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El juez Da Cruz dice que la investigación no puede seguir con el imputado en libertad y comunicó su fallo al Consejo de la Magistratura, que debe resolver la situación
Marcelo Bailaque fue imputado con prisión preventiva, pero continuaba libre mientras el Consejo de la Magistratura no trate las investigaciones en su contra.
El juez federal de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz le dictó la prisión preventiva por el término de 90 días al juez federal Marcelo Bailaque, acusado de varios delitos que se le achacan haber cometido en el ejercicio de sus funciones. La resolución aclara que la medida cautelar “no podrá hacerse efectiva de forma inmediata” en virtud de la ley de fueros que impide el encarcelamiento de un juez sin que así lo habilite el Consejo de la Magistratura.
En ese marco, Rodrigues Da Cruz le trabó una inhibición por 1.500 millones de pesos y la inmediata inmovilización de las cuentas bancarias de Bailaque, a excepción de la cuenta sueldo. Asimismo, el magistrado imputado este miércoles no podrá salir del país sin autorización judicial.
Bailaque fue imputado este miércoles por delitos que le endilgan haber cometido en al menos tres expedientes que estaban a su cargo. Los fiscales Federico Reynares Solari, Matías Scilabra de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y Juan Argibay Molina de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) fiscales le achacaron el mal manejo de fondos de la cooperativa portuaria de San Lorenzo y Puerto San Martín, irregularidades en investigaciones contra el narco Esteban Alvarado y el armado de una causa, con fines extorsivos, contra un empresario rosarino.
Formuladas las imputaciones durante la mañana, y luego de un cuarto intermedio dictado hasta las 15, el todavía juez federal Nº 4 de Rosario pidió declarar sin aceptar preguntas de los fiscales. En ese marco negó rotundamente las acusaciones en su contra.
Posteriormente la defensa cuestionó los argumentos exhibidos por los fiscales al requerir la prisión preventiva y otras medidas cautelares requeridas por los fiscales. Al pedir la prisión preventiva, los acusadores valoraron la necesidad de resguardar las investigaciones de los riesgos que suponen, a su entender, que el juez continúe en libertad con capacidad de entorpecer las medidas procesales.
Luego de otro cuarto intermedio hasta pasadas las 18, el juez Rodrigues Da Cruz dio a conocer su fallo y dio la razón a los fiscales. Sostuvo que la evidencia mencionada contra Bailaque es abundante, que los delitos que se le imputaron —extorsión, prevaricato, allanamiento ilegal, falsedad de documento público— son graves y además se trata de una gran cantidad de hechos en los que, además, está acusado como autor. Tampoco dejó pasar el juez de Garantías, que el imputado es nada menos que un juez federal acusado de actos de corrupción en el ejercicio de su función.
A la hora de evaluar que Bailaque en libertad podría entorpecer las investigaciones en su contra, Rodrigues Da Cruz sostuvo que el magistrado todavía tiene manejo sobre los expedientes y sobre el personal de su juzgado, algunos de los cuales podrían llegar a ser citados como testigos en esta causa.
En ese marco dijo que ve un “claro riesgo procesal” y recordó que la prisión preventiva “es legítima y necesaria cuando no hay otras medidas” que puedan preservar la investigación en cuestión; incluso aseveró que una medida menor como la prisión domiciliaria no haría desaparecer esa posibilidad de obstrucción de la justicia. Asimismo, Rodrigues Da Costa argumentó que la defensa no introdujo, entre sus argumentos en contra de esa cautelar, elementos objetivos para demostrar que no es procedente.
Para el juez de Garantías, la prisión preventiva “es la única medida efectiva para que se desarrolle sin problemas el proceso penal” contra Bailaque.
En tal sentido Rodrigues Da Costa dictó la medida por 90 días, con la salvedad _para nada menor_ que no puede cumplirse en virtud de los dictado por la ley 25.320. Es por ello que la resolución de prisión preventiva incluye la comunicación al Consejo de la Magistratura, organismo que puede sacarle los fueros a los jueces.
