condicional, repararon económicamente a la
víctima y quedaron en condiciones de volver a sus domicilios, con el caso cerrado en tiempo
récord.
Lo que medió para que fueran condenados fue un procedimiento de juicio
abreviado. Una herramienta que podía usarse en la Justicia santafesina en la etapa de juicio, pero
que la reciente reforma del Código Procesal Penal extendió a las causas que apenas se inician.
Así, en poco más de diez días, los detenidos recibieron sentencia y
ofrecieron una reparación sin las demoras del proceso ordinario. Es un tiempo inédito en resolver
un caso con sentencia en la provincia, el último Estado latinoamericano donde aún perdura el
proceso escrito.
El juicio abreviado se produjo por un acuerdo entre el abogado de los
detenidos, Paul Krupnik, y el fiscal del caso, Ismael Manfrín, sobre el delito y la pena a imponer.
Los imputados admitieron el robo y aceptaron el monto de la condena. También ofrecieron como
reparación a la víctima el dinero ajeno al robo que les secuestró la policía, unos 3.500 pesos
entre moneda argentina y chilena. En estos días recuperarán la libertad con la condición de fijar
un domicilio en la provincia de Mendoza o en Chile y presentarse una vez por mes ante la autoridad
competente. El tratado de extradición con Chile permite que cumplan allí penas de tipo
condicional.
El acuerdo fue presenciado por la mujer asaltada, directora del Estudio de
Comedias Musicales del teatro El Círculo, quien recuperó lo robado y decidió donar la indemnización
a la parroquia del padre Ignacio. El acuerdo permitió resolver el conflicto rápido y con un
considerable ahorro de recursos.
No se trata de una alternativa penalmente más ventajosa para los imputados:
recibieron una sanción que va a figurar en sus registros. De otro modo, en el trámite usual,
habrían sido excarcelados y recibido una pena similar al término de un año y medio. Pero también la
causa podría haber tenido un desenlace menos feliz: "O prescribía, o se fugaban", aventuró una
fuente judicial del caso. La posibilidad de la prescripción no es exagerada: están imputados de un
delito menor, los habrían excarcelado y el sistema penal santafesino prioriza a los expedientes con
detenidos.
El grupo.
La detención fue el 8 de mayo pasado.
Las víctimas fueron Nora González Pozzi, de 66 años, y su hija Inés María Pozzi, de 36, quienes son
suegra y cuñada, respectivamente, del juez de Instrucción Javier Beltramone. Sobre el mediodía, las
mujeres retiraron 18 mil pesos en efectivo de la sucursal del Banco Galicia de Eva Perón al 7800,
en el barrio de Fisherton, y antes de salir se repartieron el dinero entre ellas: una guardó 7 mil
pesos y la otra los 11 mil restantes.
Después subieron a su auto Suzuki Fun
hacia al centro. Pero en Eva Perón al 5400, en un semáforo, apareció un Chevrolet Corsa blanco con
dos o tres ocupantes. "Señora, tiene un neumático pinchado", dijo el acompañante, quien se ofreció
a cambiar la rueda cuando las mujeres estacionaron sobre el cordón.
Enseguida arribó otro Chevrolet
Corsa, pero gris, del que bajaron dos hombres. En un forcejeo les quitaron los bolsos ante
numerosos testigos que tomaron nota de las patentes y llamaron a la policía. Tras una persecución,
agentes del Comando Radioeléctrico detuvieron al segundo Corsa en el acceso a la autopista a Santa
Fe. El otro auto fue detenido cerca de allí, a pocos metros del hipermercado Makro. Se presume que
uno de los detenidos, bien vestido, es el que habría "marcado" a las víctimas dentro del
banco.
La policía determinó que habían
llegado desde Mendoza en esos mismos autos y que se alojaron en una casa amoblada de la zona oeste
que alquilaron en forma temporal por un aviso clasificado.
El defensor y el fiscal presentaron ayer el acuerdo al juez de
la causa, Alfredo Ivaldi Artacho, quien al cesar el conflicto entre las partes se limita a
aceptarlo. Hoy el caso será remitido a la jueza de Sentencia Carina Lurati, quien luego de revisar
si el trámite se ajusta a la ley deberá homologar el convenio. Así, en apenas días, el caso estará
cerrado.
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Los condenados son los chilenos Jorge José Pinto Rivera,
Esteban Armando Rodríguez Contreras, Walterio Héctor Buratti Vázquez, Hernán Reyes Correa y los
mendocinos Facundo Haihuas Cabrera y Mariano José Guerrero. Junto a ellos había sido detenido un
chico de 17 años, sobrino de uno de los mendocinos, quien quedó exceptuado del acuerdo con una
causa en trámite en un juzgado de Menores.