Fiscales reclaman una política conjunta contra la droga

En una nota en la que denuncian la insuficiencia de recursos humanos y materiales con los que cuenta la policía provincial para enfrentar al narcotráfico, los integrantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación con sede en Rosario reclamaron al ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, "una urgente reunión para abordar la problemática relacionada a los delitos complejos motivados estrictamente en causas de competencia federal".

El escrito lleva las firmas del fiscal general Claudio Marcelo Palacín; de los fiscales subrogantes Juan Patricio Murray, Mario Gambacorta y Marcelo Degiovanni; y la del fiscal ad hoc Federcio Reynares Solari; quienes manifiestan su "procupación por la falta de respuesta a una nota del 13 de febrero pasado" en la que los funcionarios se excusaban de asistir a la reunión del Consejo de Seguridad Provincial a la que habían sido convocados.

Recursos. Los fiscales manifiestan que "la crisis que en materia de seguridad vive la provincia y que ha motivado la declaración de la emergencia al respecto, merecía y merece de parte del señor Ministro prestar atención a quienes suscriben que, como miembros del Ministerio Público Fiscal de la Justicia Federal, encargados del impulso y sostenimiento de la acción penal y a cargo de las investigaciones en materia de narcotráfico, tenemos cuestionamientos que realizar que deberían ser atendidos".

En ese marco, el escrito habla de "la insuficiencia de los recursos humanos y materiales de los que adolecen las Brigadas Operativas de Drogas que dependen de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones de la policía de Santa Fe". Y como prueba mencionan que la Brigada de la Unidad Regional II (Rosario) contaba el mes pasado con "sólo 12 funcionarios policiales y cinco vehículos en condiciones regulares de funcionamiento, los que hace mucho tiempo son utilizados por lo que resultan fácilmente reconocibles o identificables al momento de las investigaciones".

Además de las falencias de recursos los fiscales describen la situación a la que, según ellos, se enfrentan los policías antinarcóticos rosarinos: "Atienden la problemática de un millón y medio de habitantes, con una complejidad y conflictividad social que se ve reflejada en hechos de violencia cada vez más cruentos y cotidianos, que resultan consecuencia de la puja por el territorio de las diversas bandas de narcotraficantes afincados en la zona".

Los funcionarios de la Justicia Federal también mencionan como ejemplo que la Brigada Operativa de la Unidad Regional X (Iriondo) con asiento en Cañada de Gómez, tenía en abril cinco efectivos, entre los que se encuentran el jefe y el subjefe, y dos móviles no identificables para realizar las investigaciones que se encomiendan.

Como si eso fuera poco, los firmantes de la nota manifiestan que "en los expedientes en trámite está documentado que muchos de los materiales que los policías utilizan (máquinas de fotos, filmadoras o autos) son de uso particular y de propiedad de los mismos".

Otro tema que mencionan los fiscales es "la instalación por parte del Ministerio de Seguridad de una política de demolición de lugares donde se expenden estupefacientes sin realizar investigación previa alguna para proceder a identificar y documentar correctamente dicha actividad y detener a los responsables de la misma". En ese marco, los funcionarios expresan que se ha llegado "al extremo de demoler esos sitios cuando había pedidos de órdenes de allanamiento que estaban por ser libradas por jueces federales, siendo que esos pedidos habían sido hechos por la Sección Inteligencia Sur" de la ex Drogas Peligrosas que depende del Ministerio.

También dicen que "se ha llegado a allanar sin orden y por la fuerza un lugar de expendio de drogas rompiendo la puerta con la problable nulidad que se puede llegar a plantear sobre tal modo de proceder".

Competencias. En otra parte del documento, los fiscales expresan su preocupación por "una cantidad cada vez mayor de procedimientos realizados por diversas dependencias de la policía de Santa Fe con órdenes de allanamiento libradas por los jueces de Instrucción de Rosario en los que se procede contra domicilios donde se expenden estupefacientes y se secuestran drogas, frustrando en algunos casos investigaciones que se realizan en sede federal, abarcativas de otros sitios y personas vinculadas con aquél y que de ese modo impiden llegar hasta estamentos más elevados en la cadena del narcotráfico".

Finalmente, tras destacar que la postura del Ministerio Público Fiscal de la Nación es "receptiva al intercambio de opiniones y a la suma de esfuerzos que permitan encarar con eficacia la investigación y el juzgamiento de los principales responsables del narcotráfico en la provincia", y que por ello se han reunido con la intendenta de Rosario, con miembros del gabinete municipal, concejales, legisladores provinciales, con la ministra de Seguridad de la Nación, con el Procurador General ante la Corte Suprema de la provincia y hasta con funcionarios del Ministerio de Seguridad santafesino "para tratar temas puntuales", entienden que "la magnitud y complejidad de la temática a abordar requiere un análisis integral con la máxima autoridad en la materia en nuestra provincia".