El aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el gobierno nacional el 20 de marzo ante el avance del coronavirus parece haber habilitado a la policía provincial a implementar un perverso sistema para hacer cumplir el distanciamiento y confinamiento de los santafesinos. Así al menos se desprende de un informe elaborado por el subsecretario de Control Institucional del Ministerio de Seguridad, Diego Rodríguez, y por el cúmulo de denuncias que en las fiscalías regionales se fueron acumulando. Malos tratos, inacción, exacciones ilegales, apremios, amenazas y hasta robos han sido denunciados por habitantes de la provincia víctimas del mal accionar policial.
"Observamos que durante la cuarentena no hubo impedimento alguno para que la policía realice un despliegue violento en algunos territorios y barrios humildes contra distintas personas y por el sólo hecho de estar en la calle", dijo a La Capital Guillermo Campana, referente de la organización popular Causa que desde 2003 trabaja en distintos sectores de la ciudad en defensa de los derechos de pibes y pibas de sectores vulnerables. Y agregó: "La violencia desplegada por los policías ante algunas situaciones fue totalmente desproporcionada a la infracción que se estaba cometiendo, sin tener en cuenta que los territorios donde actuaban son lugares donde las viviendas a veces no tienen espacios para quedarse encerrado o que las víctimas son trabajadores informales que viven el día a día y que necesitaban salir a la calle para poder comer".
En ese marco Campana acompañó el viernes pasado a una de las víctimas de ese violento accionar policial a ampliar su denuncia ante el fiscal de la Unidad de Violencia Institucional Gonzalo Fernández Bussy. El hecho ocurrió la tarde del 29 de mayo en una canchita de Casiano Casas y Larrechea. Allí, una veintena de muchachos disputaba un picado cuando un móvil policial pasó y con su sirena intentó dispersar a los jugadores. Sin embargo, tras el paso de la patrulla, los muchachos siguieron jugando. Entonces aparecieron "más de 20 móviles y los policías empezaron a perseguir a todas las personas que se encontraban en la vía pública disparando postas de goma y ejerciendo una excesiva violencia", dice la denuncia a la que tuvo acceso este diario.
"Algunos policías intentaron ingresar a domicilios sin órdenes de allanamientos, siguieron disparando balas de goma y de plomo y golpearon e insultaron a varios vecinos", agrega la denuncia. Como consecuencia de ese despliegue un joven de 26 años, su madre, un hermano y un menor fueron detenidos.
"A mí un efectivo me propinó un golpe de puño en el rostro que me ocasionó la fractura de la nariz y un hematoma en el ojo derecho. Tan fuerte fue la piña que el mismo policía se lesionó su mano al impactar contra mi rostro, lo que generó que me intentaran endilgar el delito de lesiones", denunció Damián, uno de los apresados que no pudo escapar por tener una deformación congénita en un pie. Su hermano, en tanto, "recibió golpes en todo el cuerpo que le provocaron un corte en la boca y varios hematomas, principalmente en los brazos".
A partir de ese momento, los detenidos vivieron una saga de malos tratos y vejámenes por parte de los uniformados. Mientras a Damián lo pasaron de un móvil a otro, a las otras tres personas las llevaron a la seccional 10ª donde su hermano "fue golpeado entre varios en la espalda mientras estaba esposado". En esa comisaría, dice la denuncia, "se incrementaron las hostilidades" y obligaron a desnudarse a los cuatro detenidos, a quienes encerraron en un calabozo sin mobiliario.
Amenazados
Horas más tarde Damián fue llevado por los propios policías al Hospital Alberdi tras ser obligado a salir de la seccional bajo un puente de uniformados que lo siguieron golpeando y lo hicieron "abrir tres puertas con la cabeza". Ya en el móvil fue amenazado para que no dijera a los médicos cómo se habían producido las lesiones que presentaba. Tras las curaciones de rigor fue llevado otra vez a la comisaría 10ª donde una vez más "lo desnudaron y lo esposaron en una actitud degradante y vejatoria" de la que participaron efectivos de esa seccional y del Comando Radioeléctrico.
Los cuatro apresado fueron siendo liberados de a poco tras firmar un acta que no les dejaron leer. Damián fue el último en salir, ya entrada la madrugada del 30 de mayo, y debió volver al hospital para atenderse de los golpes que había recibido.
En ese sentido, Campana dijo que "en ningún momento los policías se comunicaron con el fiscal en turno o con el Servicio Público de la Defensa Penal, ni tampoco les ofrecieron a los apresados comunicarse con un abogado" y les iniciaron causas por delitos vinculados a la infracción del aislamiento social y obligatorio, resistencia a la autoridad y lesiones graves. En ese marco, el 1º de junio se hizo la denuncia ante la Delegación Zona Sur de la Unidad Especial de Asuntos Internos de la policía para dejar asentado todo lo ocurrido.
Informe oficial
Lo que pasó en el barrio Casiano Casas no fue un hecho aislado. Campana recordó que el Servicio Público de la Defensa Penal presentó en los primeros días de mayo un hábeas corpus "por la gente que vive en situación de calle y que sufrió cantidad de maltratos por parte de la policía por no poder cumplir con la cuarentena, a tal punto que un chico fue detenido cuatro veces en una semana y no por cometer una infracción al aislamiento social sino por una situación de vida antecedente al decreto que lo dispuso".
"Nosotros entendemos que este tipo de práctica policial supera ampliamente la época de cuarentena. Son acciones habituales de los uniformados que se viven en los barrios populares y contra jóvenes vulnerables. Hablamos de abusos, malos tratos, golpes, vejámenes que no se registran en actas o libros de las seccionales", agregó Campana.
Y lo que dice Campana se ve claramente reflejado en el informe realizado por el subsecretario de Control Institucional del Ministerio de Seguridad que sostiene que desde el 20 de marzo y hasta el 26 de mayo pasado hubo en todo el territorio provincial 201 reportes de santafesinos que sufrieron distintos abusos de parte de la policía cuando sólo debieron ser controlados por estar en la calle violando la cuarentena.
En ese sentido, el informe se refiere a inacción policial, incumplimiento de los deberes, malos tratos, apremios, amenazas y sustracción de dinero o elementos personales (ver infografía). De esas denuncias, 100 se registraron en el ámbito de la Unidad Regional II de Rosario.
Entre los casos que menciona el informe oficial está el que sufrieron el 25 de abril tres jóvenes de nacionalidad peruana que tienen una verdulería y que fueron sorprendidos por policías del Comando Radioeléctrico y la Motorizada cuando uno de ellos arrojaba residuos en un contenedor.
Según denunciaron sus familiares, los tres hombres "fueron golpeados" sin motivo alguno por el sólo hecho de estar en la calle, lo que está bajo investigación fiscal