Es por esto que la medida resuelta en Rosario implica un llamado de atención para que ese organismo avance en la investigación sobre el desempeño de Bailaque. Ese proceso podría derivar en una suspensión o juicio político que cambiaría la situación del juez, que por el momento solo verá afectado sus bienes mediante las inhibiciones dictadas por el juez.
La resolución del juez de Garantías fue el corolario de una extensa audiencia en la que los fiscales desgranaron sus acusaciones contra el juez federal, quien realizó un descargo para despegarse. Entre las gravísimas acusaciones que leyeron los fiscales, Bailaque fue responsabilizado de negarse a intervenir teléfonos de allegados a Esteban Lindor Alvarado, hoy preso con prisión perpetua por homicidios, narcotráfico y lavado de activos. Scilabra describió que en 2014 el magistrado rechazó el pedido de intervención a líneas telefónicas de la entonces pareja de Alvarado, Rosa Capuano y su socio Jorge Benegas. También se abordó el hecho de que Alvarado y Bailaque compartieran contador: Gabriel Mizzau.
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En su descargo Bailaque negó “totalmente una vinculación directa o indirecta con Esteban Alvarado o con cualquier de los miembros de su organización”. Nombró a los otros funcionarios judiciales que estuvieron a cargo del expediente, quienes “darán cuenta de que se llevó adelante con total normalidad como cualquiera de esas investigaciones en la que yo era juez de Garantías”. Y en cuanto a los pedidos de intervenciones telefónicas que le achacaron no haber autorizado, afirmó que “en su gran mayoría fueron aceptados. Y en los que rechacé expuse los motivo y la fiscalía nunca los recurrió”.
El juez sostuvo que en las investigaciones contra Alvarado nunca hubo interferencias por parte de personas vinculadas al ahora narco condenado. “En el juzgado jamás hubo ese tipo de comportamientos, de eso pueden dar cuenta los funcionarios y empleados que trabajaban entonces en la secretaría también”, señaló.
Bailaque también se refirió a su vínculo con Mizzau, quien fuera por esos días contador de Alvarado. “Hicimos juntos la secundaria, éramos amigos, pero ahora estamos distanciados por otra cuestión que no tiene nada que ver con esto”, apuntó, para agregar: “La mayoría de nosotros no conocemos a los clientes de nuestros contadores o de nuestros amigos. Pero yo desconocía que Mizzau era contador de Alvarado”.
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Finalmente el juez detalló los tres procesamientos que le dictó a Alvarado en distintas instancias judiciales. “Yo dispuse el procesamiento con prisión preventiva de Alvarado el 11 de diciembre de 2019, mucho tiempo antes de que los fiscales provinciales hicieran la denuncia. No hizo falta que me activaran los fiscales provinciales, cuando yo tuve elementos probatorios que consideré suficientes para ordenar el procesamiento de esa persona así lo hice”, aseguró Bailaque sobre ese y otros procesamientos por lavado de activos que dictó contra Alvarado el 29 de junio de 2022 y el 10 de junio de 2024.
“No me pueden asociar con el mundo narco, no tengo absolutamente nada que ver con el mundo narco. Jamas tuve vinculacion con Esteban Alvarado y jamás hubo una interferencia del contador Mizzau respecto de Alvarado. Y cuando tuve elementos probatorios resolví y en los tres casos lo procesé con prisión preventiva”, concluyó en cuanto a esa acusación puntal.
Bailaque también negó las imputaciones respecto del presunto armado de una causa para perjudicar al empresario Claudio Iglesias. A esta persona, en 2019, se le inició una causa a partir de una denuncia anónima que ingresó al juzgado de Bailaque y que luego llegó a la entonces Afip. En esa misma causa quedó comprometido el ex director de Afip en Rosario, Carlos Andrés Vaudagna, que al declarar recientemente como arrepentido afirmó que había armado esa causa junto a Bailaque y con la participación de otro amigo del juez, el empresario Fernando Whpei.
