La Agencia de Investigación Criminal (AIC) allanó el estudio y la vivienda de una escribana en el marco de la investigación de una cadena de estafas cometidas por responsables del Grupo Praga SA, una sociedad dedicada a emprendimientos inmobiliarios y también a la compra de vehículos, por lo cual están imputados por fraude los empresarios Bruno P. y Leandro “Tanque” G., ex rugbier del Club Duendes.
La medida fue requerida por una fiscalía de Investigación y Juicio de Rosario por falsa denuncia y falsificación de documento público. La escribana en cuestión no está imputada de ningún delito por ahora pero sí bajo sospecha en un caso que supone defraudaciones millonarias cometidas por y contra personas de alto poder adquisitivo. La escribana aduce ser ella misma víctima de un fraude.
En el curso de la investigación se estableció que la empresa objetada había sido desmantelada como así también la casa de Bruno P., el socio que permanece en prisión preventiva. Sobre esa base se acreditó la veracidad de las denuncias de un tendal de damnificados, que entregaron sus vehículos contra cheques a plazo, que al momento de ser liquidados resultaron no tener fondos.
Desde esa imputación inicial, que fue el 5 de marzo, la fiscal actuante Valeria Haurigot recibió numerosas denuncias referidas a negocios fraudulentos con autos de alta gama, inmuebles y dinero en efectivo.
Lo que motivó el allanamiento a la escribanía es la presentación de su titular, quien dijo haber sido víctima de estafa en la compraventa de una camioneta Kia Sorrento por parte de los empresarios imputados, a quienes dijo no conocer. Lo que sí señaló es haber llegado a ellos por intermedio de su marido, un conocido empresario de Rosario dedicado a negocios de construcción de edificios y bienes raíces.
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Ese mismo día la escribana mencionó sin dar detalles que le habían falsificado su firma y sello en una autorización de manejo. Paralelamente el 9 de marzo pasado en la fiscalía tomaron la denuncia de Aldo T., quien dijo haber sido víctima de estafa en la compraventa de una camioneta BMW Q5 de parte de los socios del grupo Praga, a quienes había entregado el vehículo.
Esa camioneta BMW fue secuestrada cuatro días después en poder de Gustavo V., quien adujo habérsela comprado a Anibal N. Hasta el día de ayer ninguno de los dos había reclamado nada en relación al vehículo, cuyo precio supera los tres millones de pesos.
El vendedor original que es denunciante, Aldo T., el pasado 11 de mayo acudió a la Agencia de Investigación Criminal y requirió que le devolvieran su camioneta BMW. Al revisar la guantera, que la policía no había podido abrir, encontró un documento por el cual él mismo autorizaba a varias personas de apellido N, entre ellos el que aparecía como vendedor, a circular sin límite de tiempo y fuera del país en esa camioneta. Aldo T. aseguró que jamás había autorizado tal cosa. El documento no tiene la firma de Aldo T. y aparece certificado por la escribana cuyo estudio fue allanado. Cuenta además el documento con la foja de certificación y legalización del Colegio de Escribanos.
La medida de allanamiento a la escribanía fue requerida porque la escribana en cuestión denunció en marzo que le habían falsificado sello y firma. La mujer reveló a la vez dos cosas: que a ella la habían estafado con la venta de una Kia Sorrento y que le habían falsificado su sello y firma en una autorización de circulación en un auto en favor de Daniel C. ¿Quién es Daniel C? Un hombre que, en forma paralela, se había presentado en la fiscalía como damnificado de una estafa cometida por el Grupo Praga, pero en relación a inmuebles.
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La fiscal Valeria Haurigot pidió el allanamiento porque la escribana, al presentarse a denunciar lo que pasó con su Kia Sorrento, no mencionó nada sobre el poder apócrifo que tenía su firma y que permitió que cuatro personas tuvieran derecho a conducir la BMW de Aldo T. ¿Fue porque ella no sabía? La madeja de enredos, que generó sospechas, debe ser desentrañada ahora.
¿Por qué surge la sospecha, que no pasa de eso, contra la escribana? Porque cuando ella realiza la denuncia de la estafa con su Kia Sorrento dijo que le habían falsificado la firma para una autorización de manejo en favor de una persona de apellido C.
La profesional dijo que nunca vio el documento falso pero que una gestora llamada Mariana, de la que adujo ignorar más datos, le mandó una foto por whatsapp de esa certificación de manejo adulterada. No queda claro en la denuncia de la escribana, hecha ante el fiscal Maximino, por qué la supuesta gestora había mandado a preguntar si ella había autorizado ese documento, cuando la propia escribana dijo que no la conocía. De ese documento solo hay imágenes de whatsapp.
Luego se supo que la gestora Mariana es la esposa del empresario preso imputado por la cadena de estafas.
Lo sugestivo es que adentro de la guantera de aquella camioneta BMW que fue objeto de estafa, vehículo cuyos compradores posteriores no reclamaron luego de secuestrado, se encontró un permiso para circular trucho. Ese permiso no tenía la firma del otorgante pero con la firma de la escribana.
En el estudio del escribano fueron secuestrados los libros de falsificaciones. Las hipótesis son dos. Unas es que la profesional tiene un grado de involucramiento en el caso penal. La otra es que todo fue fruto de una falsificación de altísima profesionalidad, al punto que le fraguaron con calidad no solo firma, sino actas del registro del Colegio de Escribanos, con la rúbrica de la secretaria de la institución. Otro punto llamativo es que, de acuerdo a fuentes de la pesquisa, un permiso de manejo requiere de una habilitación con clave personal del propio escribano concedente ante la Dirección Nacional de Registro de Propiedad Automotor (DNRPA), gestión con clave que en este caso fue realizada.