La caldeada atmósfera interna de la Fiscalía Regional de Rosario a partir de los señalamientos contra el fiscal Matías Edery no cesó de escalar. El fiscal Pablo Socca amplió este jueves la denuncia que hizo contra su colega Edery, tras la audiencia de tres días en que lo cuestionaron a este último por mantener una relación impropia con Mariana Ortigala, que está detenida por una cadena de extorsiones a comerciantes. Ortigala actuó como informante en trámites de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos a la que Edery pertenece. Al extender su denuncia Socca afirmó a sus superiores que Edery podría haber cometido otro delito: no incluir a Ortigala como miembro de la asociación ilícita del grupo liderado por Ariel “Guille” Cantero, referente de la banda de Los Monos.
La fiscal regional de Rosario María Eugenia Iribarren sostuvo que ella estaba formalmente al tanto de que Edery tenía informantes. No objetó, por consiguiente, los aportes que en ese carácter la mujer hizo y el fiscal Edery recibió. No obstante las tensiones internas en la Fiscalía Regional de Rosario no paran de acumularse. Los fiscales Socca y Miguel Moreno calificaron en audiencia como "una aberración" que se tomara como informante a Ortigala cuando ella aparece, dijeron, en clara conexión con actores de la Banda de Los Monos.
El fiscal Socca dijo en su nueva denuncia que Edery incluyó en el programa de protección de testigos a Ortigala y que luego su nombre fue incorporado en un precario registro de informantes creado en 2021. Adujo que desde ese momento la mujer adquirió cuantiosos inmuebles sin poder justificarlos más que por su vínculo con “Guille” Cantero. Y que Edery, que investigaba a Los Monos de manera especializada, a su criterio sospechosamente no advirtió eso. Para Socca eso fue un acto de impunidad a cambio de la información que recibían de Ortigala.
Este jueves Socca recibió la asignación de custodia fija en su oficina del segundo piso del Centro de Justicia Penal. A la vez ordenó cambiar las cerraduras de las tres puertas de su oficina. El motivo es que allí resguarda la evidencia que impulsó la denuncia. Y ese despacho es contiguo al de Edery con quien comparte espacio hace tres años.
El argumento planteado en la audiencia del miércoles por Socca es que si Edery está especializado en la estructura de Los Monos es difícil aceptar que nunca se haya dado cuenta de que Ortigala era testaferro presunta de esa banda. O que por ejemplo Vanesa Barrios, madre de los hijos de Guille Cantero, cumple prisión domiciliaria en una casa de la avenida Alberdi que está a nombre de Ortigala.
La directiva de Iribarren
En el interior de la Fiscalía Regional Rosario está en controversia si al revelar en audiencia lo que dijo Ortigala como informante, los fiscales que acusaron desobedecieron una directiva que les impartió Iribarren con una nota del miercoles 14 de septiembre, dos días después de que la mujer fuera detenida como parte de una red que había extorsionado al propietario de la casa de loterías El Califa. “Los fiscales tenían que hacer un uso cauteloso de la información para no exponer”, le dijo Iribarren a este diario. Cuando se le preguntó si Socca y Moreno se habían apartado de lo que les fijó en su instrucción dijo: “La audiencia aún no está resuelta. Cuando termine voy a tener que analizar si hubo un exceso o no respecto de lo que yo dispuse”.
En el contexto de la investigación policial y judicial se afirma que quien ventiló su condición de informante fue la misma Ortigala en el momento de ser detenida el pasado 12 de septiembre. El fiscal Moreno declaró que fue la mujer la que eligió ponerse en peligro, quien a su criterio llegó a la Fiscalía en 2021 a declarar contra Esteban Alvarado "porque se cambió de facción, no porque quiso dejar de delinquir". La idea que animó la imputación y las referencias a ella en audiencia pública es que no es admisible solicitar que no se difunda prueba incriminante contra una persona en la investigación de un hecho.
A la vez, el fiscal Edery hizo una valoración en la edición porteña de Telenoche sobre el tema. “Ventilar estas cuestiones como lo de una persona que pasa información en el marco de una audiencia pública es un acto de irresponsabilidad, porque como Estado debemos proteger a esa persona que está brindando datos, al margen de que haya cometido delitos”.
En el dialogo con Iribarren se aludió a la notoria discordia que existe entre sectores de la Fiscalía Regional y las dificultades para regular esos conflictos. ¿Cómo se piensa actuar para asegurar el rumbo de una institución que persigue el delito? “Es en lo que estamos trabajando” dijo Iribarren. “Roces internos siempre hay en todas las organizaciones y sobre todo en una como ésta, donde los fiscales tienen mucho protagonismo y relevancia, están observados desde muchos ámbitos: la prensa, el público, los ámbitos políticos”. La gravedad institucional, no obstante, es mayor que una simple tensión. “Son cuestiones internas que no debieran repercutir en la gente. El ciudadano tiene que ver una organización que funcione en pos de la sociedad y no en pos de cuestiones individuales, ni egos, ni otras situaciones. Hay que seguir trabajando para eso y tenemos que poner todo nuestro esfuerzo para transmitir la mayor seriedad posible”, dijo la fiscal regional.
