Veinticuatro policías de la Unidad Regional I, dos de los cuales permanecerán en libertad, serán imputados por los fiscales de la Unidad Especial de Delitos Complejos de Santa Fe por una serie de delitos que van desde el abuso de armas, las torturas y los apremios ilegales hasta robos calificados y falsedad ideológica de instrumento público. Otros dos agentes fueron demorados pero recuperaron la libertad. La mayoría de los uniformados fueron detenidos luego de que los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez ordenaran allanamientos que incluyeron la Base 3 del Comando Radioeléctrico de la capital provincial. Tras ello, el jefe de la UR I, dispuso la instrucción de actuaciones administrativas y el pase a disponibilidad de todos los vinculados a la causa.
A los arrestos se llegó tras varias denuncias recibidas en la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía que, a partir de la repetición de anomalías en diferentes procedimientos, las acumuló en la Unidad Especial de Delitos Complejos. En rueda de prensa, el subsecretario de Control de las Fuerzas de Seguridad, Ricardo Giusepponi, indicó que no se estaría ante una asociación ilícita (ver aparte) sino de "una sucesión de mecánicas ilícitas enquistadas en el sector de la mala policía".
El lunes a la tarde una serie de allanamientos comenzó a configurar un escándalo institucional de dimensiones aún insospechadas: 26 policías que durante 2016, 2017 y 2018 integraron el Comando Radioeléctrico Zona Norte habían sido detenidos. Poco después dos de ellos fueron desvinculados y otros dos recuperaron la libertad. Se los acusará de haber cometido vicios arraigados en parte de la fuerza y no una banda con jefes y subalternos de contactos fluidos, con planificación de actividades, roles específicos, sentido de pertenencia y protección mutua.
Efectivos de Gendarmería Nacional, Asuntos Internos y la División Judiciales de la Unidad Regional I secuestraron a los detenidos sus armas reglamentarias y teléfonos celulares. Además, en los operativos se incautaron seis pistolas calibre 9 milímetros, tres revólveres calibre 32, un revólver calibre 38, un chaleco antibalas, una mira telescópica, un pistolón calibre 36, una escopeta, una tumbera, 20 cargadores de distintos calibres y unas 200 municiones. También se halló en algunos domicilios marihuana y cocaína.
Fuentes allegadas a la investigación indicaron que la causa comenzó con denuncias en las que quedaban expuestas irregularidades en actas preventivas, denuncias en Asuntos Internos o ilícitos denunciados en la Unidad de Flagrancia. Así, las causas fueron pasando a la Unidad Especial de Delitos Complejos. En ese sentido, se dijo que no hay una denuncia única que englobe la mayoría de los delitos sino que al examinar distintos expedientes judiciales fueron apareciendo los hechos: nombres de policías en actas con incongruencias o detenciones con serios desfasajes en las declaraciones y hechos delictivos atribuidos donde aparecían mecánicas que hacían sospechar sobre el accionar de hombres de la fuerza.
Una pandilla
En principio, los investigadores (con el apoyo del Organismo de Investigaciones) descartarían la existencia de una asociación ilícita y hablan de "una pandilla de ladrones inescrupulosos que se escudaban en el uniforme para delinquir". También se los investiga ante la posibilidad de que alquilaran o vendieran armas a delincuentes ya que varias de las víctimas de su accionar viven o vivieron al margen de la ley.
La investigación puso sus ojos sobre el Destacamento 3 del Comando Radioeléctrico ubicado en el barrio Villa Hipódromo, en la zona norte de la ciudad de Santa Fe, donde los detenidos trabajaron en algún momento del período 2016 a 2018. Además fueron allanadas las oficinas de Trámites y Libertades y las de Orden Público de la URI.
"Nos revisaron como «Harry» (palabra usada por los policías para designar a los delincuentes) y nos acusaban de «embagallar» a personas. Nos sacaron las armas reglamentarias, la placa y nos las devolvieron cuando quedó claro que no teníamos nada que ver. Yo estuve como cuatro horas hasta que me dejaron ir", explicó un uniformado demorado por Gendarmería. También se allanaron domicilios de policías en Santa Fe, Recreo y Rincón.
El antecedente
Si bien no existe una relación directa, el fiscal Hernández imputó en febrero de 2018 a seis policías del Comando de la Costa, con jurisdicción en el distrito paralelo a la ruta provincial 1, en el departamento La Capital, por hechos similares. La jefa del Comando, un oficial y cuatro suboficiales fueron acusados por 40 delitos que incluían torturas, robos, allanamientos ilegales, apremios, amenazas coactivas, falsedad ideológica, privación ilegítima de la libertad, vejaciones, abuso de armas y severidades. Les dictaron la prisión preventiva y otros cuatro efectivos están involucrados en la pesquisa.
Según la acusación, los policías salían a patrullar por la costa y cuando se les presentaba una ocasión favorable o veían algún vecino vulnerable por tener conflictos con la ley penal o antecedentes, lo tomaban como presa. Tras mancillar sus derechos y robarle lo que pudieran, blanqueaban el operativo ilegal con un acta falsa en la que fingían un procedimiento en flagrancia. Luego trasladaban el operativo a las comisarías de la zona.
Esa pandilla ingresaba a las viviendas de sus víctimas, las privaban de la libertad, les exigían dinero, armas y drogas, y se llevaban todo objeto de valor. Finalmente realizaban actas de procedimiento con declaraciones falsas con la deliberada intención de ocultar los delitos.
El grupo continuaba operando más allá de las presentaciones ante la Justicia. Cuando los denunciantes iban ante el médico policial para constatar lesiones eran amenazadas por miembros de la gavilla. Les decían que los iban a matar, les iban a llevar a sus hijos, quemar sus casas o incluso hacerlos "desaparecer".
