Una mujer fue detenida el viernes a la noche sospechada de cometer varias estafas con viviendas sociales de la zona sudoeste de Rosario, las que ofrecía mediante engaños a conocidos a cambio del desembolso de dinero en cuotas. La apresada es docente y decía que en nombre de un gremio era la encargada de redistribuir casas cuyos adjudicatarios originales habían dejado de pagarlas. Las víctimas creían tanto en ella que una persona sacó un crédito y hasta vendió su auto con la esperanza de tener el techo propio. Según la pesquisa, la timadora desplegaba el ardid desde fines de 2017, incluso en la escuela donde trabajaba. Hoy será imputada.
A partir de la denuncia de al menos tres vecinos, el fiscal Mariano Ríos Artacho ordenó una serie de medidas a cargo de los organismos de la Policía de Investigaciones (PDI) que desembocaron en el allanamiento a una vivienda particular y la detención de Claudia P. sospechada de pergeñar las estafas.
Según fuentes policiales y judiciales, el ardid consistía en contactar a personas interesadas en adquirir viviendas a las que les prometía la adjudicación de las mismas previo desembolsos de dinero, el que iba documentando en formularios apócrifos. Se trata de casas ubicadas en la zona de bulevar Seguí y Avellaneda, y Callao y Avellaneda.
Primero fueron dos los damnificados que se presentaron en la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA) donde advirtieron que había sido estafados por unos 150.000 pesos, vecinos de escasos recursos que incluso sacaron prestamos y vendieron bienes para hacer frente a los pagos ilusionados con el sueño de la casa propia.
De acuerdo a las evidencias, la sospechosa era conocida de las víctimas y operaba sobre una base de confianza. Aseguraba que las casas pertenecían a personas que habían entrado en mora, que estaban en proceso de desalojo porque no habían abonado las cuotas, y los inmuebles serían readjudicados.
La mujer ostenta un cargo docente en una escuela de zona oeste (donde además realizó otro tipo de estafas con tarjetas sociales), decía que integraba el gremio de Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) y que su rol era gestionar la redistribución de las viviendas sociales en nombre del Estado provincial.
Desde el MPA indicaron que la mujer fue detenida tras un allanamiento en su domicilio particular, donde además la PDI secuestró objetos de interés para la causa como teléfonos celulares, computadoras, tablets, netbooks y formularios donde la acusada asentaba los pagos de las operaciones que realizaba.
"Además de elementos aportados por las víctimas hay evidencias, como mensajes telefónicos que dan cuenta de las maniobras", indicó una fuente cercana a la investigación. Si bien no se avanzó en ese sentido, habría otras dos personas comprometidas. La mujer será imputada hoy, a las 10, en el Centro de Justicia Penal (CJP).
