La investigación por los cuatro crímenes de rosarinos asesinados entre el 5 y el 9 de marzo en sus puestos de trabajo de por sí se lleva adelante en un contexto complejo. Las pistas que conectaron a esos hechos, sumado a los mensajes amenazantes hallados en esos casos y otras intimidaciones, derivaron en que la Fiscalía Regional conformara un equipo de investigadores de distintas unidades. Todo en un marco de conmoción pública e institucional que ahora se agrava con la detención de un chico de 15 años, principal sospechoso de haber matado al playero Bruno Bussanich. Un caso que vuelve a exponer la participación de menores como mano de obra del crimen organizado y habilita una vez más al debate por la baja de edad de imputabilidad.
El jueves por la noche en una vivienda del barrio Roberto Fontanarrosa, como se conoce desde 2018 a la antigua Zona Cero, fue detenido un chico de 15 años. Se llama D. y lo aprehendieron en una casa en la que se estaba escondiendo. Para la Justicia es el principal sospechoso de haber asesinado a Bruno Bussanich, de 25 años, baleado el 9 de marzo cuando trabajaba como playero en la estación de servicio Puma de Mendoza al 7600. Al momento de ser capturado vestía una camiseta de la selección argentina y tenía el pelo teñido de rubio platinado, una imagen distinta a la que presentaba en las cámaras de vigilancia que registraron el crimen. Los investigadores están convencidos de que se trata de la misma persona y que había cambiado su apariencia para evitar que lo reconocieran luego de que su imagen de difundiera por vías oficiales del gobierno y medios de comunicación.
El miércoles por la noche Jimena López, novia de Bruno Bussanich, publicó en su cuenta de X un fuerte descargo contra la Justicia provincial luego de que se conociera la detención de los sospechosos de haber amenazado a Ángel Di María. "Si no tenés plata no sos nadie", había dicho tras conocerse la captura a solo dos días de la intimidación ocurrida en la zona del barrio privado de Funes en el que viven familiares del futbolista. Para ella habían pasado casi 20 días desde el asesinato de su pareja sin más novedades que algunas pistas que no habían conducido a nada.
Para entonces desde la Fiscalía explicaban que ambas investigaciones se llevaban a cabo en marcos distintos. Que quienes habían amenazado a Di María "fueron desprolijos y dejaron rastros por todos lados" y que en el caso de Bruno Bussanich solo contaban con los registros de las cámaras de vigilancia de la estación de servicio y alrededores. Que por esas imágenes el gobierno provincial había ofrecido recompensa de 10 millones de pesos, lo que había generado un centenar de llamados con información que fue seguida hasta agotarse. Y que además, como la novia de Bussanich tenía su reclamo, otros familiares de víctimas habían protestado porque para ellos nadie había ofrecido recompensa económica para posibles testigos.
La captura
El jueves por la tarde la Policía de Investigaciones (PDI) llevó a la Fiscalía el dato que había brindado un testigo sobre el posible autor del crimen de Bussanich. Esta persona marcó cuál era la casa en la que se estaría escondiendo y aportó otros datos útiles que condujeron al allanamiento en una casa del barrio Roberto Fontanarrosa. Allí se logró detener al apuntado y los investigadores confirmaron un pálpito que en estos días nunca habían descartado: que se trataba de un sospechoso menor de edad.
Los investigadores creen que D. no tenía un domicilio fijo, sino que iba pasando los días en distintas casas en las que lo alojaban. Su caso quedó en el Juzgado de Menores 4 de la jueza María Dolores Aguirre Guarrochena. Por ser inimputable se trata de un caso tan particular como complejo, por lo cual la magistrada deberá decidir si el chico queda bajo tutela de la Secretaría de Niñez. Todo en el marco de la ley provincial que indica la toma de medidas de protección excepcional cuando se trata de situaciones en las que el menor en cuestión puede estar en riesgo o si implica un peligro para terceros. También en un contexto en el que escasean instituciones que puedan abordar como corresponde situaciones de tanta complejidad.
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Este viernes el chico fue trasladado a los Tribunales Provinciales, donde se llevó a cabo una audiencia con la jueza. Al finalizar, el fiscal Adrián Spelta, uno de los miembros de la unidad de Homicidios que participa de la investigación, brindó una conferencia de prensa en la que se mostró convencido que el joven aprehendido es quien asesinó a Bussanich. "Llegamos al autor material y trataremos de arribar a los autores intelectuales", explicó. En el allanamiento, según indicó Spelta, no se halló ni el arma utilizada en el crimen ni las prendas que vestía el sospechoso.
