El gobierno provincial y la Justicia de Menores chocaron en un notorio conflicto tras la determinación del Ministerio de Seguridad de trasladar a 12 jóvenes detenidos en el ex Irar a la Sub Unidad1 de Rosario (Order) concretada el 29 de diciembre último. Una jueza de menores ordenó suspender la medida lo que fue apelado por la representante del Poder Ejecutivo. Este viernes hubo una audiencia en la Cámara Penal de Rosario donde no sin crudeza quedó expuesto el antagonismo. Los defensores de menores adujeron, con el reconocimiento de una magistrada, que el traslado fue una medida intempestiva, sin notificación a los jueces actuantes y que supuso un agravamiento de las condiciones de detención. El gobierno de Maximiliano Pullaro replicó que los detenidos son en todos los casos mayores de edad, que están sujetos a las condiciones de detención de quienes pasaron los 18 años y que la ubicación de las personas privadas de libertad es potestad exclusiva del Poder Ejecutivo.
La jueza de la Cámara Penal Gabriela Sansó escuchó esta mañana a las partes y le dio la razón al planteo del gobierno provincial.
En el fragor de la disputa el juez de Menores Alejandro Cardinale que visitó a los jóvenes detenidos en el lugar donde fueron transferidos, requirió a la Unidad Fiscal de Violencia Institucional de Rosario que se investigue si los jóvenes implicados fueron objeto de apremios ilegales o tratos degradantes durante su traslado, tras recibir planteos en ese sentido. "Estamos esperando que nos notifiquen esa denuncia, lo que no fue hecho ni por el juez ni por la fiscalía, para dar inmediato curso a Asuntos Internos. Somos los primeros interesados en que quede claro lo que pasó. ¿Cómo vamos a andar cometiendo ilegalidades? Brindaremos todas las herramientas que nos soliciten", dijo la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri.
La situación que expresa una evidente puja entre Poder Ejecutivo y Poder Judicial arrancó cuando la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes compareció por los traslados de los jóvenes a un ámbito de mayores, el llamado Order, un espacio concebido como punto de ingreso de detenidos previo a la audiencia de imputación, que ahora se encuentra superpoblado. La jueza de Menores Nº 4 Dolores Aguirre Guarrochena admitió el recurso y ordenó retrotraer la decisión. El gobierno provincial apeló y el juez de Menores en feria Alejandro Cardinale suspendió la decisión de su colega hasta la audiencia de este viernes en la instancia superior.
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La jueza de Menores María Dolores Aguirre Guarrochena ordenó retrotraer el traslado.
En el medio el juez Cardinale visitó a los jóvenes, todos ya mayores de 18 años, en el Order. Corroboró lo que parecía un agravamiento de las condiciones de detención y lo informó. Advirtió que los jóvenes estaban "engomados", o sea, encerrados en su celda individual, reducto con espacio para un colchón de una plaza, un inodoro y una mini bacha con una canilla y superficie para caminar equivalente a otro colchón de una plaza. Consignó que los jóvenes estuvieron encerrados 24 horas sin salir al patio luego de una refriega entre dos de ellos.
Masneri fue enfática al definir las potestades de la decisión. "La ubicación de las personas detenidas en la provincia la define el Poder Ejecutivo. Estas personas son mayores de edad ya que la ley argentina confiere la mayoría de edad a los 18 años. Son ex menores. Nos pareció que los jueces estaban tomando demasiado tiempo para definir sus casos porque tienen todos 19 años", dijo la funcionaria. Sostuvo además que los jóvenes trasladados están presos por delitos graves que incluyen tentativa de homicidio en el umbral de las acusaciones.
En su informe el juez Cardinale constató que tras el traslado se suspendió a los jóvenes la medicación de antibióticos o fármacos dermatológicos que tenían prescriptos, o la atención psiquiátrica de los que la reciben. Que no hay evaluados ni visitados por profesionales y que no tienen acceso al aire libre o a patio externo.
Las alternativas del trámite que llevó siete días fueron virulentas. La jueza Guarrochena suspendió la medida del Ejecutivo. Frente a eso Asuntos Penales consultó al juez de menores en turno para que se indicara dónde colocar a los jóvenes trasladados y a qué menor se estaba perjudicando puntualmente. "Esa nota no fue nunca respondida y tampoco hoy en la audiencia", refirió Masneri. El fiscal de Cámaras Fernando Palmolelli, presente en la audiencia, coincidió con los argumentos de la funcionaria.
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Lucía Masneri, secretaria de Asuntos Penales de la provincia. "La facultad de ubicar a detenidos es exclusiva del Poder Ejecutivo. Y son mayores de edad", dijo.
Virginia Benedetto
En el rechazo al traslado la jueza Guarrochena ordenaba el reingreso de los 12 jóvenes al ex Irar, pedía que la situación de cada joven fuera evaluada con el juez a cargo de su trámite para que se resolviera cada situación e invitaba a una instancia de diálogo interinstitucional para resolver la situación planteada.
Masneri no disimuló su contrariedad. "Dispusimos el traslado de personas muy conflictivas que, repito, son mayores de edad". Los jueces adhieren a una observación del Comité Internacional de los Derechos del Niño que define que no es que debe pasar a un penal de mayores una persona que cumplió la mayoría de edad pero está bajo trámite por cometer un delito presunto como menor. Alegan que están acusadas por delitos graves, agregan que son personas aún no definidas como culpables y que debe examinarse caso por caso.
"Hablamos de jóvenes que ya estando presos cometieron agresiones serias y que le tiraron agua hirviendo a menores de edad", replicó Masneri. "Trasladamos a personas de 19 años con facultades para hacerlo. Así como el día del hábeas corpus sacaron una resolución de diez páginas en media hora tuvieron un año y medio para definir la sentencia de responsabilidad y no lo hicieron. Estamos en contra de que nos tomen de estúpidos".
La camarista Sansó terminó por revocar este viernes a la tarde el fallo de la jueza Guarrochena ante el hábeas corpus. Pero ordenó que se atiendan las situaciones planteadas sobre las condiciones de detención de los jóvenes, sobre el suministro de la comida. Y exigió a la Secretaría de Asuntos Penales que dé inmediata respuesta con medidas que garanticen la integridad psicofísica de los detenidos.
