Se trata de tres legajos que tienen como denominador común los cuestionamientos al rol del magistrado en causas de relevancia económica y de narcotráfico
El juez. Marcelo Bailaque se encuentra bajo la lupa de la Justicia.
En una audiencia oral y pública multipropósito celebrada entre este jueves y viernes en los Tribunales Federales de Rosario contra el juez federal Marcelo Bailaque, el Ministerio Público Fiscal (MPF), la Procelac y la Procunar solicitaron el levantamiento de los secretos, fiscal, bancario, bursátil y el requerimiento del Consejo de la Magistratura para prestar las declaraciones juradas del magistrado, entre otras solicitudes.
Se trata de tres legajos donde se investiga un entramado que tiene como denominador común los cuestionamientos al rol del juez federal Marcelo Bailaque en causas de relevancia económica y de narcotráfico. Dos contadores, uno de ellos con presunta vinculación con el magistrado, fueron imputados por lavado de activos.
En la misma audiencia quedaron imputados por lavado de activos dos contadores por la participación en empresas vinculadas al narco Esteban Alvarado.
En el marco de la investigación, el MPF también requirió el listado de llamadas entrantes y salientes en el período 2014 a 2018 respecto de Bailaque. Tras consultar a las defensas, quienes solicitaron mantener a resguardo aspectos que pueden ser sensibles, el juez Rodrigues Da Cruz autorizó las medidas previo a ordenar una serie de requisitos y que se informe el listado de las personas de la Fiscalía que tendrían acceso a esas evidencias, según publicó la web oficial Fiscales.gob.ar.
De la audiencia participaron el titular de la delegación regional de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Juan Argibay Molina; el fiscal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) región NEA, Matías Scilabra; y el fiscal federal de la oficina de Litigio Oral Estratégico del Área de Investigación y Litigios de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, Federico Reynares Solari, expusieron hechos y solicitaron medidas probatorias de tres legajos judiciales que se tramitan bajo los alcances del Código Procesal Penal Federal (CPPF), donde aparecen elementos preliminares para promover una investigación penal en relación al desempeño del titular del Juzgado Federal N°4 de Rosario, Marcelo Bailaque. En una de las investigaciones, dos contadores fueron imputados por lavado de activos.
De la audiencia, presidida por el juez de garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz, participaron además el coordinador de la Fiscalía de Distrito Rosario, el fiscal general Fernando Arrigo, y los fiscales titulares, a nivel nacional, de la Procunar, Diego Iglesias; de la Procelac, Diego Velasco; y de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez.
En la introducción de la audiencia, el fiscal Arrigo indicó que se formalizaban las imputaciones y solicitudes de medidas probatorias en el marco de tres causas judiciales que se tramitan bajo los alcances y beneficios del Código Procesal Penal Federal (CPPF), que rige en la jurisdicción desde mayo pasado.
Además, apuntó sobre la relevancia del artículo 120 de la Constitución Nacional (especifica que el Ministerio Público debe promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad), además de citar jurisprudencia para aclarar que los legajos se tramitan bajo el sistema acusatorio, teniendo como referencia el inicio de la investigación y no la ocurrencia de los hechos. Luego, enumeró las tres investigaciones conjuntas que se desarrollaron tras “un trabajo en equipo” de las fiscalías y con “pruebas comunes”.
En la primera de ellas, en trámite ante la Procunar y la Procelac, se formalizó la imputación por lavado de activos a los contadores públicos Eduardo S. y Gabriel M. por su participación como profesionales “a sabiendas de la actividad ilícita y la circulación de activos”, al firmar balances y permitir sobrefacturación de las empresas Toia, Edra, Logística Santino, y Sagrado Corazón de María, vinculadas a Esteban Alvarado, condenado por lavado de activos y narcotráfico, y por homicidio y asociación ilícita en el ámbito provincial.
