Once policías que participaron en la protesta frente a Jefatura de la Unidad Regional II fueron imputados este jueves por el delito de presunto incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, pero quedarán en libertad mientras la causa judicial avanza y por lo tanto pueden cumplir con sus funciones.
Se trata de una resolución firmada por los fiscales Pablo Socca y José Luis Caterina de la Unidad Especializada en Corrupción Funcional y Violencia Institucional de la Fiscalía Regional de Rosario.
Este jueves, se realizó una audiencia en las oficinas del Ministerio Público de la Acusación sin la presencia de un juez porque no se requirió para los efectivos, que pertenecen al Comando Radioeléctrico y a la Brigada Motorizada, ningún tipo de restricción de la libertad.
Qué dicen los defensores de los policías
Tras ese trámite realizado en el Centro de Justicia Penal, Nahir Moreno, quien integra el equipo de abogados que representa a los efectivos, aclaró: “La causa penal no se inició de oficio. Fue una denuncia que radió la superioridad de las fuerzas policiales que obliga al Ministerio Público de la Acusación a tomar cartas en el asunto”.
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En declaraciones periodísticas, Moreno confirmó que la Fiscalía “optó por hacer la imputación por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Los policías fueron imputados, y en la órbita penal estamos esperando que avance para que un futuro se le pueda dar un cierre adecuado para que mis clientes no tengan más problemas”.
Moreno también aclaró que el sumario administrativo interno continúa abierto. “El problema más grave es que mientras ese sumario siga abierto, estos policías no podrán participar en los concursos para ascender. Además, está posibilidad de que se les impute una falta grave en el sumario y quedan expuestos a ser exonerado. Hoy por hoy pueden seguir trabajando”.
Objetivo: cerrar la causa penal
Los abogados remarcaron que el objetivo primordial y más inmediato “es cerrar la causa penal lo más rápido posible. Eso los ayudará a avanzar en la causa administrativa, pero está todo sujeto a la voluntad de la administración. A pesar de todo, somos optimista en dar un cierre favorable a la causa penal que le permitirá a nuestros clientes cerrar el sumario administrativo de manera favorable y seguir su carrera como corresponde”.
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“Incumplimiento de los deberes de funcionario público es un delito doloso. Pero hay que entender que hubo una manifestación por disconformidad en las condiciones de trabajo, por pedido de asistencia psicológica y también hubo un reclamo de aumento salarial. Todo eso en el contexto de que en los últimos meses se suicidaron tres funcionarios policiales", remarcó Moreno.