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En su declaración Vaudagna había deslizado que el anónimo fue urdido en uno de los asados que Bailaque acostumbraba a realizar en el quincho del edificio donde vivía. “Con Vaudgana tuve una relacion puramente funcional, rechazo totalmente la imputación que se me dirige en ese caso. No hubo ningún contubernio ni asociación con Vaudagna ni con Whpei, jamás intervine en la extorsión a alguna persona, no es cierto que en el quincho del edificio de mi casa, que es público y al que entra cualquier vecino, que yo haya tenido un arreglo de esas características”, señaló.
Al respecto mencionó que en “esa época —no dijo cuándo— solía realizar reuniones sociales bastante seguido” en ese quincho y definió esos encuentros como “abiertos y no limitados a un grupo específico”. En ese sentido admitió que tanto Vaudagna como Whpei participaron de esos asados a los que también, señaló, asistieron alguna vez los fiscales que hoy lo están acusando como Scilabra y Reynares Solari, y también periodistas como el fallecido Mauricio Maronna, con quien “compartíamos la pasión por Newell's Old Boys”.
También contó haberse “reunido con otros periodistas en el famoso quincho, como Germán de los Santos y Hernán Lascano, con quienes compartimos una cena con Gustavo Polanco, que llevó adelante el expediente conocido como Los Patrones”, en alusión a la primera investigación por narcotráfico en la que resultaron condenados miembros de Los Monos como Ariel “Guille” Cantero. No obstante, también quiso aclarar al respecto que “jamás se habló de un expediente en ningún ámbito”.
Finalmente, respecto de esas acusaciones de extorsión, Bailaque negó conocer a la víctima. “No conozco al señor Iglesias ni a Onetto. Nunca tuve ningún trato con ninguno de ellos dos. Pero jamás he pedido dinero ni directa ni a través de otras personas sugiriendo que en caso de darme dinero podría favorecerlo en alguna causa. Jamás he extorsionado a nadie, es mi forma de vida laboral. Tolerancia y respeto es lo que prima en cada una de mis actitudes como juez”.
Otra de las imputaciones tiene que ver con el manejo de los fondos de la cooperativa de estibadores de Puerto General San Martín y de San Lorenzo. Aquí Bailaque es cuestionado por haber permitido el giro de mil millones de pesos hacia una mutual cuyo titular es Fernando Whpei. Esa maniobra debía hacerse hacia una entidad regulada por el Banco Central y no a cualquier mutual. En ese marco el fiscal Reynares Solari le atribuyó a Bailaque no haber dado lugar a una recusación en su contra presentada por estibadores que aseguraban que la maniobra estaba dirigida a beneficiar a su amigo empresario.
En este caso el magistrado recordó que la causa original se había iniciado en Campana y llegó hasta mutuales y cooperativas del cordón industrial que fueron intervenidas por orden del juzgado de esa ciudad bonaerense. Que luego se declaró la incompetencia y la causa continuó su curso en el Juzgado Federal a cargo de Bailaque en Rosario, donde recayó en tiempos de cuarentena.
“Estudié la causa que tenía muchos cuerpos e incidentes, se cumplieron con todas las medidas probatorias. Y lo que debe quedar en claro es que el expediente se desarrolló con la intervención designada desde Campana, yo no designé a (Roberto) Pascualino, aunque renové su intervención cuando estaba por vencer el plazo. Pero fue él quien pidió el desbloqueo de fondos, no fue una decisión mía oficiosa, y por otro lado mi decisión no tuvo direccionamiento a ninguna mutual, banco o lo que fuera ligado a Fernando Whpei”, explicó Bailaque, para agregar: “Luego de una incidencia de incompetencia el expediente se siguió tramitando en el juzgado civil y la intervención terminó, fue aprobada y no hubo ningún faltante de fondos. De manera tal que cuando dicen que hay un deber de excusarse, me he excusado en la medida del conflicto y teniendo en cuenta lo siguiente: era un expediente muy complejo y en trámite y a mí me recusaban en algo que derivaba en el apartamiento de de todo un expediente en el que Fernando Whpei no era parte”.
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