En ese legajo se cuestiona el rol jurisdiccional del juez. Le atribuyeron no haberse excusado de intervenir en la investigación de una causa por narcotráfico contra Alvarado que tramitaba desde 2013. De acuerdo a la idea oficial del caso, el magistrado tenía como asesor contable personal a M., que a su vez prestaba asesoría al entramado de empresas vinculadas a Alvarado y a su ex mujer, Rosa Capuano, con quien el contador mantuvo contactos hasta septiembre de 2014, según la expuso el MPF.
Luego, el fiscal Reynares Solari expuso otra de las investigaciones que impulsa contra el juez, en este caso, ante la posible comisión de los delitos de prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La investigación está relacionada a su actuación en una causa judicial donde se intervinieron fondos por mil millones de pesos de las Cooperativas de Trabajos Portuarios Limitada de Puerto General San Martin y San Lorenzo, provincia de Santa Fe, en favor de una financiera cuyo titular sería, según la fiscalía, Fernando W., amigo personal del juez.
El expediente comenzó a tramitarse en 2019 en el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, quien ordenó la detención Herme Juárez, titular de la Cooperativa de Trabajos Portuarios por de los delitos de asociación ilícita, administración fraudulenta, coacción agravada y lavado de activos de origen ilegal agravado por la habitualidad.
Además, el juzgado ordenó, en junio de 2019, el bloqueo de las cuentas bancarias, cajas de ahorro, cuentas corrientes, depósitos a plazo fijo y demás productos bancarios y financieros de la entidad. Sin embargo, se declaró la competencia territorial de la justicia federal de Rosario, “momento en el que intervino el juez Bailaque”, indicó Reynares Solari en su presentación.
Según el fiscal, el juez federal rosarino ahora investigado resultaría “recusado por un grupo de asociados de la cooperativa que alegaron los intereses del magistrado en el caso en función de su estrecha amistad con el empresario financista Fernando W., quien fue favorecido a partir del desbloqueo judicial de fondos que implementó Bailaque en el ejercicio de sus facultades como juez federal”.
Siempre de acuerdo a la hipótesis fiscal, luego de que el juez les negara ser querellantes, los socios de la cooperativa fueron reconocidos como tales por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario en abril de 2021. Los mismos recusaron a Bailaque por su amistad con W. en abril de 2021 y presentaron una revocatoria con apelación en subsidio contra el desbloqueo de fondos.
Los argumentos de los recusantes fueron que el empresario Fernando W. contactó a los asociados de la cooperativa para destrabar el conflicto de la intervención, informando que tenía una muy buena relación con Bailaque. A raíz ello, esta persona comenzó a realizar maniobras para captar los fondos de la cooperativa.
En ese marco, el interventor solicitó al juzgado que se liberen los fondos inmovilizados de la cooperativa. Ya en diciembre de 2020, Bailaque dispuso la autorización para liberar, primero 150 millones de pesos y luego, en abril de 2021, otros mil millones, a los fines de operar financieramente con el Grupo Unión SA y con la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, cuyo referente es Fernando W.
“Frente a la recusación, Bailaque presentó un informe alegando su imparcialidad en relación con las distintas circunstancias del caso, sin abordar específicamente el eje troncal de la recusación, es decir, si tenía o no algún vínculo con el empresario W.”, remarcó Reynares Solari.
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Como consecuencia de ello, la Cámara Federal de Apelaciones resolvió rechazar el planteo de los querellantes. Sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal advirtió irregularidades, al remarca que el juez había omitido toda referencia al objeto del litigio, es decir, su relación con el empresario.
A partir de ello, se le solicitó a Bailaque que efectúe un nuevo informe indicando expresamente su vínculo con el financista. En esta oportunidad, sostuvo de manera explícita que efectivamente tiene una relación de amistad con Fernando W. A partir de ese informe, la Cámara Federal dispuso su apartamiento del caso.
El 7 de julio, la Cámara Federal de Rosario ordenó que el dinero depositado en la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales sea retirado y depositado en un plazo fijo del Banco Nación.
