La Justicia hizo lugar a un habeas corpus correctivo presentado por la defensa de los hermanos Lautaro y Alan Funes, imputados como miembros de una asociación ilícita dedicada al narcotráfico y a otros delitos en la zona sur, quienes cumplen prisión preventiva en el penal de Piñero. Ayer, en una audiencia, los jóvenes aseguraron que pidieron abandonar el pabellón al que habían sido asignados porque ingresaron personas que no conocían, lo que podría poner sus vidas en peligro. Pero su nuevo destino dentro del penal no ha sido definido y por el momento continúan en celdas de aislamiento. El Servicio Penitenciario deberá resolver la situación antes del viernes próximo, según dispuso el juez José Luis Suárez.
El habeas corpus es el segundo de este tipo que presentaron los hermanos Funes desde que cayeron presos, Lautaro, alias "Lamparita", de 22 años, en septiembre de 2017, y Alan, de 19, en enero pasado. Ese habeas corpus data del 8 de febrero, tres días después de que Jonatan "Bam Bam" Funes, hermano de ambos, fuera ejecutado cuando salía de visitarlos en Piñero.
Esa presentación abrió el debate sobre quién tiene la potestad para decidir en qué lugar están alojados los presos. Los hermanos Funes plantearon que su seguridad estaba en riesgo y por eso pidieron pasar a resguardo (celdas de aislamiento) y ser alojados en el pabellón 16. Después de un mes, el Servicio Penitenciario los alojó en el 14 hasta el 2 de julio.
"Hasta ese momento estaba todo bien, no ingresaba nadie, era de máxima seguridad para nosotros", dijo Lautaro en la audiencia de ayer. El joven explicó que a partir de allí hubo nuevos ingresos de personas desconocidas. "Entonces mi hermano y yo decidimos irnos por decisión propia antes de que esto pase a mayores. Pedimos el resguardo y ser alojados en un pabellón donde nuestra vida no pudiera correr riesgo", dijo. Alan, a su turno, remarcó que en las celdas de aislamiento viven "en condiciones inhumanas" y que sufren "malos tratos por parte de personal del Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias" (Goep), a cargo de la seguridad en ese sector del penal.
Los defensores Guillermo Muratti y Maximiliano Rupani (en suplencia de Juan Audicio) plantearon su traslado a los pabellones 13 o 16. En ese último juntaron firmas de internos que brindaron consentimiento para recibir a los Funes.
Pero la fiscal Karina Bartocci y el abogado Matías Darruich, de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, se opusieron al habeas corpus y solicitaron al juez que no sea él quien disponga el nuevo lugar de alojamiento y brinde tiempo al Servicio Penitenciario para hacer los relevamientos necesarios.
Suárez resolvió hacer lugar al recurso para que los detenidos salgan de las celdas de aislamiento, pero les negó la posibilidad de decidir su destino. Para justificar la decisión citó el crimen de Ariel "Tubi" Segovia (del clan Camino, rival de los Funes) quien había pedido estar alojado en el pabellón 8 de Coronda porque consideró que allí no corría peligro y fue asesinado.
El juez dio tiempo al Servicio Penitenciario hasta el viernes para tomar la decisión.
El juez dispuso que en una semana el Servicio Penitenciario deberá decidir dónde alojar a los dos jóvenes presos
