El 13 de febrero de 2014 no fue un día más en la oficina del escribano Eduardo Martín Torres. Ese día resucitó en actas y firmas a Celestino Antonio Otaduy, quien había muerto dos años antes, y así comenzó a instrumentar junto con Juan Roberto Aymo y Tránsito Manuel Portillo Retamar (único prófugo de la megacausa por estafas inmobiliarias) la compraventa fraudulenta de la mitad de un campo ubicado en Villa Amelia. Según la acusación de la Fiscalía de Delitos Económicos, el "ardid estafatorio" consistió en que Torres fraguara con un poder especial de Otaduy a favor de Aymo para que en su nombre vendiera el 50 por ciento por ciento del predio. A tal fin falsificaron las firmas y utilizaron documentos apócrifos del propietario de la tierra, muerto el 9 de febrero de 2002.
Ya constituido como apoderado de Otaduy, el 27 de marzo de 2014 Aymo le vendió la mitad indivisa de ese campo de 5.000 metros cuadrados a Tránsito Manuel Portillo Retamar por 450 mil pesos. Luego Torres presentó la escritura de la compra y logró que se insertara en el Tomo 1148 F, un documento que acreditó falsamente el cambio de titular del campo, que para entonces ya era Portillo Retamar.
Heredero. El problema fue que Otaduy tenía un primo, Daniel Eduardo Achaga, que había heredado ese campo. Según consta en los argumentos presentados por los fiscales, el 7 de abril de 2015 Achaga denunció la maniobra y las distintas alternativas que sufrió ese pequeño campo.
"Mi primo, Celestino Antonio Otaduy, me legó una porción de campo que él tenía. Me escribió una carta y lo fui a ver al Hospital Naval. El tenía un cáncer terminal. Me dijo que quería que yo me quedara con todo y hablé con mi abogado, Manuel Ferreyra, para hacer una usucapión y poder obtener el campo", relató Achaga en su declaración.
"Pero en 2008 —prosiguió— unos tipos usurparon la casa del campo. Los desalojamos y pusimos como casero a un hombre mayor, hasta que en 2012 vinieron unos tipos que lo agarraron al viejito a palos. Se manejaban en dos autos negros, uno era un Audi. Después conseguimos la tenencia en 2013 a la espera del usucapión, pero resulta que ahora nos venimos a enterar que un tal Portillo Retamar se había hecho dueño de la mitad del terreno".
Achaga supo de esa pésima noticia en medio de los trámites, cuando solicitó fotocopia del extracto de dominio de terreno en el Registro de la Propiedad Rosario. Así supo que el terreno había sido transferido a Portilo Retamar, quien se lo había "comprado" a Aymo quien actuó como apoderado de Otaduy.
Vinculaciones. En el marco de la pesquisa, el 22 de mayo de 2015 fue allanada la escribanía de Torres. Allí se halló documentación fundamental para la causa: la escritura Nº 13, del 13 de enero de 2014, por la que se instrumentó el poder especial de Otaduy a favor de Aymo, y la escritura Nº 28, del 27 de marzo de ese mismo año, mediante la cual Aymo le vendió la parcela a Portillo Retamar. En un cajón de la oficina se halló el informe del Registro Civil donde constaba que Otaduy había fallecido en 2002.
En tanto que en varios celulares secuestrados en los que se demuestra que "Aymo en forma cotidiana le lleva trámites para realizar y retira documental y conversaciones que dan cuenta que tienen frecuencia de trato profesional y que están al tanto de cada una de las causas penales que se tramitan".
Por otro lado la fiscalía relevó un informe en el que aparece Vanina Viglione como compradora a Aymo de un inmueble de Castellanos 1185. Al respecto, se hizo notar que el marido de Viglione es Edgardo Andrés Fernández, conocido como "Gitano" y acusado por el homicidio de Diego Demarre junto con Ariel "Guille" Cantero. Asimismo, la madre de Fernández es María Elena Retamar Portillo, quien también compró y escrituró en la escribanía de Torres otras propiedades.
A partir de esas conexiones la fiscalía evaluó la "permanencia en el tiempo de las vinculaciones de los sujetos mencionados en la comisión de delitos de fraudes inmobiliarios y asimismo se ventila la relación existente con familiares de sujetos vinculados a la banda de Los Monos".
Por otro lado la fiscalía tuvo en cuenta el análisis patrimonial en el que se concluye sobre la base de la información remitida por Afip,API, BCRA, UIF y otros que la operación inmobiliaria realizada por el prófugo Tránsito Retamar Portillo no se registra en su perfil fiscal ni se condice con su historial financiero.
Con estas pruebas el fiscal Sebastián Narvaja imputó a los tres por asociación ilícita, defraudación, falsedad y lavado de activos, entre otros delitos.
