Durante el juicio, fueron investigadas las responsabilidades de Gabriel Strumia, Roxana Michl, Antonio Darío Díaz y Mirta Ruñisky por los delitos de privación ilegítima de la libertad y aborto no consentido seguido de muerte de Perassi, mientras que al comisario Adolfo Puyol y a los policías Gabriel Godoy, Jorge Krenz, Aldo Gómez y María José Galtelli se los acusa por encubrimiento agravado.
Perassi (36) fue vista por última vez el 18 de septiembre de 2011, luego de salir de su casa de la localidad de San Lorenzo tras recibir un llamado telefónico.
La mujer vivía con su esposo y sus dos hijos y, según la investigación, mantenía una relación extramatrimonial con el empresario de esa misma ciudad Gabriel Strumia.
La teoría del caso de la Fiscalía, a cargo de Donato Trotta, es que la mujer quedó embarazada y fue obligada por su amante y la esposa de éste, Roxana Michl, a realizarse un aborto, práctica en la que habría muerto.
Por el presunto aborto, está acusada Mirta Rusñisky y el cuarto civil imputado en el caso es un hombre llamado Antonio Díaz, asistente de Strumia.
Durante los alegatos, el fiscal Trotta pidió prisión perpetua para los cuatro por aborto seguido de muerte, aunque el cuerpo de Paula nunca fue hallado.
En el juicio, también están imputados los policías Adolfo Puyol, Jorge Krenz, Aldo Gómez, Gabriel Godoy y María Galtelli, por encubrimiento y falsedad ideológica de instrumento público, entre otros delitos.
El fiscal pidió 6 años de prisión para el primero y 16 para los restantes, mientras que sus abogados defensores solicitaron al tribunal la absolución de los acusados por entender que no existen pruebas suficientes para condenarlos.
La Multisectorial "Justicia por Paula Perassi" convocó para este miércoles a una vigilia para esperar el veredicto desde las 7, como se realizó durante todas las jornadas del debate en la puerta del Centro de Justicia Penal de Rosario.
Los organizadores señalaron que "el crimen de Perassi sintetiza la más cruda expresión de la violencia hacia las mujeres, las peores y más flagrantes violaciones a los Derechos Humanos, en una trama mafiosa que involucra al poder económico, político, judicial y fuerzas de seguridad, quienes pusieron su dinero y la logística del Estado al servicio de garantizar impunidad al desaparecer a Paula sin dejar rastros".
