La fiscal regional de Rosario, María Eugenia Iribarren, confirmó que dio una instrucción al fiscal Pablo Socca el 14 de septiembre, al tomar conocimiento de que Mariana Ortigala iba a ser imputada, para que no se revelara en audiencia su identidad ni el contenido de sus aportes con información al fiscal Matías Edery, quien ahora está denunciado por hacer un uso arbitrario de los aportes de esta mujer, que pasó de ser testigo protegido a informante. Lo que sigue es un diálogo que La Capital tuvo con la funcionaria.
Días antes de la audiencia, usted había transmitido una instrucción escrito de no revelar la identidad de Mariana Ortigala. Sin embargo, eso ocurrió. ¿Considera que hubo un acto de desobediencia?
En realidad lo que había transmitido por nota era que se preservara la integridad y sobre todo el contenido de las comunicaciones que se hacían en el marco de la información que ella pasaba. La instrucción fue, precisamente, para preservar la integridad de ella, de su entorno y de la institución. Todavía tengo que analizar las implicancias. La audiencia aún no está resuelta. Cuando termine voy a tener que analizar si hubo un exceso o no respecto de lo que yo dispuse.
Concretamente, ¿qué planteaba esa nota?
Les pedí (a los fiscales) que se resguardara la identidad a partir de resguardar información. No la identidad de ella pero si su carácter y el contenido de la información. Si lo que pasó en la audiencia se excedió o no es lo que tengo que analizar después. En la nota que envié quedó claro que esta instrucción era independientemente del uso que ellos dieran de la evidencia. Podían usar la que quisieran, eso quedaba claro. Lo que sí, tenían que hacer un uso cauteloso para no exponer.
¿Y considera que se respetó ese límite o fue transgredido?
Todavía no hice esa valoración, todavía no analicé el contenido de la audiencia y todavía no fue resuelto por el juez. Tendría que analizar la repercusión que eso haya tenido o podría tener en la seguridad.
En caso de considerar que hubo un exceso, ¿cuál sería la medida a tomar?
Estamos hablando de un caso hipotético. Pero de ser así se abriría un sumario interno.
A esta altura es evidente el clima de tensión institucional dentro de la Fiscalía. ¿Cómo piensan regular esos conflictos? ¿Hay alguna medida al respecto?
Es en lo que estamos trabajando. Roces internos siempre hay en todas las organizaciones y sobre todo en una organización como ésta, donde los fiscales tienen mucho protagonismo y relevancia, están observados desde muchos ámbitos: la prensa, el público, los ámbitos políticos. Siempre se generan tensiones y situaciones que son las que hay que gestionar. Estamos trabajando en eso.
La diferencia en este caso parece ser la intensidad del conflicto. La gravedad institucional es mayor que una simple tensión.
Son cuestiones internas que no debieran repercutir en la gente. El ciudadano tiene que ver una organización que funcione en pos de la sociedad y no en pos de cuestiones individuales, ni egos, ni otras situaciones. Hay que seguir trabajando para eso y tenemos que poner todo nuestro esfuerzo para transmitir la mayor seriedad posible.
La instrucción que dio Iribarren en alusión a Ortigala indica: "Atento a que la privación de la libertad de la persona involucrada se encuentra a cargo del Dr. Socca, requiérase al mismo que, conforme lo establecido en el art. 13 de la ley 27.319, adopte las medidas de protección adecuadas para salvaguardar la vida y la integridad física de la informante y su familia. Asimismo y sin perjuicio del análisis de la evidencia y la utilización de la misma en su investigación, realice las medidas tendientes a preservar dicha información teniendo en cuenta la que la misma fue transmitida por medio de aplicaciones telefónicas y que, tal como lo señala nota del Dr. Edery, la información obrante involucra a personas vinculadas organizaciones criminales con lo cual la divulgación de la misma o de su carácter podría poner en riesgo su integridad", dice la misiva cursada al fiscal Socca.
Informantes
Más temprano, la fiscal se refirió a la denuncia de los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno a Edery por presunta comisión de delitos de acción pública. Dijo que hay en curso una investigación administrativa que inició el auditor de gestión del Ministerio Público de la Acusación y una paralela para establecer si "hay hechos de relevancia penal". A su vez, dejó claro que ella tenía conocimiento de que el funcionario acusado tenía informantes en sus investigaciones.
"Hay una investigación administrativa que inició el auditor de gestión (Leandro Mai) en base a información que se había expuesto en una audiencia en la que se estaba imputando a una serie de personas, entre ellas a una persona que fue testigo en causa relevante y también fue víctima en otros hechos. A partir de eso, había intercambio de información con el fiscal que había investigado esos casos", explicó Iribarren en una entrevista con el periodista José Maggi, en el programa Trascendental de LT8. De esa manera, indicó que el vínculo de Ortigala con el fiscal Matías Edery, de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, se dio en el marco de su aparición como testigo protegida contra Esteban Alvarado, de quien pasó de ser aliada a víctima cuando intentaron asesinarla en 2020.
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"A partir de eso, los fiscales consideran que podría haber cuestiones que podrían ser irregulares o ilegales y me pusieron en conocimiento de esas situaciones. Por lo que se inició una investigación penal para aclarar si esto tenía relevancia penal o no", indicó la funcionaria sobre la denuncia de sus subordinados Socca y Moreno acerca de posible comisión de delitos de acción pública. "Para poder investigar eso con la mayor objetividad, lo que se hizo desde la Fiscalía Regional es solicitar también el pedido de la fiscal general que eso se remita a otra jurisdicción, que investigue otra jurisdicción con mayor objetividad", adelantó Iribarren.
Iribarren mencionó que conocía que Edery tenía informantes. "Me había informado en un sobre cerrado sin decirme quiénes eran los nombres de las personas. A partir de que queda detenida en esta causa penal, el fiscal me informa que esa persona era una de las que había informado", sostuvo. Se refirió a que Ortigala pasó de ser testigo protegido en el juicio contra Alvarado, a estar imputada en una investigación contra Los Monos por presuntas extorsiones ordenadas por el sindicado líder de la banda, Máximo Ariel "Guille" Cantero.
"Atento a que la privación de la libertad de la persona involucrada se encuentra a cargo del Dr. Socca, requiérase al mismo que, conforme lo establecido en el art. 13 de la ley 27.319, adopte las medidas de protección adecuadas para salvaguardar la vida y la integridad física de la informante y su familia. Asimismo y sin perjuicio del análisis de la evidencia y la utilización de la misma en su investigación, realice las medidas tendientes a preservar dicha información teniendo en cuenta la que la misma fue transmitida por medio de aplicaciones telefónicas y que, tal como lo señala nota del Dr. Edery, la información obrante involucra a personas vinculadas organizaciones criminales con lo cual la divulgación de la misma o de su carácter podría poner en riesgo su integridad", dice la misiva cursada al fiscal Socca.
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En relación con la figura del informante, Iribarren señaló que "la propia ley establece que deben tomarse mecanismos para ocuparse de la integridad de la persona y de la información". En ese sentido, indicó que le había pedido a Socca "que tomara las medidas necesarias para preservar la integridad y la información que se transmitía para no poner en mayores riesgos de los que esta misma persona se pone cuando aporta información".
Acerca de cómo procedieron los fiscales Socca y Moreno, la fiscal regional consideró: "Tenemos que analizar en el contexto de la audiencia si se revelaron cuestiones que la hubiesen puesto en mayor riesgo. Lo que se pedía era que tomaran los recaudos para garantizar la integridad de esta persona".
