Estado y drogas: debate público para romper un círculo de fracasos

Mientras eso pasa el presidente electo de México, Rafael López Obrador, analiza proponer la despenalización del uso de determinadas drogas para acabar con la violencia que origina el narcotráfico. Su antecesor, Enrique Peña Nieto, deja el cargo con 31 mil homicidios en 2017 que lo convierten en el gobernante con el mandato más violento de la historia del país. El nuevo mandatario entiende que seguir por el mismo camino sólo le garantizará un legado como mínimo igual de sangriento y, entonces, evalúa avanzar hacia la regulación de los mercados de ciertas sustancias prohibidas.

Al menos en su visión inicial, López Obrador buscaba romper la inercia de lo que hoy es un fracaso tanto en salud pública como en seguridad. En México nunca hubo tantos ciudadanos afectados por el crimen. Los asesinatos crecieron de una manera desaforada a partir de la puja de bandas mafiosas que se disputan la venta de drogas, fenómeno que trepó aún más con la decisión de implicar a las fuerzas armadas en tareas de control de esos grupos. El resultado es conocido y abrumador: el poderío económico narco corrompió a los militares y llevó el derramamiento de sangre a niveles inéditos. El baño de violencia sólo dejó una sociedad destrozada con cárteles más prósperos y fuertes que nunca.

López Obrador está pensando en algo que ya se hizo en países como Portugal y Suiza. Allí se consideró que la prohibición sin matices de la venta de drogas sólo favorece a traficantes. La ganancia que produce la clandestinidad tiene una gran potencia igualadora para enviciar por igual a policías y funcionarios mientras contamina el financiamiento de la política e ingresa al mundo de las finanzas mediante martingalas legales y contables que ofrecen profesionales universitarios.

Paradoja

La idea de venta libre de sustancias que son adictivas puede parecer un delirio. Además es un hecho el perjuicio que la droga produce en la salud de consumidores problemáticos y sus entornos. Pero eso ya es una realidad aun con la prohibición. Si hay una experiencia que falló, aumentando tanto la violencia como el número de adictos, como pasa en Rosario, es el carácter clandestino de la compraventa de drogas.

Es una paradoja: en nombre de proteger la salud pública, lo único que la prohibición logró de modo eficiente fue multiplicar el uso de drogas, con inicios a edades más tempranas, en un mercado elástico con cada vez más sustancias disponibles para cada vez más adictos a los que un sistema sanitario ineficaz y desbordado no puede contener.

La idea de que la prohibición aleja a los consumidores del producto que quieren comprar es tan ilusoria como que es posible sostenerla con buenas fuerzas de seguridad. No pasa en ningún lugar del mundo; tampoco en Rosario.

Violencia clandestina

Los estados estadounidenses de Arizona o Colorado y países como Uruguay entendieron que si el Estado no regula el mercado de drogas, decidiendo precios y calidad de productos, esa tarea queda en manos de delincuentes. Por eso intentan tener protagonismo en la comercialización. La clandestinidad de un producto con alta demanda produce violencia.

"Si yo robo una botella de vodka y me descubren el dueño de la tienda llamará a la policía y terminaré preso. Pero si le robo a un traficante de cocaína, obviamente no llamará a la policía. Como es una sustancia prohibida se las arreglará solo: ejercerá la violencia privadamente", dice el periodista Johann Hari, que investigó la guerra contra las drogas que promovió México.

Es lo que pasa en Rosario. Los vendedores de droga ejercen la violencia privadamente. Se proyecta que al menos dos terceras partes de los 140 homicidios ocurridos en la ciudad en lo que va del año están ligados a conflictos relacionados con este comercio sumergido sólo en la economía formal, porque está a la vista de todos.

Pero la economía de la droga fructifica expandida no por consumidores marginales sino integrados, ya que los estratos de mayores ingresos son los sostenes más firmes de la demanda. Hoy el Estado interviene sólo para reprimir la oferta, pero eso no impide que se siga tomando cocaína. Por consiguiente va a haber gente que va a vender esa mercancía prohibida y cuya prohibición genera violencia. Es a partir de ahí desde donde los Estados deben plantearse si perpetuar el fracaso actual o ir hacia otros horizontes. Una de esas opciones es cómo flexibilizar la prohibición de la comercialización de modo planificado cuando los consumidores seguirán firmes con sus hábitos. La otra es cómo ubicarse frente a las organizaciones comerciales que venden drogas.

