El juez federal Marcelo Bailaqu comenzó a ser acusado este miércoles por fiscales federales en tres causas en las que es sospechoso de haber cometido distintos delitos desde su cargo. Le imputan el mal manejo de fondos de la cooperativa portuaria de San Lorenzo y Puerto San Martín, irregularidades en investigaciones al narco Esteban Alvarado que estaban a su cargo y el armado de una causa, con fines extorsivos, contra un empresario rosarino. Uno de los fiscales pidió la prisión preventiva. Hay cuarto intermedio y la audiencia continuará luego de las 15.
La audiencia inició este miércoles en los Tribunales Federales de Oroño al 900 un día después de que la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó más medidas de investigación por los tres expedientes abiertos por los delitos que le atribuyeron. Los fiscales leyeron las acusaciones, entre ellas algunas muy pesadas que lo responsabilizan por negarse a intervenir teléfonos de personas allegadas a Esteban Lindor Alvarado, hoy preso con prisión perpetua por homicidios y narcotráfico.
Los fiscales que presentaron las imputaciones son Federico Reynares Solari, Matías Scilabra de la Procuraduría de Narcocriminalidad y Juan Argibay Molina de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). El titular de esta área, Diego Velasco, solicitó al juez de garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz la prisión preventiva para Bailaque.
El magistrado tiene inmunidad de arresto, por lo que el fiscal Velasco elevó el pedido al Consejo de la Magistratura de la Nación para que tome avance en la investigación sobre el desempeño de Bailaque. El proceso podría derivar en una suspención o juicio político que cambiaría la situación del juez.
Bailaque y Alvarado
Tal vez la principal acusación al juez es la que tiene que ver con sus irregularidades en la causa que debía investigar al narco Esteban Alvarado. El fiscal Matías Scilabra describió que en el año 2014 el magistrado rechazó el pedido de intervención a líneas telefónicas de personas llegadas al narco que luego fueron sindicados como parte de la organización.
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Entre ellos el fiscal mencionó a la pareja de Alvarado, Rosa Capuano, a su socio Jorge Benegas y a Daniela Ungaro, ex pareja de Luis Medina, otro socio asesinado en un hecho impune. En ese marco el fiscal Diego Iglesias, también de la Procunar, detalló que para entonces Bailaque era el único juez al tanto de las investigaciones contra Alvarado.
También se abordó el hecho de que Alvarado y Bailaque compartieran contador. Se trata de Gabriel Mizzau, con quien el magistrado tiene una amistad comprobada por la Justicia. Ese punto en común también es uno de los aspectos relevantes en investigaciones por maniobras económicas ilícitas de parte de Alvarado.
Los fondos de la cooperativa
Otro de los puntos abordados en la imputación es el manejo de los fondos de la cooperativa de estibadores de Puerto General San Martín y San Lorenzo. Un expediente en el que se apunta a Bailaque como quien permitió el giro de mil millones de pesos hacia una mutual que tiene como titular al empresario Fernando Whpei, otro amigo del juez.
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Esa maniobra debía hacerse hacia una entidad regulada por el Banco Central. Motivo por el cual el fiscal Reynares Solari le atribuyó a Bailaque no haber dado lugar a una recusación en su contra presentada por estibadores que aseguraban que la maniobra estaba dirigida a beneficiar a su amigo empresario.
“En la investigación pudimos comprobar que Bailaque viajó a Chile en abril de este año con Whpei. Claramente es amigo hasta el día de hoy, por otra parte el juez dijo en su momento que nunca negó ser amigo de Whpei ante requisitorias de otros jueces, una avivada judicial ya que sostuvo que hasta ese momento nadie se lo había preguntado", sostuvo el fiscal en su momento.
Una causa armada
Otro de los casos desarrollados en la audiencia fue la maniobra que expuso el fiscal Argibay Molina sobre el presunto armado de una causa en el que Bailaque estuvo involucrado junto a su secretario Gustavo Guazzaroni para perjudicar al empresario Claudio Iglesias. A esta persona, en 2019, se le inició una causa a partir de una denuncia anónima hecha en el Juzgado de Bailaque y que luego llegó a la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).
En esa misma causa quedó comprometido el ex director de Afip en Rosario, Carlos Andrés Vaudagna, quien recientemente declaró en carácter de arrepentido. En ese marco confirmó que junto a Bailaque habían armado la causa para perjudicar al empresario bursátil.
En la misma declaración Vaudagna comprometió al amigo de Bailaque, Fernando Whpei, a quien sumó como parte de la maniobra extorsiva. Luego de esa confesión la Justicia federal ordenó allanar domicilios relacionados al empresario.
