El estado del Irar y un reto de la Justiciaa la provincia

Un juez penal realizó un llamado de atención a las autoridades de la Dirección de Justicia Penal Juvenil de la provincia que el miércoles no acudieron a una audiencia donde debían presentar avances en cuestiones edilicias y detección de torturas en el Instituto de Recuperación del Adolescente de Rosario (Irar). El titular del área, Alcides Leicker, presentó un escrito para excusar su participación porque la resolución fue apelada. Pero para el magistrado, Luis María Caterina, ese recurso no frena el debate sobre las reformas ordenadas en el Instituto y por eso realizó un "severo llamado de atención" al funcionario y convocó a una nueva audiencia.

Hábeas corpus. El 2 de noviembre el juez Caterina hizo lugar a un hábeas corpus presentado por el Servicio Público de la Defensa respecto de las condiciones de alojamiento de jóvenes en el Irar. Si bien desestimó el planteo en cuanto a los problemas de alimentación y limpieza, hizo lugar a lo relativo a mejoras edilicias en los pabellones 5 y 6.

También ordenó mejorar los controles de salud psicofísica, consideró la existencia de torturas y dispuso que el Instituto se adapte y aplique las pautas del Protocolo de Estambul. Entonces fijó un plazo de 30 días para que el Estado presente una propuesta y revisar los avances. Para eso estaba prevista la audiencia del miércoles.

Pero el titular de Justicia Penal Juvenil, Alcides Leicker, presentó un escrito excusando su participación debido a que el 8 de noviembre la Fiscalía de Estado interpuso una apelación a la decisión de Caterina. "Quedamos a la espera de la resolución del recurso interpuesto para comparecer judicialmente", planteó.

Nuevo plazo. Ante esa ausencia el juez suspendió el acto y volvió a convocar a las partes en cinco días no sin hacer un "severo llamado de atención al funcionario y a los letrados que estuvieron actuando y le hubieren aconsejado tal tesitura, a los fines que adecúe su conducta a los principios de lealtad, probidad y buena fe, evitando incurrir en actitudes sorpresivas o en conductas que impliquen abuso del derecho procesal".

Caterina planteó que la apelación de la Fiscalía de Estado no tenía un efecto suspensivo sobre la audiencia para supervisar avances, "especialmente cuando existe la posibilidad de vulnerar derechos de menores de edad". "Se han desobedecido mandatos judiciales expresos, vulnerándose la más elemental buena fe procesal", cuestionó, y aclaró que "sólo por la constante presencia en el proceso" de las autoridades es que "no se aplica ninguna sanción ante la inasistencia injustificada".