La sumatoria de detenidos bajo prisión preventiva, las malas condiciones edilicias de las seccionales policiales y un reciente fallo judicial que hizo lugar a un hábeas corpus correctivo por los presos alojados en la seccional 12ª de Santo Tomé (departamento La Capital) llevaron al ministro de Seguridad Marcelo Saín a declarar la emergencia en las comisarías de todo el territorio santafesino y disponer que en las mismas “no se reciban más detenidos”. La decisión abre un posible conflicto dentro del Poder Ejecutivo en tanto las cárceles, bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, también están atiborradas de personas.
La resolución 665/20 firmada por Saín y a la que tuvo acceso La Capital declara “la emergencia de las condiciones de detención de ciudadanos/as en las dependencias policiales de todo el territorio santafesino” y dispone que “hasta tanto no se adecue el número de personas presas con la capacidad de alojamiento que esas comisarías tienen no se admitirán más detenidos”.
En la actualidad la provincia tiene en dependencias policiales un total de 723 detenidos mientras la capacidad máxima de las mismas es de 664, lo que marca un exceso del 10,5%. Así como hay departamentos en los cuales la situación no es preocupante, tal el caso de Rosario donde sólo están cubiertas 9 de las 100 plazas disponibles en las seccionales; hay áreas donde ocurre lo contrario, como en el departamento La Capital que tiene capacidad para ablbergar a 131 detenidos y hay 250 personas tras las rejas. Los otros departamentos complicados son General López, con un exceso de 27 internos; Castellanos con 21 presos más que los permitidos; y San Jerónimo con 13 personas más que los lugares disponibles.
Lo que a Rosario le permite tener cierta comodidad numérica es la nueva alcaidía de 27 de Febrero al 7800, primer sitio al que son llevados los detenidos antes de las audiencias imputativas y al que regresan después del trámite judicial.
Pero si de números se habla, lo que no contempla la resolución de Saín son las condiciones de superpoblación en la que se encuentran los penales dependientes del Servicio Penitenciario. En ese sentido, las cifras oficiales indican que hoy están alojados en todas las unidades carcelarias 6.318 personas mientras que la capacidad máxima de las mismas es de 5.758, lo que indica una sobrepoblación del 11%.
Y hay que contemplar que la saturación de los lugares de detención es crítica por la tendencia en aumento de las prisiones preventivas de parte de la Justicia penal, lo que implica más gente tras las rejas.
Pero la crisis en las comisarías no es nueva en Santa Fe. En noviembre de 2007 la Cámara Penal de Rosario hizo lugar a un hábeas corpus por el hacinamiento de detenidos. Por entonces sólo en Rosario había unos 1.200 reclusos en sus celdas. Y aunque en los últimos años se construyeron seis penales, la cantidad de detenidos casi se duplicó.
Fundamentos
La resolución de Saín surge de un estudio encargado en marzo por el propio Ministerio a las 19 unidades regionales de la provincia. Del mismo surge que hay “resultados preocupantes en lo que respecta a la infraestructura para alojar a detenidos y las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentran” en las comisarías, como así también “la crítica situación edilicia de los penales, tratándose de construcciones antiguas, con falta de obras y de mantenimiento, representando ello un peligro para la vida e integridad de los detenidos y de los funcionarios/as policiales”, todo lo que a entender del ministro “aumenta las posibilidades de evasión por parte de los apresados”. En ese sentido, hay que recordar que en los últimos meses se registraron fugas de al menos tres seccionales santafesinas.
En otra parte de la resolución, Saín sostiene que “durante mayo, junio, julio y agosto de cada año se registran los mayores índices de personas detenidas, lo que da una pauta de que para los siguientes meses el panorama se puede complicar más”. Y, en ese sentido, expresa que “deberá el Poder Judicial ser quien examine en cada caso sus decisiones en oportunidad de disponer el alojamiento de personas en lugares de detención que, por su naturaleza y función, no se condicen con la finalidad del cumplimiento de la pena o de la privación de la libertad”.
Asimismo, el ministro de Seguridad recuerda una resolución del 16 de marzo de 2017 en la que se aprobó el Programa de Puntos de Ingreso en el marco del Plan de Refuncionalización Integral del Sistema de Comisarías de Rosario y su Área Metropolitana en el cual se contemplaba que tras las audiencias imputativas, los detenidos preventivamente en comisarías deberían ser alojados por el Servicio Penitenciario o recuperar la libertad pero nunca volver a las seccionales. Y plantea que, más allá de que esa norma se dictara para Rosario hoy debe extenderse a todo la provincia.
Federales y recursos
Otro dato de la resolución se refiere a que entre los presos en comisarías hay personas sometidas a la jurisdicción federal que deberían estar alojadas en el Servicio Penitenciario Federal; y que son recurrentes “los hábeas corpus presentados por el Servicio Público de la Defensa”.
En ese marco refiere a la audiencia celebrada en Santa Fe el 12 de mayo en favor de los alojados en la seccional 12ª de Santo Tomé en la cual se intimó al Ministerio a “arbitrar las medidas tendientes a subsanar los excesos de alojados” y “se recomienda implementar la emergencia carcelaria”, lo cual excede a su jurisdicción pero no le impide trasladar la misma a las dependencias policiales.
Finalmente, Saín manifiesta que su gestión pretende “garantizar los derechos de las personas privadas de su libertad en dependencias policiales brindando un abordaje desde los derechos humanos que se ven gravemente vulnerados, principalmente por las condiciones de hacinamiento”; y que “el contexto actual en el marco de la crisis epidemiológica fruto del brote de Covid-19 no puede serle ajeno a los alojados en dependencias policiales”.
