El ministro de Seguridad de la Provincia, Maximiliano Pullaro, tiene contados cada uno de los 137 días que le llevó llegar al juicio en el que diez personas resultaron imputadas por las balaceras a instituciones judiciales como el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Centro de Justicia Penal. También recibieron las balas viviendas residieron magistrados que participaron en el juicio de la megacausa a Los Monos. A lo largo de esos días, desde su despacho y desde la Fiscalía, dice que tenían "a los responsables en la mira pero las manos atadas para avanzar en la investigación".
Por eso, creé que es fundamental ahora que "se debata la forma en que se vigila a las bandas del crimen organizado. Hoy Los Monos están en pabellones comunes y los días de visita puede haber en ese pabellón 250 personas. No podemos requisar de manera abusiva a las visitas ni poner un tope de kilos de alimentos que lleven, ni controlar como se debe a quienes los visitan. ¿Cómo se puede hacer para controlarlos en esos términos?", se preguntó. Y adelantó que "es necesaria una ley que defina injerencias. Somos un Estado bobo si tratamos a los criminales de este tipo como ladrones de gallinas".
Por otro lado, está conforme porque durante toda la investigación sobre las balaceras no aparecieron contactos con las fuerzas de seguridad provincial. Es más "fueron ellos quienes los esclarecieron, como corresponde", dice.
Pullaro debe administrar un presupuesto total que, con sueldos incluidos, ronda los 1.400 millones de pesos y deslindar el dinero que se usa en equipamiento y obras de infraestructura. Aparte de eso, su día a día es lidiar con hombres que brillan con estrella propia mientras son jefes de bandas y que al caer presos parecen sombras más que hombres, y se pierden mientras ejercen aún su poder. "No hay un stándar que permita controlar a los grupos del crimen organizado como Los Monos. Para la Justicia los Cantero son igual que un pibe que roba una moto y no es así. Si el Estado no puede cambiar la mirada y tener más controles se convierte en un Estado bobo. Para eso necesitamos que los jueces nos acompañen, que nos permitan decidir dónde los alojamos, revisar qué mercadería le trae la visita. Con los habeas corpus nos ordenan ubicarlos en pabellones comunes y así pueden ser jefes de pabellón y seguir con su liderazgo delictivo desde adentro, como se demostró en esta investigación y en la causa Los Patrones (un juicio por narcotráfico al caul el clan es sometido por estos días en la Justicia federal).
El ministro quiere desarmar el laberinto: "Es necesario un régimen especial para internos de alto perfil. Los jueces se meten en las decisiones del Poder Ejecutivo y eso es dificultoso. En estos momentos se discute en la Legislatura una ley que establece claramente la decisión de quién define el lugar donde deben estar los internos. Incluso para cuidarlos. Como ejemplo valga el caso de Ariel «Tubi» Segovia (imputado por tres crímenes), nos obligaron a ponerlo en le pabellón 7 de la cárcel de Coronda y lo mataron. A otro interno peligroso, Adrián «Cable» Solis (implicado en la causa del crimen de los hermanos Ulises y Jonatan Funes) lo tenemos en la Unidad 3 de Rosario y no podemos custodiarlo como es debido", admitió Pullaro. Y deslizó: "Por las balaceras, a los tiradores no les pagaron más de 2.500 pesos y había tres grupos: el de Lucía Uberti, el de Matías César (ambos encausados en el juicio que se lleva a cabo en el Centro de Justicia Penal) y el grupo de dos o tres personas que detuvo en su momento la fiscal Natalia Benvenuto. De esos casos al menos siete fueron ordenados por «Guille» Cantero desde prisión", sostuvo en concordancia con la imputación hecha por los fiscales en el juicio iniciado la semana pasada.
— En la causa Los Patrones se ventiló que uno de los detenidos tenía en su celda una línea de teléfono directa desde una oficina del Servicio Penitenciario de Piñero. ¿De qué manera se realizan las requisas en los penales?
— En las requisas de los pabellones se utiliza, además del Servicio Penitenciario, un grupo de 70 efectivos especializados. Encontramos celulares, estupefacientes y lo que se le ocurra. El problema es cómo ingresan y lo laxo de los controles a lo que nos obliga la Justicia. Debe haber un régimen especial para presos de alta peligrosidad y perfil. Pueden ser pabellones más chicos o bien un ingreso estricto de visitas, entre otras cosas.
