A Diego Germán Romero dos personas en moto le encajaron cinco disparos en la puerta de su casa el sábado a la noche. Aunque no pueda saberse quienes están detrás del ataque una cosa es innegable: fue el testigo que incriminó en 2013 a integrantes luego condenados de la llamada banda de Los Monos, con detalle de nombres y roles de esas personas. Al ser citado para refrendar sus dichos al juicio oral en diciembre pasado no se presentó. Lo llevaron con la fuerza pública a la sala de audiencia el 10 de febrero y en la antesala de su turno les dijo a los empleados del tribunal: "Por venir a declarar acá me van a matar". Unos minutos después, ante los acusados, negó su declaración inicial.
Al fundamentar las condenas dictadas contra Los Monos los jueces Ismael Manfrín, Marisol Usandizaga y María Isabel Más Varela se detuvieron en la actitud de Romero en el juicio. Para el tribunal, cambió su testimonio "por temor a represalias, temor que aparece justificado".
No se sabe quién lo mató, pero seis meses después de comparecer está muerto. Es una situación que en la provincia se reitera. Desde 2014 a esta fecha hubo cinco testigos en causas judiciales que resultaron asesinados. A veces quienes son testigos resultan atacados no en función de la causa en la cual brindaron testimonio. Pero solo en los pocos casos que se esclarecen tal cosa puede saberse.
Actualmente en la provincia de Santa Fe hay 500 personas bajo diferentes niveles de custodia permanente. El número se mantiene desde el año pasado entre los cuidados que prestan las Unidades Regionales de policía más la Unidad de Protección de Testigos creada por ley en 2015. Esta última resguardaba hasta ayer a 79 personas en Rosario y 94 en Santa Fe. Del total de personas protegidas el 60 por ciento residen en Rosario y el 40 por ciento en Santa Fe.
En Rosario hubo varios casos de personas amenazadas o bajo peligro objetivo a las que les quitaron la vida. Norma Bustos, de 53 años, fue asesinada de tres tiros en su casa de barrio Tablada en noviembre de 2014. Un años antes habían matado a su hijo, Lucas Espina, y ella había señalado a los hermanos Milton y José Damario, luego condenados. Otro caso en diciembre de 2016 fue la balacera a la casa de Brisa Ojeda, una joven que había sido testigo del crimen de Jonathan Rosales y debía asistir a una rueda de reconocimiento en Tribunales. Según el fiscal del caso, si bien el ataque era contra ella quien atendió la puerta fue su hermana Lorena, que resultó baleada y murió al mes siguiente. Este caso es controvertido porque el abogado Marcos Cella está imputado como partícipe del crimen y además porque el Ministerio Público de la Acusación (MPA) tenía escuchas que hacían referencia a algún tipo de ataque en preparación y eso no evitó el letal final de Ojeda.
Ocurrió también con Oscar Alberto Aguirre, a quien mataron tras declarar como testigo en la causa del asesinato de Diego Demarre, por cuyo crimen fueron condenados cinco integrantes de Los Monos, entre ellos Ariel "Guille" Cantero y Ramón "Monchi" Machuca.
En julio de 2017 fue asesinado el policía Pablo Cejas, que había denunciado a sus superiores por pactar con vendedores de droga en la ciudad de Santa Fe y por eso estuvo en una variante de baja seguridad como testigo protegido, ya que él mismo declinó la de máxima. Aunque en este caso las investigaciones se orientan a que su final tuvo que ver, según el fiscal de la causa, con conflictos por delitos en los que el propio Cejas estaba implicado.
Estos homicidios son significativos en un momento en el que muchos temas de violencia se dirimen con lo que aporten los testigos en los juicios orales, en los que quedan cara a cara frente a los acusados, lo que supone una exposición alta. Es así que personas llamadas a incriminar a acusados que los conocen desertan, se quejan o se retractan de sus dichos iniciales.
Zona de miedo
En recientes juicios las declaraciones incriminatorias de testigos les son leídas frente a los imputados mirándolos desde corta distancia. Después deben retornar a sus domicilios que en la mayoría de los casos están en la misma zona de los imputados y son conocidos por sus entornos. Fue lo que pasó con Diego Germán Romero hace seis meses.
El mecanismo de protección abarca una cobertura de amplitud. Hay casos que no tienen que ver con testigos de criminalidad organizada pero con víctimas vulnerables como situaciones de violencia de género. Otros sí son personas protegidas como testigos de causas complejas. La protección impone que la persona a cuidar brinde su consentimiento para ingresar pero que luego cumpla las reglas del programa. De acuerdo a fiscales consultados se producen dos niveles de problemas. Uno es que hay personas que ingresan pero desatienden las propias reglas fijadas porque estas suponen ciertas restricciones a la libertad de movimientos que pueden resultar molestas. El otro nivel de problema está en los déficit de la conducción de un programa que al ser de reciente creación tiene problemas de implementación.
El programa implica tres días de evaluación para quien pide el resguardo lo que define el tipo de custodia que se va a brindar. Son los fiscales que valoran los tipos de protección conveniente y proponen la adecuada. El sometimiento a las reglas para cumplir con la custodia puede ser arduo. El testigo puede ser sacado del lugar de trabajo y hasta de la ciudad. Los casos más severos implican la relocalización definitiva del testigo y la sustitución de identidad. El Estado debe asegurar inmuebles, a veces fuera de Santa Fe, para trasladarlo, generar su modo de sustento, a veces del núcleo familiar íntegro del protegido, proporcionar apoyo psicológico y realizar visitas.