Los grupos criminales

Con originalidad y audacia, en el reciente Congreso de Democracia en la Facultad de Ciencia Política de la UNR varios especialistas de seguridad se animaron a meterse en una difícil discusión. Decían que el paradigma de la ilegalidad favorece a empresarios y traficantes cuyas ganacias provienen de la prohibición. Y que si el Estado quiere que no haya violencia, aunque haya prohibición, no puede desentenderse de la regulación de un mercado actualmente regulado por criminales que ejerciendo violencia deciden sobre precios, la calidad de los productos y la forma de acceder a las drogas.

En Estados Unidos y Europa la droga también está prohibida pero los Estados, aunque no lo dicen, conocen perfectamente a los actores del negocio y entablan tratos con ellos. Básicamente el trato es tolerar el dinamismo de una demanda que no pueden frenar a cambio de que no siembren el mercado de violencia.

Declarar una guerra a las drogas tropieza con un problema: hay consumidores empecinados en comprar que no son delincuentes. Por eso en los países centrales en lugar de perseguir el objetivo imposible de erradicar las organizaciones criminales buscan dejarles un margen de acción pero reduciendo los daños que producen en la sociedad.

"¿Cómo creen que se regula el narcomenudeo en el interior de Estados Unidos? ¿Cómo creen que allí entran 100 mil kilos y se hacen tres veces más esa cantidad?", expresó uno de los expositores en la UNR que pidió no ser nombrado. "¿Por qué hay problema en México y no tanto en Estados Unidos? Porque ahí lograron lo que tenemos que conseguir nosotros. Sabemos que hay gran provisión de sustancia; que hay un actor criminal que la va a proveer; que la gente va a seguir consumiendo. Entonces lo que queremos es que las organizaciones que hagan esto no generen violencia, no financien la política, no controlen territorios, barrios, fiscales ni policías. Lo importante es que si hay un mercado de drogas, entre los distintos perfiles de traficantes, no estén ahí tipos que anden con ametralladora".

El especialista enmudeció a su auditorio. "Ojo. Yo no pacto con ellos, no me llevo la rentabilidad de ellos. Pero los conozco y los controlo. Y cuando necesito hacerlo les aplico la ley con todo rigor. Pero si yo me llevo preso un actor con perfil más empresarial que uno tipo Scarface tal vez le dejo un hueco en la calle a un actor violento. ¿Creen que una inversión de la mafia rusa en Marbella no es captada por los servicios de inteligencia europeos cuando construyen hoteles de 15 pisos? El pacto es tácito. El Estado les dice «ustedes van a estar pero no van a pasar hechos de violencia»".

Hacer política de seguridad es gestionar el crimen. La gran diferencia es asociarse o no con él. "Yo no me asocio. Impido que haya participación estatal, como sucede hoy, en la regulación ilegal del narcotráfico. Pero para eso necesito instituciones saneadas. La transición que debemos emprender seriamente en Argentina como política de seguridad pasa por construir un Estado con un sistema judicial y policial que entienda esto".

Se necesita combinar una cuota de honestidad con una de realismo. Suena feo decirlo. Pero ni desaparecerán las drogas ni las organizaciones criminales. Se trata de armar una agenda con otras preguntas. De empezar a preguntarnos, entre los actores del sistema político, penal y de medios, si podemos tener una estrategia de control del narcotráfico mediante su regulación legal, basada en una política pública transparente, explícita y asentada en la intervención de los poderes públicos y de la sociedad civil. Eso requiere una policía especializada en el control del crimen organizado y coordinación sin mezquindades entre nivel político y sistema penal para superar fracturas históricas. Legalizar ciertas sustancias prohibidas es un camino. Iniciar pactos razonables con los que las venden, que es lo que se hace en Europa Occidental de manera subrepticia pero concreta, es otro. No hacer nada de eso es seguir en el camino de lo que tenemos hoy.