— ¿Qué bandas o integrantes del crimen organizado entrarían en esta categoría?
— No son más de cinco las organizaciones que tendrían en la provincia un régimen de esta categoría, un régimen especial que no viole derechos y garantías, pero especial.
— En cuanto a los robos callejeros, que es lo que al habitante común más perjudica, ¿cómo responde el ministerio ante la cantidad de delitos?
— Trabajamos tomando una estadística que nos produce el sistema OJO, que son los llamados al 911. Se construye un mapa del delito contemplando entraderas, robos calificados y arrebatos. Eso se lo entregamos a los inspectores de zona de la policía y el oficial debe traer respuestas operativas que se miden cada quince días. Según esa información no suceden más de diez entraderas por mes y disminuimos en un 30 por ciento tanto los arrebatos como los robos con armas en el micro y macrocentro. A ésto se suma una coordinación con la Fiscalía para ordenar allanamientos y conexiones de delincuentes. Además hacemos controles permanentes de motos y vehículos, que nos da buen resultado.
— ¿Cuál es la relación del ministerio con la Justicia provincial y federal?
— La relación es muy buena con el Ministerio Público de la Acusación, con acciones importantes en la investigación y persecución criminal, con un contacto muy fluido con los Colegios de Magistrados. Hubo momentos de mucha tensión, pero pasaron. En tanto, con la Justicia federal también fue importante el nombramiento de dos nuevos fiscales y la colaboración de la ministra Patricia Bullrich.
—Los homicidios son el termómetro para medir la violencia y usted sabe que la estadística de este año no favorece a su gestión. Hasta ayer se registraron según estadísticas propias 151 crímenes y a esta altura, en 2017, se habían cometidos 122 ¿Cómo evalúa ese incremento?
— Hubo un pico de crecimiento de abril a julio con la guerra de las familias de Tablada (los Caminos y los Funes). Durante el proceso del juicio a Los Monos. No tenemos una cifra relevante de homicidios en situación de robo pero sí muchos interpersonales, entre familiares o por problemas de vecinos o ex parejas. Pero tenemos el 83 por ciento de identificación de los responsables de los homicidios. Hay violencia pero no hay impunidad.
— La cuestión de las balaceras reiteradas sobre las propiedades también preocupa.
— Tiene que ver con una modalidad delictiva que no paga costos. Por eso las condenas por los atentados a propiedades vinculadas a jueces e investigadores o a edificios de la Justicia deben ser ejemplares. Por la cantidad de hechos pueden darle a algunos imputados hasta 30 años de cárcel. Debe cambiar la calificación penal por intento de homicidio cuando se producen estos ataques. El caso de Maite Ponce, la nena cuya casa fue baleada desde una moto en el barrio Casiano Casas y que le causó la muerte mientras estaba en un sillón es puntual. Hay unas 500 mil armas ilegales en la provincia y estamos montando planes para desarmar a la población. Todas las armas de las fuerzas de seguridad están registradas y peritadas y hay fuertes sanciones para aquellos que las pierdan o sean usadas en delitos.
— En cuanto a la cantidad de menores capturados por distintos delitos, ¿cómo atraviesa la provincia la situación de inimputabilidad?
— El Estado ahí contiene a los chicos con varios ministerios: Desarrollo, Seguridad y otros ámbitos. Ahí también juegan situaciones urbanísticas. El chico alojado en el Instituto de Rehabilitación para el Adolescente de Rosario (IRAR) es abordado desde varios aspectos. Se interviene el barrio, se rastrilla la zona y se trabaja con varios ministerios.
— A partir del atentado a Andrés Lamboy, ocurrido en la puerta del colegio de sus hijos en septiembre pasado y en el que recibió nueve tiros, ¿detectaron bandas de extranjeros actuando en Rosario?
— Por medio de la inteligencia criminal observamos personas de nacionalidad colombiana actuando en la ciudad, no bandas organizadas pero sí que trabajan para grupos criminales locales. En el caso Lamboy la investigación no arroja indicios de que haya sido una banda extranjera ni organizada fuera de Rosario.
El despacho de Maximiliano Pullaro es amplio y en las paredes, además de pantallas que registran el delito en la ciudad en tiempo real, hay dos cuadros que le dan el toque moderno. El ministro viste informalmente y ya no tiene miedo a una amenaza de muerte recibida en agosto. No tiene tiempo para especular. Sólo se cuida.
