Implementan la agencia para decomiso de los bienes de las bandas criminales

Ayer quedó inaugurada la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes Decomisados (Aprad) que tiene como objetivo custodiar y subastar los bienes incautados en distintas causas penales, principalmente aquellos provenientes de las investigaciones a bandas criminales organizadas, para "devolverle a la sociedad el dinero que los grupos delictivos les robaron", según destacaron los funcionarios que participaron del acto formal de puesta en marcha de la agencia.

El organismo fue creado por el decreto 276/18 que reglamentó la ley 13.579 presentada como proyecto en octubre de 2016 y promulgada en marzo pasado por el gobernador Miguel Lifschitz. Del acto inaugural participaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein; su par de Seguridad, Maximiliano Pullaro; y el secretario de Gestión Pública, Matías Figueroa Escauriza, de quien dependerá el nuevo organismo; entre otros funcionarios.

De acuerdo a la nueva disposición, los bienes decomisados por disposición judicial quedan bajo custodia de la provincia en un depósito ubicado en el Parque Industrial de la localidad de Alvear que "tiene casi diez mil metros cuadrados entre superficie cubierta y descubierta". Allí se encuentra ya una importante cantidad de bienes incautados por la Justicia, sobre todo unos 80 autos de diferentes gamas correspondientes a las circunscripciones de Rosario y Venado Tuerto, 60 computadoras y 150 celulares. "Lo más significativo es que también tenemos unas 500 mil piezas decomisadas en dos desarmaderos y cuyo origen es ilícito, pero que serán compactadas para ser vendidas como chatarra y destinar su valor de venta a alguna organización social, escuelas u hospitales", sostuvo Matías Figueroa Escauriza.

¿Qué hay?

El responsable de la nueva agencia remarcó que entre los bienes a subastar hay dos autos BMW que pertenecieron a los autores del atraco millonario a la distribuidora de alimentos Tyna, perpetrado el 27 de marzo del año pasado. Y agregó que "en los últimos días se transfirieron a la provincia tres departamentos y un auto de alta gama secuestrados en Melincué a una organización dedicada a la trata de personas y prostitución".

No obstante aclaró que, previo a que la Justicia disponga su decomiso, se deberá constatar que los bienes no tengan un propietario legítimo, caso en el que corresponderá su restitución en el momento correspondiente.

En ese sentido, Figueroa Escauriza remarcó que el objetivo de la ley "no se limita a atacar el delito en sí sino en quebrar el poder económico de estos grupos delictivos que muchas veces les permite seguir operando aunque estén siendo juzgados o detenidos".

"Buscamos atacar a las organizaciones criminales donde más les duele, que es el poder económico que tienen", dijo el funcionario. En ese sentido explicó que "todos los bienes decomisados que no tienen utilidad probatoria y una vez que se tenga la autorización del juez de la causa, podrán ser sometidos a una subasta pública. La idea es subastar esos bienes que fueron incautados, como ser automotores, computadoras, celulares, notebooks, televisores Led y muebles, para devolvérselos a la sociedad", aseguró.

Y comentó que "se estima que en este proceso se podrán recuperar diez o doce millones de pesos para lo cual aún hay que establecer ciertos protocolos a fin de que el proceso sea aceitado y el dinero vuelva a la sociedad".

No obstante, aclaró que "el proceso tiene algunas contramarchas, como por ejemplo que hay autos incautados pero que no pueden ser subastados hasta que no sean utilizados como elementos probatorios en las correspondientes causas penales y después recién avanzar en la posibilidad de venderlos".

Dónde más les duele

La novel Agencia, "inédita en el país", según explicó Figueroa Escauriza, es un ente autárquico que desarrollará un trabajo articulado con el Ministerio Público de la Acusación y la Oficina de Gestión Judicial, instituciones del sistema de Justicia penal que rige desde 2014.

"No importa dónde se cometa el delito, los elementos vienen a la agencia de decomiso, para luego ser subastados y restituidos como bienes o dinero a la sociedad perjudicada por esos delitos", explicó.

De acuerdo al funcionario, la agencia demuestra que "le estamos pegando a las bandas delictivas donde más les duele, que es en su poderío económico" y agregó que en septiembre serán subastados los bienes incautados para luego destinar el dinero que se recaude a políticas sociales; mientras que los bienes inmuebles saldrán a remate en una convocatoria que será abierta al público en general.

El funcionario explicó también que entre los elementos secuestrados no hay elementos pertenecientes a la banda de Los Monos ni al clan Cantero ya que "al momento en que empieza a funcionar la agencia lo es para las causas que estaban en proceso, en las anteriores como en el caso de Los Monos las disponía la Justicia". Es decir que la aplicación de la ley no es retroactiva.

Como nuevos

El funcionario explicó que en el caso de los autos "es como si nacieran de nuevo. Se les cambia la titularidad del registro, se hace una subasta y luego se cambia el dominio a nombre del comprador, hasta se modifica la patente para que no tenga inconvenientes a futuro".

Finalmente, Figueroa Escauriza fue claro al sostener que "el decreto pone en vigencia la ley sin carácter retroactivo y no apunta a los bienes decomisados al narcotráfico ya que no es un delito con jurisdicción de la provincia, pero sí aquellos bienes que se obtengan de los juicios por delitos como la asociación ilícita u otros que corresponden a la jurisdicción provincial".

maximiliano pullaro. Para el ministro de Seguridad "se golpea dónde más le duele a las bandas, en lo económico".