Marcelo Gómez, exjefe de la Unidad Regional II de Rosario, fue imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público al disponer el 13 de diciembre pasado el levantamiento de las custodias de edificios judiciales, hecho que derivó en un serio reproche realizado por el ministro de Seguridad, Marcelo Saín, a través de un mensaje de audio por WhatsApp.
Gómez quedará en libertad mientras avanza el proceso, pero deberá fijar domicilio ante la Oficina de Gestión Judicial y poner en conocimiento de ese organismo en caso de que tenga que salir de la provincia o del país.
En la audiencia imputativa realizada esta mañana en el Centro de Justicia Penal, la fiscal de la Agencia de Criminalidad y Delito Complejos, Paola Aguirre, imputó a Gómez como autor del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Esa acusación tiene que ver con lo el 13 de diciembre pasado, cuando el entonces jefe de la policía de Rosario le ordenó verbalmente al titular de la Agrupación Cuerpos que retire las guardias apostadas en los edificios del Centro de Justicia Penal, del Colegio de Magistrados y del Ministerio Público de la Acusación.
Esos inmuebles habían sido blanco de balaceras, instigadas u organizadas por miembros de la banda de Los Monos como Ariel “Guille” Cantero, según se pudo determinar durante la investigación.
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Gómez argumentó entonces que dichas custodias serían reasignadas a cubrir otro servicio. Desde Fiscalía indicaron que con esa orden, Gómez incumplió una orden emanada por el jefe de Policía de Provincia el 4 de agosto de 2018 con el fin de vigilar en esos lugares.
La orden de Gómez derivó en una seria reprimenda por parte del ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Saín, quien había asumido ese cargo tres días antes. El funcionario, ofuscado por la decisión de Gómez, le ordenó a través de un mensaje de audio por WhatsApp que repusiera "de inmediato" las custodias y poco después lo separó del cargo.
Fuentes judiciales indicaron que la fiscal Aguirre en la audiencia solicitó reglas de conducta para el imputado como prohibición de salida del país y de la provincia de Santa Fe.
La jueza de Primera Instancia, Valeria Pedrana, tuvo por formulada la audiencia imputativa, pero rechazó el pedido de la Fiscalía y le ordenó a Gómez que fije domicilio y poner en conocimiento a la Oficina de Gestión Judicial en caso que deje la Provincia o el país.
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