Los abogados de Esteban Lindor Alvarado pidieron que sea absuelto en el juicio oral y público que afronta como presunto organizador del transporte de media tonelada de marihuana a Río Negro en 2017. Luego de que el fiscal federal Fernando Arrigo pidiera el lunes una condena a 20 años de prisión, los defensores plantearon que se presentó a su cliente como un “monstruo” o un “enemigo público" y que durante más de dos mil días lo sometieron a una investigación sin encontrar pruebas: “Intervinieron teléfonos, se hicieron tareas de campo, se designó un equipo de investigación con 200 agentes y hasta la aparición de un testigo a medida, pero no encontraron nada”.
El planteo fue realizado por los abogados Fernando Arias Caamaño y Pablo Morosano en sus alegatos de cierre ante los jueces Ricardo Vázquez, Otmar Paulucci y Eugenio Martínez, que hoy darán a conocer su veredicto.
El juicio comenzó el 15 de marzo pasado en los Tribunales de bulevar Oroño al 900. Se desarrolló en simultáneo con el debate iniciado un mes antes en la Justicia provincial, donde Alvarado fue condenado el pasado viernes a prisión perpetua como jefe de una asociación ilícita, por instigar el crimen del prestamista Lucio Maldonado de noviembre de 2018 y cinco hechos de lavado de activos.
Tres días después, el fiscal federal Arrigo solicitó otros 20 años de prisión para Alvarado como organizador de transporte de estupefacientes y pidió además que se desarchive una causa en la que se investigó a policías por presunto encubrimiento del sindicado jefe narco. El planteo fue acompañado por la querella a cargo de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), que denunció a Alvarado por lavado de activos en una causa en la que ya fue indagada su ex esposa, Rosa Capuano.
Desprendida
La causa se inició en 2018 como desprendimiento de un caso de narcotráfico juzgado en Río Negro. El 24 de noviembre de 2017, en un control de rutas cercano a General Roca, agentes del Senasa que inspeccionaron un camión Scania con semirremolque detectaron 493 kilos de marihuana entre la cama detrás de las butacas y el sector de carga. En el camión iban los hermanos Jesús José y Marcos Esteban Rodríguez, custodiados por un Chevrolet Vectra donde viajaban Luis Di Marco y Ricardo Ariel Ianni. Los cuatro fueron condenados a distintas penas por un tribunal federal rionegrino en mayo de 2019.
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El proceso nunca avanzó sobre el supuesto organizador del transporte, aunque ya por entonces la Justicia santafesina tenía información sobre el entramado de empresas de Esteban Alvarado a las que estaban ligados quienes llevaban la droga a Río Negro. Al solicitar la pena, el fiscal planteó que el traslado fue posible gracias a la logística de la organización, “con el uso de personas físicas y testaferros” y cierto “nivel de violencia”. Y agregó que “fue coordinado por Alvarado en la dirección empresarial, cuando estaba en la cárcel cumpliendo una condena por robo automotor” (dictada por un tribunal bonaerense) y dijo que el grupo contaba con protección policial.
"Sin pruebas"
A su turno, los defensores replicaron ayer que “lejos de tratar de probar si Alvarado efectivamente organizó o no el transporte mencionado, el debate pareció orientado a acreditar que era el enemigo del sistema normativo y con ello prácticamente el responsable de todos los males de esta provincia”.
Arias Caamaño y Morosano objetaron que se incorporaran al proceso federal pruebas y testimonios del juicio provincial, como la declaración de una empleada del Ministerio Público de la Acusación (MPA) cuya casa fue baleada y el testimonio de Rodrigo Ortigala, un ex colaborador de Alvarado luego enfrentado con él. El mismo Alvarado pidió la palabra en algunos tramos del juicio para plantear que no lo pueden condenar dos veces por lo mismo.
Desde el 9 de abril de 2013 hasta la detención del 2 de febrero de 2019, según los abogados, a su cliente “lo investigaron ininterrumpidamente. No tengo registro de alguna causa donde hayan mantenido bajo investigación a una persona durante 2.126 días, aun cuando estaba detenido. Por eso la afirmación de que a Alvarado la Justicia federal no lo investigó es falsa”, sostuvo Arias Caamaño.
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La semana pasada, al finalizar el juicio en el fuero provincial, el tribunal avaló el pedido de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery para que el Consejo de la Magistratura de la Nación examine el desempeño del juez federal Marcelo Bailaque por no avanzar con investigaciones al grupo de Alvarado. Según ese planteo, esto ocurrió a pesar de reiterados informes del comandante de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) Emilio Lencina solicitando escuchas al entorno de Alvarado como jefe de una organización criminal.
“La afirmación de que la Justicia federal no investigó a Alvarado ha crecido al punto de sostenerse que el juez interviniente protegía a nuestro asistido. Estoy lejísimo en mi alegato de ser defensor o exégeta del doctor Marcelo Bailaque, pero si hay alguien que dispuso medidas de investigación de todo tipo durante un lapso de tiempo que pudo hasta haber excedido la razonabilidad y proporcionalidad fue el juez instructor”, respondió el abogado.
El alegato señaló que durante el traslado de la carga de marihuana a Río Negro ya se hacían seguimientos a Alvarado y “no se obtuvo ni tan siquiera un indicio” que lo vinculara con la maniobra, ni se detectaron comunicaciones con los otros implicados. Los abogados remarcaron que al preguntarle a Lencina si hubo comunicaciones que vincularan a Alvarado con droga respondió que no. Y señalaron que “no se ve a Alvarado y tampoco se ven estupefacientes” en el video de una avioneta que, en pocos minutos, descarga unos bultos en un camino rural; imagen hallada en una computadora secuestrada en 2012 en un allanamiento ligado a la banda del acusado.
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Una de las pruebas citadas por la Fiscalía es el testimonio de Roberto Peralta, ex chofer de Logística Santino, una de las empresas atribuidas a Alvarado para lavar dinero. A su nombre estaba el semirremolque Random en el que se halló la droga. Peralta admitió que era un “prestanombre”. También declaró el condenado Ianni, quien contó que por la pérdida de la droga Alvarado se quedó con un galpón suyo. Según los defensores, lo que ocurrió fue que Ianni adquirió para Peralta el semirremolque y se lo fue descontando de su trabajo.
En otro tramo, indicaron que si hubo personas acusadas de narcotráfico que visitaron a Alvarado en prisión éste no debe responder por los delitos de su entorno: “Ricardo Ianni fue contundente al decir que Esteban Alvarado no tenía nada que ver con el transporte de estupefacientes a Río Negro. Resulta claro que más allá del conocimiento que tenían entre sí los imputados y éstos con Alvarado, y de que intercambiaban operaciones comerciales, no existe ningún elemento serio que permita afirmar algo distinto”.
Por último consideraron que el accionar de quienes concretaron el transporte de la droga “en nada se condice con una supuesta mega organización que actuaba en forma tan organizada y perfecta que no podía ser detectada por un equipo conjunto de dos fuerzas federales que la investigaron a lo largo de 6 años”.