Por su parte, el fiscal regional Matías Merlo valoró la oferta de recompensa que había sido publicada por el gobierno provincial. "Fue importante porque se pudieron obtener diferentes fuentes de información que nos ayudaron a descubrir el hecho", indicó y explicó que el poder ejecutivo analizará cómo proceder con el pago de los 10 millones de pesos a la persona que aportó la información.
El crimen
Bruno Bussanich tenía 25 años y era empleado de la estación de servicio Puma de Mendoza al 7600. El sábado 9 de marzo estaba en una oficina de su puesto de trabajo cuando fue sorprendido por un joven encapuchado que lo mató a balazos. El crimen quedó registrado por distintas cámaras de seguridad, una de ellas ubicada dentro de la sala en la que Bussanich cayó muerto.
En esas imágenes fue captado el rostro del autor del ataque, lo que se convirtió en la principal pista para los investigadores junto al mensaje amenazante que una compañera de la víctima halló en la escena del hecho. La misma hacía referencia a una "guerra" contra el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni por las condiciones de detención de los reclusos de las cárceles provinciales.
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El crimen de Bussanich fue el cuarto de una saga ocurrida en cuatro días de diferencia, que por distintas pistas para los investigadores tienen un mismo trasfondo vinculado a una presunta represalia por las restricciones en las cárceles a los presos vinculados al crimen organizado. Días antes habían sido asesinados los taxistas Héctor Raúl Figueroa y Diego Alejandro Celentano y el chofer de la línea K Marcos Daloia.
Además de los asesinatos se habían registrado otros hechos violentos con amenazas similares, lo que provocó que la Fiscalía Regional conformara un equipo de trabajo compuesto por distintos fiscales. Patricio Saldutti, Marisol Fabbro y Adrián Spelta por la unidad de Homicidios, Franco Carbone por Balaceras, Luis Schiappa Pietra por Criminalidad Organizada y Delitos Complejos y Fernando Dalmau por Investigación y Juicio. La detención de este menor edad es el avance más concreto en las investigaciones por cada uno de los hechos. De los demás todavía se desconoce la autoría material y de ninguno hay pistas concretas sobre quién los ordenó.
Menores y delito
La detención de este chico de 15 años como presunto autor de un homicidio vuelve a exponer uno de los componentes más complejos de la violencia urbana en Rosario: los menores de edad como mano de obra precaria de las bandas criminales. Puntualmente sobre este caso trascendió muy poco acerca del chico: que su padre está preso en la cárcel de Coronda y que vive en un marco de vulnerabilidad social. Acaso un punto en común con otros casos similares de menores vinculados al delito en contextos de criminalidad.
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Sin embargo ese aspecto tan delicado quedó en segundo plano luego de que se posicionara por encima, tan urgente como oportunista, el debate sobre las leyes que determinan el destino de los menores que delinquen. "Delito de adulto, pena de adulto", resumió el vocero presidencial Manuel Adorni en su cuenta de X tras publicar la detención del presunto autor del crimen de Bussanich. "El que la hace la paga", publicó el presidente Javier Milei. Mientras que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, fue más concreta: avisó que habían ingresado al Congreso de la Nación el proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad.
La gravedad del asunto podría abrir la puerta a un debate realmente integral y profundo, pero también puede acotarse a decisiones conducidas por la demagogia habilitada por este contexto de violencia que atemoriza a una población que requiere respuestas inmediatas. De cualquier manera quedarán de fondo innumerables causas e investigaciones judiciales que detectan que el último eslabón de las bandas criminales suele estar compuesto por menores de sectores sociales en los que ese proyecto de vida es uno de los pocos posibles.
En esas historias también queda expuesta la debilidad del Estado en todos sus niveles, incluso desde las áreas de desarrollo social que deben intervenir a tiempo cuando aparece una situación de peligro o vulneración de derechos. En los últimos días se hizo pública la preocupación de trabajadores de dispositivos de prevención y asistencia para jóvenes ante el ajuste económico y la posibilidad de cierre o despidos, como ocurre en el provincial Aprecod o el Dispositivo Territorial Comunitario que también abarca al municipio y a Nación. Un marco que, en situaciones como la del chico aprehendido este jueves, lleva a que no existan demasiadas alternativas para abordar un caso de semejante complejidad con las herramientas necesarias.
