Mario Roberto Segovia fue indagado ayer como presunto jefe de una organización dedicada a “realizar actividades vinculadas” con el tráfico de drogas, armas y explosivo gerenciada por él desde la cárcel de Ezeiza e integrada al menos por otras seis personas —la mayoría familiares suyos— y otros no identificados. El rosarino conocido como “El rey de la efedrina”, quien cumple en el penal de Ezeiza una condena a 17 años por venderle esa sustancia a carteles narcos de México, se negó —tal como los otros cinco detenidos y acusados de integrar la asociación ilícita— a declarar ante el juez federal Nº 2 de Lomas de Zamora, Diego Armella.
Esta nueva investigación contra Segovia surgió en 2016 cuando fue interceptado en Paraguay un paquete enviado desde una empresa canadiense que contenía insumos para fabricar bombas caseras. El pedido había sido realizado a través de los correos electrónicos hackeados a dos empleados públicos de la provincia de Formosa. Esa detección motivó a los fiscales de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) a averiguar sobre los movimientos de Segovia desde la cárcel.
El trabajo incluyó tareas de campo, seguimientos, interceptación de correos electrónicos y escuchas telefónicas, y su resultado hizo concluir a los fiscales que “al menos desde septiembre de 2016 hasta la actualidad” Segovia y sus colaboradores compartieron una organización dedicada a realizar actividades delictivas. Así, la evidencia colectada originó trece allanamientos realizados el martes último en Rosario, Funes y Villa Gobernador Gálvez en los que se incautó gran cantidad de armas y manuales referidos al manejo de explosivos.
Como saldo de los allanamientos fueron detenidos un hijo de Segovia, Matías Agustín, de 21 años; su hermano Hernán, ex policía de 44 años y dueño de una pujante constructora; su cuñado Gonzalo Ortega, Miguel Angel Morel y Ezequiel Hernán Bergara. Todos fueron indagados ayer como presuntos miembros de esa banda, a la que se suma la esposa del sindicado como jefe, Gisela Ortega, que no fue detenida.
Los fiscales federales Sergio Mola, de la Fiscalía de Lomas de Zamora, y Diego Iglesias, de la Procunar, incluyeron a todos los detenidos como parte de una organización que opera al menos desde septiembre de 2016. La actividad endilgada al grupo está vinculada al narcotráfico y al “tráfico internacional de armas y explosivos”. Al respecto detallaron que este último delito se trata de “la obtención, el armado, acopio y acumulación de “armas de guerra de uso prohibido, particularmente de fusiles AR15, así como “accesorios regulados como los supresores sónicos”. Según la acusación, esos materiales ingresan a la Argentina —en su mayoría— “en piezas desarmadas mediante distintas encomiendas, por el aeropuerto internacional de Ezeiza y, desde allí, son enviados a la ciudad de Rosario donde se encuentra radicado el núcleo de la organización”.
La pesquisa también indica que “todas estas actividades están planificadas y dirigidas por su jefe Mario Segovia desde el penal” donde está alojado. Los fiscales recordaron que para imputar por esta figura no es necesario que los integrantes tengan trato directo cotidiano, ni siquiera que se conozcan. Pero sí, puede afirmarse que desde que fuera interceptada esa encomienda en 2016 se colectó evidencia sobre una serie de hechos delictivos que siguen hasta la actualidad lo cual también acredita el elemento de la permanencia.
La detección de la explosiva encomienda que Segovia había hecho comprar en Canadá originó escuchas que colocaron a los fiscales en posición de imputar a todos —más allá de las particularidades que puedan luego imputarle o no a cada uno— como miembros de una organización dedicada a cometer “cuanto menos” ciertos delitos. Uno es el “tráfico ilícito de estupefacientes”, que según la ley de drogas cabe a cualquiera de las “conductas encadenadas del narcotráfico, desde la etapa de siembra y cultivo, hasta su entrega y suministro”.
El segundo delito es el “acceso, sin autorización, a dos correos electrónicos cuyo dominio corresponden al Gobierno de Formosa y pertenecen a dos empleados, haciéndose pasar por sus legítimos usuarios”. Este delito refiere el hackeo de dos cuentas mediante las cuales se hicieron pedidos a una empresa canadiense para comprar partes de explosivos.
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El siguiente delito es, precisamente, el “contrabando de importación de piezas de armas de fuego” con las cuales se puede armar “un fusil de asalto AR15 o similar”. Este hecho que investigan los fiscales “se habría materializado mediante una encomienda postal en la que figuraba como remitente Ezequiel Hernán Bergara, domiciliado en Santiago al 4200 de Rosario”. Según la declaración aduanera del paquete, verificado el 24 de junio de este año, el “contenido consistía en manufacturas de metal”.
Otro delito por el cual se los indagó fue por “tentativa de contrabando de importación de piezas de armas de fuego”, a raíz de otra encomienda que contenía tres silenciadores de arma de fuego provenientes de Arabia Saudita y compatibles con el fusil de asalto AR15. Ese paquete fue secuestrado el pasado 8 de julio.