La fiscalía remarcó que el juez, “en ejercicio de sus funciones, autorizó la liberación de fondos que se encontraban judicialmente inmovilizados, los cuales fueron girados a una entidad financiera perteneciente a su amigo Fernando W., situación que desconoció en un principio y que, luego de la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal, reconoció como cierta”.
Y agregó que “si bien Bailaque fue el juez del caso durante todo el período detallado en que se incorporó una modalidad de administración financiera riesgosa, nunca se excusó como magistrado ni admitió la recusación articulada por la querella, pese a haber tomado conocimiento con precisión que su amigo era favorecido por sus decisiones judiciales”.
Por último, solicitó la duplicación de plazos (por seis meses) para profundizar la investigación, y como medida de prueba el informe de registros de llamadas entrantes y salientes, impacto de antenas, líneas activas y titularidad de líneas activas del juez, entre 1° de abril de 2020 y el 31 de diciembre de 2022.
Luego, el fiscal Argibay Molina, de Procelac, expuso su caso. Allí, además del juez Bailaque hay ocho personas bajo investigación. En ese legajo, la calificación preliminar informada es ante la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios público, y prevaricato.
Se trata de un caso que comenzó a investigarse en octubre de este año a partir de una solicitud de sobreseimiento de Claudio I. y Jorge O, empresario y agentes de bolsa respectivamente, investigadas por el Juzgado Federal N°4, a cargo de Bailaque.
Las dos personas habían sido denunciadas por lavado de activos y evasión impositiva a partir de una denuncia anónima que ingresó a la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip, hoy ARCA), a las 12.55 del 14 de agosto de 2019, pero que llamativamente, según indicó Argibay Molina, había sido radicada antes en el juzgado, a las 12.35.
En esa trama, el fiscal destacó “la intensidad de las medidas” ordenadas por el juez en el inicio de la investigación, que incluyeron allanamientos contra las dos personas denunciadas, pero sin dar intervención a la fiscalía. En ese sentido, remarcó que al mismo tiempo se pudo verificar, a partir de una extracción forense, “una curiosa relación” entre Carlos V., exdirector de Afip en Santa Fe, y el juez.
Al graficar ese vínculo, Argibay Molina, citó textualmente varias conversaciones entre Carlos V. y otras personas donde daba cuenta de la cercanía con el magistrado. Incluso, una que mantuvo con el juez el mismo día de los allanamientos a los denunciados. El titular de la Procelac Rosario recordó que la investigación prosiguió en 2020 y 2021, hasta que las dos personas fueron convocadas a indagatoria, aunque finalmente se solicitó el sobreseimiento en 2024.
Cuando se notificó al Ministerio Público Fiscal, este reasumió la investigación y advirtió las aparentes irregularidades, como los períodos donde la causa estuvo paralizada a niveles escandalosos, lo que “revela una grosera negligencia”, alertó Argibay Molina.
Tras la exposición, solicitó que se autorice al MPF para requerir comunicaciones registradas en el servicio de mensajería interno del Poder Judicial de la Nación, que se proceda al levantamiento de los secretos fiscal, bancario y bursátil respecto de los investigados; que se autorice el registro, apertura y examen de los elementos electrónicos secuestrados en el marco del caso.
En el tramo final de la audiencia, el abogado defensor del exagente de la Afip, Paul Krupnik, solicitó el apartamiento del juez Rodrigues Da Cruz ante su posible parcialidad ya que, según argumentó, participó del tribunal oral que juzgó a Alvarado por lavado de activos.
Tras estas exposiciones, Rodrigues Da Cruz pasó a un cuarto intermedio. Al retomar la audiencia, informó a las partes que, luego de una profunda evaluación de su participación en el debate que mencionó el defensor, y tras citar normativa y jurisprudencia, no había hallado elementos para apartarse como juez de garantías del procedimiento.
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