El ex jefe de la policía rosarina Marcelo Gómez fue imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público por haber dejado sin custodia edificios públicos que habían sido blanco de ataques a balazos. La acusación se basa en las nueve horas durante las cuales, el pasado 13 de diciembre, fueron retiradas las custodias externas del Centro de Justicia Penal (CJP), el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Colegio de Magistrados hasta que el ministro de Seguridad de la provincia le ordenó vía WhatsApp restablecer el servicio. "Los objetivos nunca quedaron sin custodia. El personal fue reasignado a la zona del Paseo del Siglo porque habíamos tenido bastante conflicto", se defendió el policía, que tramitó su jubilación cuatro días después del incidente.
La imputación de ayer contra el ex director Gómez se basa en una denuncia que presentó el propio ministro Marcelo Saín luego de que se viralizara el audio que le exigía a Gómez reponer las custodias. El policía fue acusado en libertad por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. La fiscal Paola Aguirre pidió que se prohibiera su salida de la provincia y del país pero la jueza Valeria Pedrana consideró excesivo ese requisito para una figura penal que se puede saldar con una multa de 12.500 pesos y que, como pena, prevé la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Por ello la jueza sólo le impuso la obligación de notificar si decide viajar al exterior.
Finde picante
El hecho en cuestión ocurrió sobre el primer fin de semana de gestión del gobernador Omar Perotti y tras la designación de Saín como ministro de Seguridad. En su carácter de titular de la policía rosarina, a las 13 del viernes 13 de diciembre Gómez ordenó levantar las guardias externas del CJP de Sarmiento y Virasoro, de la sede de Fiscalía en Montevideo 1968 y del Colegio de Magistrados de Balcarce 1551.
Cuando Saín se enteró de ese movimiento, a las 23.37 le dio la orden de reponerlas: "De lo contrario voy a ir para allá y la cosa se va a poner picante". La respuesta de Gómez llegó a los siete minutos: "Buenas noches ministro. Ya está restablecido". En total, el servicio estuvo suspendido de 13 a 22.
"Los objetivos nunca quedaron sin custodia", declaró Gómez ayer. Dijo que lo que removió fueron refuerzos pero no guardias internas. Y que lo hizo porque integraba un chat de WhatsApp con comerciantes del Paseo del Siglo alarmados por la circulación de "mecheras, trapitos y pungas" que reclamaban vigilancia en esos días.
"Me vi en la necesidad de remover personal para asignar a este sector teniendo en cuenta que los recursos eran limitados. Como jefe estoy capacitado para disponer de mi personal", dijo. El defensor José Nanni dijo que la función de la policía es brindar seguridad y que en este caso no se configuró un delito ni hubo intención de cometerlo.
Reconstrucción
Según la imputación, la directiva de Gómez desconoció la orden operativa 29/19 emanada del jefe de policía de la provincia que disponía seguridad adicional en edificios públicos que habían sido blanco de atentados a balazos. El más reciente fue al CJP el pasado 3 de enero. Al dar cuenta de la evidencia, la fiscal precisó que la quita de custodia fue advertida por Marcela Muñoz, a cargo de la Dirección General de Coordinación con las oficinas de gestión judicial, quien a las 21.29 de aquel viernes comenzó a recibir mensajes alertando que las custodias de edificios públicos no estaban apostadas.
Cuatro días después, al intentar reconstruir el camino de la orden, la Fiscalía entrevistó a la jefa de la Brigada de Orden Urbano (BOU), Analía Giménez, quien indicó que "esta fue una orden verbal que emanó del jefe de la Unidad Regional II", que le fue transmitida de forma inmediata a través de su superior y que ella plasmó en el libro memorándum de guardia a las 13.50. La novedad llegó el mismo día al subjefe provincial, Martín Musuruana, quien ordenó dar marcha atrás.
En su declaración, Giménez indicó que la orden consistió en dejar sin efecto esas custodias para reasignarlas al operativo Felices Fiestas, como se llamó al plan de saturación de policías en el área céntrica durante las fiestas de fin de año. Contó que más tarde, ya entrada la noche y también a través de su jefe, le llegó la indicación de restablecer las custodias.
Subiendo en la cadena de mandos también fue citado a declarar su jefe, Sergio Cantero, jefe de la Agrupación Cuerpos (área que controla el Comando Radioeléctrico, el BOU, Infantería, Explosivos, el Cuerpo Guardia de Infantería, Caballería y Perros). El uniformado corroboró que fue Gómez quien le ordenó reasignar esos binomios policiales al operativo por las fiestas. Pero la fiscal remarcó que ese operativo no había comenzado a funcionar aún porque estaba planificado desde el 16 de diciembre al 6 de enero.
Desobediencia
Otro dato que citó la fiscal es que la orden de reforzar custodias en edificios públicos había sido emitida por un departamento a nivel provincial, el de Operaciones Policiales, que estuvo a cargo de Claudio Blazer hasta su retiro, justamente, de 13 de diciembre. El jefe policial había firmado el 5 de agosto del año pasado esa orden que lleva el número 29 y que, para la Fiscalía, Gómez no debió desobedecer.
Otras evidencias que se citaron fueron las cámaras de los edificios a custodiar, los GPS de los móviles, capturas de pantalla de celulares y una pericia telefónica pendiente.
