La decisión del juez provincial Carlos Leiva de dejar en libertad bajo condiciones a un joven de 19 años que fue atrapado por vecinos al momento de dejar un cartel amenazante a una familia en nombre de "la mafia", continúa generando polémica. Esta vez fue la fiscal Valeria Haurigot, de la unidad especializada en la investigación de balaceras, quien apeló la resolución de Leiva. "Con esta decisión se pone en riesgo la continuidad de la investigación", apuntó la fiscal. Considera que mantener al imputado en libertad puede entorpecer la pesquisa sobre la posible estructura criminal detrás de este hecho concreto.
El viernes por la noche un chico de 19 años, Tomás Luciano T., llegó a una casa en De La Salle al 6600 y luego de hablar con la dueña de la vivienda le dejó una amenaza escrita. "Comunicate con la mafia porque los próximos tiros son para tu mujer y tu hija, vamos a matar a todos, sabemos todo de todos", decía el mensaje, acompañado de un número telefónico. Acto seguido, ante los gritos de la mujer, vecinos de la zona persiguieron, interceptaron y golpearon al joven, que luego fue aprehendido por la policía.
Luego de pasar por el hospital por las heridas ocasionadas por la golpiza quedó demorado hasta la audiencia imputativa. La fiscal Gabriela Bassagaisteguy le imputó el delito de amenazas coactivas y pidió que se le dictara la prisión preventiva. El juez Leiva no hizo lugar al pedido de esa medida cautelar y dispuso la libertad del imputado con una serie de condiciones: que resida en el domicilio familiar sin que pueda cambiarlo sin previo aviso a la fiscalía, la prohibición de acercamiento a 500 metros del domicilio de la familia víctima y de contacto de cualquier tipo con las víctimas, además de presentarse todos los días hábiles hasta el 17 de marzo de 2022 para dejar su firma en la Oficina de Gestión Judicial del Centro de Justicia Penal.
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La fiscal Valeria Haurigot.
"Consideramos que hay elementos que fundamentan en este tipo de casos el encierro cautelar. Al menos al principio de la investigación, para proteger la persecución penal y la declaración espontánea de los testigos", analizó Haurigot en diálogo con el programa "El primero de la mañana", de LT8. En ese sentido la fiscal indicó que debería tenerse en cuenta el contexto social que vive Rosario, en el cual las balaceras que ocurren casi a diario suelen tener este episodio previo de amenazas.
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Sobre el hecho concreto la fiscal analizó: "Es una manifestación menor de lo que es un acuerdo criminal que está por detrás de la acción concreta de la persona". "Deja un cartel intimidatorio pero detrás de ese cartel hay una organización, hay una cierta logística con mayor o menos sofisticación que permite que este tipo de hecho sucedan en Rosario de una manera casi constante", agregó.
Para Haurigot la libertad del imputado puede complicar el trabajo de la Fiscalía respecto de la continuidad de la investigación más allá del hecho puntual, es decir sobre la posible estructura criminal detrás de la amenaza. "Dejar a resguardo a esa persona para avanzar la investigación, no tiene que ver con una convicción interna de lo que yo creo que corresponde o no, sino con los instrumentos legales que permiten interpretarlo de acuerdo a la realidad social en la que se vive", sostuvo Haurigot.
"Fue un error"
El joven imputado vive en su casa de De La Salle al 6600 con sus hermanos, la abuela y la madre. Este martes ante la visita de La Capital atendió la abuela, quien contó que el chico se había ido con su madre a firmar al Centro de Justicia Penal. "Yo creo que fue un error, una equivocación. El jamás tuvo problemas", contó la mujer.
La abuela del chico se mostró apenada por los comentarios que comenzaron a correr a partir de conocida la noticia de que a su nieto le habían dado la libertad. "Se dijeron muchas barbaridades, cómo van a hablar así. Él cometió un error, pero no pueden actuar así", dijo la mujer. "Lo golpearon mucho, no era necesario que le hicieran eso. Lo único que sé es que yo a mi nieto lo tengo vivo, porque a lo mejor pudo no salir vivo", agregó.
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El chico, según contó su abuela, cursa el quinto año en una escuela técnica y suele hacer changas. "Esta es su casa, se va a quedar acá. Nosotros somos una familia humilde pero somos una familia. Esperemos que esta experiencia muy dura sea para aprender", agregó la mujer.
Por qué la libertad
Silvana Lamas, defensora pública que asesoró al imputado, indicó que la decisión del juez Leiva de dejar en libertad bajo condiciones al joven se dio porque no estaban dadas las condiciones que estima el artículo 220 del Código Penal que determina las prisiones preventivas. La pena en expectativa es baja, el joven no tiene causas anteriores, no portaba arma de fuego, no hay posibilidad de entorpecimiento probatorio ni peligro de fuga. "No tiene ni celular el pibe", indicó la defensora.
"Más allá de considerar que se trata de un hecho grave, el chico se comprometió. El juez le impuso libertad pero con muchas restricciones", explicó Lamas. "Casos como este tenemos todos los días y los jueces si tienen que dejar al imputado en prisión preventiva lo hacen", indicó.
