La balacera ocurrida el martes de esta semana en inmediaciones de una escuela de Empalme Graneros dejó, además de un niño herido, un dato alarmante: a uno de los dos detenidos le secuestraron un arma de la policía. La misma había sido reportada como robada a fines de mayo. En ese marco el ministro de Seguridad de la provincia, Claudio Brilloni, y el subsecretario de la Agencia Provincial de Prevención de la Violencia con Armas de Fuego, Joel Theytaz, analizan la problemática generada por las armas de fuego oficiales que, al ser denunciadas por hurto o extravío, entran en un circuito ilegal que repercute en la violencia en las calles.
Cerca de las 17.30 del martes dos personas que pasaron en moto por Génova y Cullen, en inmediaciones de la Escuela José Ortolani, dispararon un arma de fuego e hirieron a un niño de 6 años que salía de clases. Los autores del ataque escaparon por Cullen en dirección al norte y después de una persecución fueron detenidos dos sospechosos. En ese procedimiento se secuestró una pistola calibre 9 milímetros marca Bersa, que presuntamente había utilizado uno de los gatilleros en el ataque. Al consultar el número de serie que tenía el arma surgió que pertenece a la Policía de la provincia. Figuraba, por una denuncia realizada el 29 de mayo, como sustraída en un hecho de hurto.
Desde el año 2015 hasta la actualidad se reportaron al menos 566 faltantes, por hurto o extravío, de armas de fuego de la Policía de la provincia de Santa Fe. El desglose de esa cifra grafica un poco más la problemática: fueron 122 en 2015, 92 en 2016, 74 en 2017, 67 en 2018, 56 en 2019, 40 en 2020, 62 en 2021 y 53 en 2022.
"Cuando a un personal policial le roban el armamento o la pierde, inmediatamente tiene que hacer la denuncia. Ahí entramos en un limbo. No hay registro de que alguien investigue sobre la pérdida de armamento", consideró en diálogo con La Capital el ministro de Seguridad de la provincia, Claudio Brilloni. "Corresponde iniciar una investigación pero no hay registro de que hayan investigaciones en curso tratando de dar con el paradero del arma", remarcó.
El ministro explicó que comúnmente los secuestros de armas policiales que habían sido denunciadas como robadas o perdidas "son producto de operativos de prevención o a veces hasta azarosos". Tal como ocurrió este martes luego de la balacera en Empalme Graneros. "Estamos trabajando en este tema para iniciar las investigaciones con la misma impronta de trabajo que lo hacemos con un homicidio, un escruche o algún otro tipo de robo", indicó Brilloni. "Pero ahora no tenemos registro que nos permite decir qué pasó cada vez que le robaron el armamento a una persona, sea uniformado o no", insistió.
Sobre las armas
Desde la Agencia Provincial de Prevención de la Violencia con Armas de Fuego, el subsecretario Joel Theytaz contó que al inicio de la gestión de Omar Perotti a fines de 2019 realizaron un diagnóstico sobre el circuito de armas de fuego en las calles. En ese marco consultaron con la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) y con el Ministerio Público de la Acusación, desde donde surgió una sugerencia en común: que controlen a la policía.
"La hipótesis era que las armas y las municiones salían de la policía", explicó Theytaz. Lo que notaron en ese diagnóstico es que había "serias deficiencias" en los datos derivados desde las Unidades Regionales y la División Armamentos y Equipos Policiales del Departamento Logística D4 de la policía, áreas encargadas de informar al Ministerio de Seguridad con cuántas armas cuentan, cómo se distribuyen y cuántas salen de circulación por hurtos o pérdidas. La deficiencia mencionada por Theytaz se tradujo en los números reportados por cada área: hubo una diferencia de 1300 armas.
>>Leer más: Seguirán presos los implicados en el robo de armas en la Sección Balística
A partir de allí se decidió centralizar la información en la División Armamentos, desde donde llegan informes mensualmente. Theytaz consideró que fue una manera de burocratizar el control de las armas policiales y que repercutió en el descenso de cantidad de armas extraviadas registrado en los últimos cuatro años.
"Además de esos controles burocráticos sumamos el estampado a las armas compradas en la gestión", explicó el funcionario. Así, 8400 pistolas calibre 9 milímetros incorporadas desde 2020 llevan en la corredera la inscripción de la Policía de Santa Fe, el año en eque fue fabricada y el escudo de la fuerza.
Sobre las municiones
También se puntualizaron controles sobre las municiones provistas a la policía. Es que a comienzos de la gestión se encontraron con un faltante de casi 900 mil municiones que figuraban como usadas en 28 meses. El uso de esas balas esta limitado a dos posibilidades: entrenamientos en cursos habilitados o enfrentamientos. El promedio de aquel entonces fue de 1032 municiones utilizadas por día en 2 años y cuatro meses. Algo que llamó la atención dado que no había registros de enfrentamientos que justificaran el uso de esas balas.
>>Leer más: Descubren organización de policías que vendían armas poderosas en Rosario
En ese marco fue que se tomó la decisión de grabar en las municiones las siglas PS para identificarlas. Así fue que se adquirieron 1 millón y medio de municiones con esa marca, de las cuales desde entonces se registran como utilizadas aproximadamente 550 mil. "Hace dos años que están marcadas y no apareció ninguna nunca en un allanamiento o hecho (sin intervención policial)", explicó Theytaz.
En ese sentido el funcionario sostuvo que se intentó trabajar de esa manera sobre las sospechas de que la policía pone a circular en el mercado negro armas y municiones provistas que repercuten hoy en la violencia callejera. "La hipótesis era que salían de la policía, pero siguen habiendo", indicó Theytaz. Así fue que surgió una hipótesis nueva: el descontrol en el sector privado, en el que el campo de posibilidades se amplía a las armerias y los usuarios legítimos.
Sin embargo, en ese desplazamiento del mercado legal al ilegal de armas pertenecientes al sector privado también pueden participar policías. Para muestra basta recordar la detención, en mayo de 2021, de tres policías de la Unidad Regional II que integraban un grupo que vendía armas y municiones. En distintos allanamientos les incautaron 20 armas largas entre fusiles, escopetas y carabinas; once pistolas de distintos calibres; y unas 3300 municiones. Fueron imputados por los fiscales Pablo Socca y Valeria Haurigot por integrar una asociación ilícita que "tenía como objetivo la puesta en circulación y provisión ilegal de armas de fuego y municiones bajo título oneroso haciendo entrega de dichos elementos a personas interesadas, sabiendo que los receptores no estaban autorizdos legalmente para la adquisición de estos materiales".
