Emanuel “Ema Pimpi” Sandoval, el único acusado por el atentado a la casa del ex gobernador Antonio Bonfatti, brindó su consentimiento a una pena de 3 años y medio de prisión pactada entre su abogado y la Fiscalía que lo define como “organizador e instigador” del ataque. Fue en una audiencia pública presidida por el juez Ismael Manfrín, quien antes de homologar el juicio abreviado debía consultarle al acusado si lo convalidaba. “Entiendo y acepto el acuerdo”, dijo el joven de 25 años, que sigue en prisión domiciliaria y ya estaría en condiciones de recuperar la libertad.
A partir de ese trámite el juez cuenta con 20 días para firmar la sentencia definitiva. El convenio cierra la causa respecto de Sandoval, quien de lo contrario se hubiera encaminado hacia un juicio que a pedido de la defensa iba a ser oral y público. La condena es por los delitos de amenazas agravadas por el anonimato y el uso de arma de fuego, abuso de arma y daño simple. E incluye otro ataque a tiros de 2011 que se unifica con un antecedente de años atrás (ver aparte).
Últimos pasos. Al procedimiento abreviado lo habían cerrado en diciembre entre el fiscal del viejo sistema Hernán Paz y el defensor particular Marcos Cella. Un mes antes el abogado querellante de Bonfatti, Héctor Superti, había retirado cargos contra Sandoval por no encontrar elementos en su contra.
Eso debilitó la pretensión de la Fiscalía, que en la requisitoria de elevación a juicio había encuadrado las amenazas como dirigidas a “obtener una concesión de un miembro del poder público” para impedir acciones contra el narcotráfico, lo que no pudo probarse. Por eso el acuerdo final no incluyó ese agravante, que elevaba la pena de 5 a 15 años.
Sorpresivo. El atentado contra Bonfatti ocurrió la noche del 11 de octubre de 2013 en su domicilio particular de Darragueira y Gallo. El entonces gobernador estaba con su esposa y una empleada cuando la vivienda fue acribillada a balazos por hombres que pasaron en moto a toda velocidad. Si bien hubo cinco detenidos, la jueza de Instrucción Alejandra Rodenas finalmente procesó a dos: a Sandoval por amenazas agravadas por el uso de arma y anonimato, abuso de arma y daño calificado; y al policía Pablo Espíndola, quien espera sentencia por encubrimiento agravado.
Sandoval lleva dos años y cuatro meses detenido y en diciembre de 2014 obtuvo una morigeración de la prisión preventiva por lo que tiene arresto domiciliario. Al homologar el acuerdo, Manfrín realizará también el cómputo de la pena y fijará qué día vence. De todos modos, Ema Pimpi ya estaría en condiciones de solicitar la libertad condicional.
El nexo narco. Pese a tratarse de una causa del viejo sistema, la audiencia de ayer fue oral y pública a pedido de la Fiscalía. Paz leyó el texto del acuerdo mientras, en otro rincón de la sala, Sandoval escuchaba atento junto a su abogado. Lo rodeaba un puñado de familiares y policías que ya en los primeros minutos le quitaron las esposas.
Paz repasó los datos esenciales de la causa, en la que Sandoval fue acusado de integrar el grupo que en dos motos y un auto se apostó frente a la casa de Bonfatti y tiró con balas calibres 9 y 11.25. Al menos 13 disparos dieron en el frente, otros tres traspasaron la puerta y causaron daños en el interior de la propiedad. A Sandoval le reprocharon haber participado de la planificación “aportando motos y armas”.
El fiscal recordó que en una ampliación de indagatoria le adjudicó además la motivación de “amedrentar al Poder Ejecutivo” para forzar el desplazamiento del jefe de la comisaría 10ª, Roland Cuñé, en un ataque “vinculado con el narcotráfico y el crimen organizado”. Esa era la hipótesis de la Fiscalía, que encuadró el atentado como una venganza por denuncias a búnkers de la zona, trasfondo que no pudo probarse, aunque la sola mención de la palabra “narcotráfico” hizo remover en su asiento a Sandoval, quien pidió aclaraciones.
Cella aclaró entonces que ese nexo no pudo probarse respecto de su cliente y que por eso se rebajó la calificación del delito. Hecha esa salvedad, Ema Pimpi dio su consentimiento. “Si están las partes de acuerdo, poco queda para debatir en esta audiencia”, cerró Manfrín.
En tanto, Cella pidió que le otorguen a su cliente una custodia especial de Asuntos Internos para garantizar que no sufra incidentes en el cumplimiento de su prisión domiciliaria. A fines de 2015 denunció que la policía irrumpió en su casa sin orden y lo baleó en una pierna. El jueves de la semana pasada denunció una irrupción de agentes de Gendarmería en su casa de la zona norte aduciendo que incumplía el régimen de detención, sumario que fue archivado por la fiscalía al no encontrar elementos de sospecha.
